Presidente Kast promulga Ley Escuelas Protegidas
Este miércoles el presidente José Antonio Kast encabezó la promulgación de la Ley de “Escuelas Protegidas”, normativa que busca entregar a las comunidades educativas nuevas herramientas para enfrentar la violencia y resguardar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales. Entre sus medidas más controversiales se encuentra la revisión de mochilas bajo ciertos protocolos.
La nueva legislación busca responder al aumento de los episodios de violencia y problemas de convivencia al interior de los establecimientos educacionales. Según los antecedentes contenidos en la minuta, Las denuncias por convivencia escolar por maltrato a adultos ante la Superintendencia aumentaron un 58% entre 2023 y 2025, pasando de 441 a 695. Y durante 2025 se registró un promedio de 893 delitos por porte de armas en establecimientos educacionales, según datos de Carabineros.
Revisión de mochilas
Entre sus principales disposiciones, la Ley “Escuelas Protegidas” permite que los establecimientos incorporen en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y pertenencias, mediante personal capacitado y respetando derechos como la privacidad, la honra, la igualdad y el debido proceso. La normativa no contempla revisiones corporales ni de vestimentas.
La revisión deberá estar a cargo de personal capacitado y respetar derechos como la privacidad, honra, igualdad y debido proceso. La ley, además, excluye expresamente las revisiones corporales y de vestimenta.
La ley también entrega mayores facultades a los profesores, quienes podrán adoptar de manera inmediata medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias para mantener el orden en la sala de clases, siempre bajo criterios de proporcionalidad y pertinencia pedagógica.
Asimismo, establece que se deberá priorizar la gestión colaborativa de los conflictos, con el objetivo de reducir la carga administrativa de los equipos escolares, salvo en aquellos casos en que existan delitos o vulneraciones de derechos fundamentales.
La normativa también contempla medidas para enfrentar amenazas e interrupciones de las actividades académicas, establece que los reglamentos deberán prohibir elementos que impidan la identificación facial —con excepciones debidamente fundadas— y refuerza el involucramiento de padres y apoderados en las instancias relacionadas con convivencia, disciplina y violencia escolar.