Proyecto Playa Verde avanza tras fallo ambiental y apunta a iniciar operaciones en 2028 con una inversión cercana a los US$100 millones
POR:PAULA CARMONA CABRERA
El proyecto Playa Verde, impulsado por Minera Playa Verde SpA, filial de la empresa británica Halo Minerals PLC, dio un importante paso para su desarrollo luego de que el Primer Tribunal Ambiental rechazara en todas sus partes la reclamación presentada por un vecino de Chañaral en contra de la resolución del Comité de Ministros que calificó favorablemente la iniciativa.
La decisión judicial ratifica la legalidad del proceso de evaluación ambiental y permite a la compañía continuar con la obtención de los permisos sectoriales necesarios para concretar una inversión cercana a los 100 millones de dólares, con el objetivo de iniciar sus operaciones durante 2028.
A diferencia de una explotación minera convencional, Playa Verde no contempla la apertura de un nuevo yacimiento mediante un rajo o una mina subterránea. Su propósito consiste en reprocesar las arenas mineralizadas acumuladas durante décadas en Playa Grande, en la comuna de Chañaral, provenientes de antiguos relaves de las operaciones de Potrerillos y El Salvador.
Estas arenas contienen cobre, oro y diversos metales pesados, entre ellos arsénico, por lo que la iniciativa busca recuperar esos minerales y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones ambientales del sector.
El proceso permitirá producir cátodos de cobre y concentrados de cobre y oro. Posteriormente, las arenas serán devueltas a la playa con una menor concentración de cobre, arsénico y otros metales pesados, transformando el área en un espacio con mejores condiciones ambientales y recreacionales.
«Es un proyecto distinto. No requiere explotar una mina, sino reprocesar una playa formada por antiguos relaves que hoy no tiene un uso efectivo y que durante años ha sido considerada una de las zonas con mayor contaminación minera de Latinoamérica. Cualquier proceso que limpie esas arenas representa un beneficio para Chañaral y para Chile», explicó Erick Pegot-Ogier, representante comercial del proyecto.
Pegot-Ogier detalló que Halo Minerals ingresó formalmente al proyecto en marzo de 2025, tras adquirir las acciones y derechos de Copper Bay y Minera Playa Verde, empresas titulares de las concesiones y permisos.
Posteriormente, la empresa obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental favorable y logró levantar capital mediante una exitosa emisión de acciones en el mercado secundario de Londres, realizada el 31 de marzo de 2026.
Con ese financiamiento comenzó una nueva etapa enfocada en la obtención de permisos específicos, optimización del diseño de la planta, actualización tecnológica, estudios ambientales complementarios y fortalecimiento del trabajo con la comunidad.
«Conseguir la calificación ambiental no significa que el proyecto pueda comenzar inmediatamente. Ahora estamos en la etapa de permisos sectoriales, permisos marítimos, optimización del proceso, contratación de especialistas ambientales y sociales, porque queremos desarrollar una remediación responsable y hacer las cosas correctamente», señaló.
El proyecto tendrá una vida útil estimada de siete años, período durante el cual se realizará el procesamiento de las arenas y posteriormente el cierre de las operaciones.
La empresa estima que la iniciativa generará una importante cantidad de empleos, priorizando la contratación de mano de obra local y la adquisición de bienes y servicios en la comuna de Chañaral y en la Región de Atacama.
«Nuestro objetivo es que todo el trabajo que sea posible sea desarrollado por personas de la región y que las compras también sean locales, de manera que exista un verdadero desarrollo económico para Chañaral», afirmó Pegot-Ogier.
El abogado Andrés Sáez, «socio de Moreno, Sáez y Avilés, estudio que asesora legalmente al proyecto» ,explicó que la sentencia del Primer Tribunal Ambiental confirmó que el permiso ambiental fue otorgado conforme a la normativa vigente.
Según indicó, el proceso de evaluación contempló participación ciudadana, instancia en la que se recibieron tanto observaciones críticas como múltiples respaldos de organizaciones y vecinos.
«El permiso fue otorgado correctamente y de manera muy robusta. El tribunal fue categórico al señalar que dos de las tres observaciones planteadas por el reclamante no podían ser revisadas en esa instancia y, además, valoró el compromiso asumido por la compañía de dejar la playa en mejores condiciones ambientales», sostuvo.
Añadió que la resolución constituye un precedente relevante para la jurisprudencia ambiental chilena, ya que aborda por primera vez determinados criterios jurídicos relacionados con reclamaciones ciudadanas dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Pese al resultado favorable del proceso judicial, desde Halo Minerals reconocen que el trabajo con la comunidad seguirá siendo una prioridad.
Pegot-Ogier explicó que, aunque han intentado establecer un diálogo con el vecino que presentó la reclamación, hasta ahora no ha sido posible concretarlo.
«No entendemos completamente las razones de su oposición, pero mantenemos toda la disposición para conversar. Queremos escuchar las inquietudes, aclarar dudas y demostrar que nuestra intención es desarrollar un proyecto que beneficie tanto a la comunidad como al medio ambiente», señaló.
En paralelo, la empresa contrató una consultora especializada para actualizar el mapa de actores sociales de Chañaral, identificar a los principales representantes comunitarios y fortalecer el proceso de relacionamiento territorial.
«La idea es conocer las preocupaciones de la comunidad y, en la medida de lo posible, adecuar el proyecto para responder a esas inquietudes. El componente social es tan importante como el ambiental», agregaron.
Con una inversión cercana a los US$100 millones, una vida útil de siete años y el objetivo de iniciar operaciones en 2028, Playa Verde busca convertirse en un proyecto que combine recuperación ambiental, producción minera y desarrollo económico para Chañaral.
Mientras continúa la tramitación de los permisos sectoriales, la empresa sostiene que su principal compromiso es ejecutar una remediación que permita devolver Playa Grande en mejores condiciones ambientales que las actuales, generando empleo, actividad económica y una nueva etapa para un sector históricamente marcado por la acumulación de relaves mineros.

