Suprema rechaza solicitud de Abbott y mantiene a fiscal Emiliano Arias en el Ministerio Público

El Pleno de la Corte Suprema decidió hoy rechazar la solicitud de remoción presentada por el persecutor nacional, Jorge Abbott, respecto al regional de O’Higgins, Emiliano Arias, por lo que él consideró un «mal comportamiento y negligencia manifiesta». Según fuentes del Poder Judicial, la votación se llevó a cabo por 11 votos, contra tres.                                                            

De haberse acogido, Arias se habría convertido en el segundo regional en partir, bajo dichas circunstancias, del Ministerio Público. La primera fue la persecutora de La Aruacanía, Esmirna Vidal, quien salió de la fiscalía en 2005 tras ser acusada por el entonces nacional, Guillermo Piedrabuena, también por negligencia manifiesta, pero en el marco de la investigación al ex senador Jorge Lavandero por abuso sexual a menores.                                                                     
El caso de Arias partió luego que en abril del año pasado el persecutor adjunto de Rancagua, Sergio Moya –hoy también suspendido por otra causa-, acusara una serie de irregularidades por parte de su superior jerárquico.                                                                       
Alguna de ellas ligadas a violación de secreto, trato preferente con abogados y tráfico de influencias. Abbott ordenó la apertura de una investigación interna, donde se terminaron descartando estas últimas dos situaciones, pero confirmando otras. Por ello, el nacional decidió imponerle a Arias la máxima sanción contemplada para un miembro del ente persecutor, consistente en la suspensión del ejercicio del cargo por un plazo de dos meses con un goce de media remuneración, la cual terminó extendiendo a la fecha.   

Así también, solicitó a la Suprema iniciar el proceso de remoción por 12 cargos, entre ellos la reiteración de conductas alejadas de la normativa institucional y la filtración de información confidencial. Arias, por su parte, las negó todas. Presentó sus descargos y aseguró, dentro de otros argumentos, que los persecutores regionales no tienen responsabilidades políticas, y que se le busca expulsar por hechos prescritos o que ni siquiera dieron origen a investigaciones disciplinarias.