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Biministro Daniel Mas sobre Ley de Patentes Mineras: “Pretendemos que la inversión llegue lo antes posible cumpliendo todas las normativas medioambientales”

  • El primer proyecto de ley minero del Gobierno del presidente José Antonio Kast busca simplificar el régimen de patentes y reactivar la inversión, especialmente en la pequeña y mediana minería. La iniciativa se enmarca en una estrategia que combina agenda legislativa proinversión con señales políticas de respaldo al sector, en un momento que el ministro define como clave para la Región de Atacama.

La visita del presidente José Antonio Kast a la Región de Atacama en mayo marcó el inicio de la agenda minera del Gobierno. En la gira, el Mandatario anunció inversiones por más de US$ 1.600 millones y presentó la nueva Ley de Desalinización y el proyecto de Ley de Patentes Mineras junto al biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas.

En su recorrido por Copiapó, Mas afirmó a Diario Chañarcillo que “la región de Atacama se encuentra un momento único” y que la prioridad es “aprovechar el desarrollo para que este crecimiento se quede, genere desarrollo y le cambie la calidad de vida a todos sus habitantes”.

Ahora, la iniciativa legal ya ingresó al Congreso y busca eliminar requisitos administrativos como el tope máximo de 500 hectárea, parentesco y tipos societarios, reducir cargas burocráticas y ampliar los beneficios de patente rebajada para pequeños mineros y mineros artesanales, modificando disposiciones del Código de Minería y otras normas asociadas.

“El proyecto apunta precisamente a entregar mayor certeza, eliminar trabas y facilitar el desarrollo de proyectos, especialmente para los pequeños y medianos productores”, explica Mas por teléfono, desde Santiago. A su juicio, se trata de una demanda histórica del sector, particularmente relevante en Atacama, que concentra la gran mayoría de pequeña y mediana minería a nivel nacional.

La propuesta se inserta en una agenda más amplia que incluye la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, conocida como “Ley de Permisología”, y la implementación de la nueva Ley de Desalinización, que entrará en vigencia en 2027. Según la autoridad, este conjunto de medidas busca acortar los tiempos de tramitación y entregar mayor seguridad para la inversión y el desarrollo de proyectos.

“La minería necesita agua, permisos ambientales y certeza jurídica por tratarse de inversiones de largo plazo. Si a esto sumamos la implementación de la Ley de Permisología, podemos asegurar una disminución en los plazos de aprobación. Son noticias que van en la línea de ser un ‘Estado facilitador’ y tratar de generar empleo para cambiarle la vida a la gente de Atacama”, afirma.

Datos recientes muestran que Atacama capta apenas un 8% de la inversión que ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), mientras que Antofagasta concentra más del 90% de la inversión. En ese escenario, y con los proyectos de ley en cuestión, el Gobierno busca acelerar proyectos en cartera y mejorar la competitividad regional.

“Hemos estado con muchos inversionistas que tienen muchas ganas de invertir en yacimientos de oro y cobre en Atacama. Con las medidas que estamos anunciando pretendemos que esa inversión llegue lo antes posible, cumpliendo siempre todas las normativas medioambientales”, sostiene Mas, en referencia a iniciativas como Lobo-Marte o la expansión de La Coipa.

Daniel Mas Valdés, biministro de Minería y Economía, Fomento y Turismo.

A nivel sectorial, otro de los focos está puesto en la recuperación productiva de Codelco. Tras la designación de Bernardo Fontaine como presidente del directorio, el ministro de Minería indica que el desafío es “tomar el control” de la estatal: “El Presidente se hizo cargo de nombrar un directorio compuesto por cuatro integrantes, tres del mundo privado y uno de los sindicatos. Lo que se ha pedido es retomar una operación con mucha seguridad, productividad y contención de costos, y terminar la implementación de los proyectos estratégicos para recuperar los niveles de producción que la estatal tuvo hace algunos años”.

La región también enfrenta el desafío de absorber un eventual aumento en la actividad económica, lo que implica avanzar en infraestructura crítica. Iniciativas como el Corredor Bioceánico, reforzado en ATACALAR 2026 y la pavimentación hacia el Paso San Francisco y Pircas Negras, han sido planteadas como acciones urgentes por los gobiernos regionales.

En ese sentido, Mas aseguró que existe un rol de coordinación con el Ministerio de Obras Públicas para acelerar inversiones habilitantes. “Si queremos potenciar la relación con Argentina y la minería en Atacama, debemos coordinar que inversiones en agua, infraestructura, puertos y energía lleguen a tiempo”, señala.

En relación al empleo, pese a las expectativas de crecimiento la región registra una tasa de desocupación cercana al 7,8%, contrario al discurso de reactivación económica. Al respecto, Mas dice que “tenemos que asegurarnos de que la región sea capaz de captar esas nuevas fuentes de trabajo y que, ojalá, esos trabajadores vivan y se desarrollen en la región”, y advirtió que uno de los desafíos es evitar que este nuevo ciclo repita patrones de inversión anteriores donde los beneficios no se consolidaron localmente.

A su vez, el Ejecutivo impulsa una estrategia de diversificación productiva, con énfasis en turismo. Un programa FNDR superior a los $4.600 millones busca posicionar a Atacama como destino nacional e internacional, en áreas como astroturismo, naturaleza y patrimonio. Surge, así, una de las principales preocupaciones para el desarrollo local: cómo compatibilizar el crecimiento minero con la protección de activos como los “cielos oscuros”.

“Tenemos la convicción de que el desarrollo productivo puede convivir perfectamente con la sostenibilidad. El turismo en Atacama tiene toda la potencialidad, pero debemos generar rutas y mayor capacidad de alojamiento para captar a esos turistas y que se queden más días en la región”, concluye el biministro de Economía y Minería.