Vocero de trabajadores en paro de la Corporación de Asistencia Judicial: “Pedimos que se cumpla con el protocolo acordado en 2023 sobre homologación de remuneraciones”
(Por Rodrigo Ferrada).- La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), organismo público encargado de brindar asistencia jurídica a quienes no tienen recursos para contratar un abogado particular, se encuentra actualmente movilizada, en paro total, en virtud de una serie de demandas que se plantean a la autoridad, para, según dicen, el mejoramiento de las condiciones de trabajo en la institución, para poder así brindar un servicio adecuado a sus usuarios.
Entre las principales demandas se encuentran la homologación de remuneraciones para funcionarios que realizan iguales tareas, pero con diferentes ingresos, mayor dotación para palear la sobrecarga laboral, y más disposición a la contratación de reemplazos en caso de ausencia por enfermedad de algún trabajador del órgano, entre otras problemáticas a resolver.
Al respecto, hablamos con Francisco Gómez, Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial y Vocero regional de los funcionarios de la CAJ:
P: En primer lugar, cuéntenos, para explicar a nuestros seguidores, ¿Qué es la Corporación de Asistencia Judicial?, ¿cuál es su rol y cuáles son los principales programas que tiene a disposición de la ciudadanía la CAJ?
R: “La Corporación de Asistencia Judicial tiene como rol principal, el poder entregar la asesoría, o lo que se denomina técnicamente el “patrocinio” de un abogado, para la defensa de las personas en juicio en aquellos casos que no tengan los medios económicos para contratar un profesional en forma particular. Con esto se da realidad a lo que se denomina “Acceso a la Justicia”, ya que las personas sin tener un límite de capacidad económica puden tener acceso a los tribunales de justicia, lo que va acompañado también del acompañamiento y asesoría, de profesionales no sólo del derecho, sino que también del área social, psicológica, entre otras. Por eso la Corporación entrega cobertura en varias competencias y materias distintas a través de diferentes programas, los más conocidos son los centros de atención jurídica y social, que entrega asesoría en materias como derecho de familia, también temas civiles y la representación que implica también ante los tribunales superiores de justicia como la Corte de Apelaciones. Existen líneas de trabajo en mediación, en materia de infancia, como los programas “La Niñez y la Adolescencia se Defienden” y el programa “Mi Abogado”.
P: ¿Cuáles son las principales demandas que tienen ustedes y las necesidades más importantes que necesitan solucionar?
R: “Nuestros principales problemas tienen que ver con condiciones de trabajo, en diferentes aristas, carga laboral, que tiene distintas expresiones, como falta de dotación profesional, o personal con muy pocas horas de contratación, colegas que tenemos contratados por media jornada, por ejemplo, y terminan haciéndolo jornada completa, la falta de compensación de horas de sobre tiempo, y esto redunda en un agotamiento de los profesionales a la hora de poder entregar el servicio que nos corresponde. Esas problemáticas nos llevan a poder levantar ciertas demandas. Otra problemática que es transversal a las 4 corporaciones que existen en Chile, tiene que ver con las remuneraciones, que habiendo trabajadores que hacemos iguales funciones tenemos remuneraciones distintas, hay casos que son graves, con diferencias bastante abismales que no tienen ningún tipo de explicación, por eso hemos levantado como una de nuestras demandas la homologación de remuneraciones, es decir, a igual función, igual ingreso”.
P: “No aceptaremos acuerdos ilegítimos”, fue lo que dijeron ustedes en un reciente comunicado, en relación a las negociaciones entre el Ministerio y la Federación Nacional de Acceso a la Justicia, ¿A que alude esta frase?
R: “Lo que sucede es que en las movilizaciones siempre se pueden ver algunas dificultades, particularmente entre lo que está ocurriendo a nivel de los trabajadores movilizados, y quienes ejercen nuestra representación ante nuestra autoridad y empleador, y poder llegar a acuerdos. Eso se produce por lo vertiginosas que son estas cosas, al mismo tiempo que hay una marcha puede haber una mesa de conversación, en ese contexto, a veces ocurren desentendidos, en cuanto a que cuando los dirigentes piensan que todo está fluyendo bien, que hay canales de comunicación bien establecidos con las bases, en verdad no ocurre de esa manera, situación que ocurrió en Atacama, donde nos enteramos que había una suerte de “pre-acuerdo” entre la Federación, los dirigentes nacionales, y el Ministerio de Justicia, del cuál no habíamos sido consultados y estábamos profundamente en desacuerdo, ya que no satisface en nada el propósito de la movilización, por eso lanzamos ese comunicado, es para hacer un llamado de atención a nuestros dirigentes, queremos que se nos consulte, antes de llegar a acuerdos con el Ministerio, y por otra parte, ojo también a la autoridad, si se están llegando a acuerdos que no hemos validado, estos no van a ser legítimos, ese es el contexto, y los dirigentes acogieron el llamado”.
P: ¿Y cuál es el estado actual de las conversaciones, se vislumbran avances que pongan fin al paro?
R: “La última comunicación que recibimos de los dirigentes nacionales, es que habría avances en algunos puntos del petitorio, que se van a a transmitir a las bases para poder votar sobre esos puntos, pero el que sigue siendo crítico, es el de la homologación de remuneraciones, eso es más complejo, tampoco es una decisión que depende únicamente del Ministerio de Justicia, requiere también coordinación con Hacienda, ver la disponibilidad de recursos, probablemente sea algo que se solucione a largo plazo, pero lo que pedimos es que se cumplan los plazos que fueron pactados en un protocolo alcanzando el 2023, que aún no se ha cumplido”.