Miguel Vargas sobre Presupuesto 2027: «Cada peso que se deja de invertir afecta directamente a la comunidad»
- El gobernador de Atacama cuestiona la rebaja cercana al 12% que se proyecta para la región, advierte que podrían quedar en riesgo proyectos de salud, seguridad e infraestructura y acusa que los gobiernos regionales son evaluados por una ejecución presupuestaria que “depende, en gran medida, de otros organismos públicos”. “Estamos pidiendo que, a lo menos, se mantenga el presupuesto que teníamos el año 2026”, indica como piso mínimo para una discusión exitosa en el Congreso.
El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, cuestiona la propuesta de Presupuesto 2027 del Ejecutivo y advierte que una rebaja de entre $8.000 y $9.000 millones obligaría a revisar compromisos de inversión y programas sociales y productivos. La autoridad defiende el papel de los gobiernos regionales en la generación de empleo, apunta a las trabas administrativas que retrasan la ejecución de los recursos y plantea que la discusión presupuestaria debe ir acompañada de mayor autonomía financiera.
En conversación con Diario Chañarcillo, Vargas también aborda la demora de proyectos estratégicos como la doble vía Caldera-Antofagasta, el rol de la nueva Agencia Regional de Infraestructura y la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones públicas y privadas para impulsar el desarrollo de Atacama.
El Gobierno defiende su propuesta de Presupuesto 2027 apelando a “una mejor distribución de los recursos” y con una crítica a la ejecución presupuestaria. ¿Dónde está el principal desencuentro con los gobiernos regionales?
Lo primero es decir que, como gobiernos regionales del país, estamos solicitando al Parlamento, específicamente a la Comisión Mixta de Presupuestos, que rechace la partida 31 en los términos propuestos por el Ministerio de Hacienda. Esto, en la perspectiva de que se establezcan mejoras y no se materialicen las rebajas planteadas. En el caso de Atacama, estamos hablando de una cifra cercana al 12%, entre $8.000 y $9.000 millones. Si esa rebaja se concreta, tendría un efecto muy nocivo para los intereses de la región.
Si consideramos los proyectos más relevantes, entre iniciativas de arrastre, proyectos nuevos, obras de infraestructura, programas de apoyo a organizaciones sociales y fomento productivo, alcanzamos una cifra cercana a los $130.000 millones. Esa es la demanda que tendría el Gobierno Regional, mientras que el marco presupuestario contemplado en la ley no supera los $84.000 millones. Por lo tanto, estamos ante un déficit que supera los $40.000 millones.
¿Qué proyectos podrían verse afectados si se mantiene la propuesta del Ejecutivo?
Tendríamos que tomar decisiones que no nos gustaría adoptar. Por ejemplo, no iniciar las obras del CESFAM Bernardo Mellibovsky, no transferir los recursos para el equipamiento del Centro Oncológico o no comenzar la construcción de la subcomisaría de Carabineros de Huasco y del cuartel de la Policía de Investigaciones en Vallenar. También podría verse afectada la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama. Otra alternativa sería recortar los programas de apoyo a organizaciones culturales y sociales, a adultos mayores, o disminuir los recursos destinados al fomento productivo a través de Corfo, Sercotec, Indap y otros servicios.
Es una decisión que no nos gustaría tomar, pero, si esto no cambia, vamos a tener que tomarla. Cada peso que se deja de invertir en el presupuesto de la región afecta directamente a la comunidad y a organizaciones que tienen expectativas legítimas respecto de sus iniciativas.
También se ha criticado la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales. ¿Cómo responde a esos cuestionamientos?
La ejecución presupuestaria es un problema transversal en la administración pública. Hasta ahora, siempre se mira con lupa la ejecución de los gobiernos regionales, pero alguien debería preguntarse cómo es la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas (MOP), qué proyectos se están haciendo y si son obras que realmente se requieren en los territorios. Lo mismo ocurre en vivienda, salud y educación.
En Atacama, solo el 18% de la inversión pública corresponde al Gobierno Regional. El 82% es sectorial. Además, cerca del 85% de la ejecución de nuestro presupuesto depende de terceros, fundamentalmente municipios y servicios públicos.
Nosotros financiamos programas de apoyo a emprendedores, emprendedoras, pescadores artesanales y pequeños agricultores, pero los ejecutan organismos como Indap, Sercotec, Fosis e Indespa, entre otros. Entonces, es curioso que se nos mida por la ejecución si nosotros no ejecutamos directamente esos programas.
Usted menciona también dificultades con los servicios públicos. ¿Dónde se produce el principal problema?
Hace rato que el SLEP no invierte un peso en la región; tampoco la Dirección de Educación Pública. Es importante mirar más allá del Gobierno Regional y revisar qué ocurre con la ejecución del conjunto de la administración pública. Hay mucha burocracia asociada a la tramitación de los programas. Un reclamo permanente de los gobiernos regionales es que necesitamos más flexibilidad para ejecutar los recursos. Desde que se aprueba un programa hasta que comienza a ejecutarse, el proceso es muy largo.
Muchos proyectos deben pasar por el Consejo Regional, obtener visaciones técnicas de los organismos competentes, de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y luego por la toma de razón de la Contraloría. Todo ese proceso puede demorar entre cuatro y cinco meses.
¿Hay algún ejemplo concreto de cómo esas demoras afectan a la región?
El Fondo de Apoyo al Transporte Público tiene un presupuesto cercano a los $10.000 millones para Atacama, pero tenemos cuatro proyectos ingresados al Ministerio de Transportes que todavía no cuentan con una respuesta técnica que permita ejecutarlos. Uno es la ampliación del recorrido de los buses eléctricos a Tierra Amarilla. Lo ingresamos en febrero y todavía no tenemos la visación técnica para destinar los recursos al pago de los subsidios. Estamos planteando financiar esa ampliación en un 100% con recursos del Gobierno Regional.
El segundo es el transporte público mayor en Caldera. Reformulamos la iniciativa para incorporar buses eléctricos y también comprometimos financiar íntegramente el servicio, pero seguimos sin respuesta. A eso se suma el piloto de subsidio al transporte menor en Copiapó, dirigido a los colectiveros, que lleva más de un año en el Ministerio de Transportes. ¿Cómo va a poder gastar el Gobierno Regional si no tenemos la colaboración de las entidades técnicas?
Si tengo toda la responsabilidad de gastar y no gasto, ‘penas del infierno para el gobernador’; pero si el gasto depende de terceros, esos terceros también deben responder, porque como no les pasa nada no se gasta la plata, ese es el problema
Hay que avanzar en descentralización y un proyecto clave para esto es ‘Regiones más fuertes’. Nos encantaría tener la flexibilidad que tienen los municipios, por ejemplo, y que los presupuestos no fueran anuales.
¿Qué cambios considera necesarios para mejorar la ejecución y evitar que estas situaciones se repitan?
Queremos más autonomía financiera. Necesitamos herramientas para ejecutar directamente nuestros programas y no depender tanto de terceros. Eso también requiere fortalecer las capacidades técnicas y profesionales de los equipos del propio Gobierno Regional. Además, necesitamos que los presupuestos tengan una lógica que reconozca que los proyectos no necesariamente se ejecutan en un año. Un programa de investigación o innovación puede durar tres años, pero hoy la forma en que se discute el presupuesto obliga a gastar los recursos dentro de un período anual.
Nos interesa que lo que no se gasta en un año pueda pasar al siguiente como saldo inicial de caja y sea reconocido en el presupuesto posterior. Si queremos mejorar la ejecución presupuestaria, tenemos que generar condiciones para hacerlo en toda la administración pública, no solamente en los gobiernos regionales. Se lo hemos dicho con mucha claridad a los parlamentarios y lo sabe también el Ministerio de Hacienda: hay que avanzar en descentralización y un proyecto clave para esto es “Regiones más fuertes”. Hoy estamos muy amarrados a las decisiones de la Dirección de Presupuestos… nos encantaría tener la flexibilidad que tienen los municipios, por ejemplo, para poder gastar y que los presupuestos no fueran año a año.
¿Qué posibilidades de acuerdo ve durante la tramitación del Presupuesto 2027? ¿Qué tendría que cambiar para que los gobernadores acepten la propuesta?
Primero, quiero hacer un reconocimiento al trabajo que está realizando la senadora Yasna Provoste. Los gobiernos regionales estamos muy agradecidos de la forma en que ha abordado el tema y del liderazgo que ha tenido. Vemos ahí un aliado…Estamos solicitando que la partida, tal como está planteada, sea rechazada para que se puedan introducir modificaciones. Nuestro punto de partida es que, a lo menos, se mantenga el presupuesto que teníamos el año 2026.
Lo que no se entiende es por qué el presupuesto a nivel nacional aumenta el gasto en un 1,5% y los gobiernos regionales disminuyen en $250.000 millones. Son organismos que inciden directamente en la atención de las necesidades de las personas, en seguridad, obras públicas, apoyo a organizaciones sociales y muchas otras áreas.
Infraestructura
En materia de inversión, la doble vía Caldera-Antofagasta lleva años en discusión. ¿Qué explica que un proyecto de esa magnitud siga sin concretarse?
El problema es el tiempo que llevamos hablando de esta iniciativa. ¿De cuándo estamos hablando de la doble vía Caldera-Antofagasta? Hace muchos años… Hay un problema de burocracia excesiva que hace que los proyectos se extiendan en el tiempo, especialmente cuando son iniciativas relevantes para una región como Atacama, pero que no tienen la misma prioridad para el Gobierno central, ni para esta administración ni para las anteriores.
Nosotros fuimos críticos de la decisión del gobierno anterior de modificar el diseño. Sabemos que una modificación puede retrasar una iniciativa dos o tres años. Lo mismo nos ocurría con la cárcel El Arena: cada gobierno que llegaba cambiaba el diseño, lo que terminaba siendo una forma de postergar el proyecto. Por eso estamos entre quienes respaldan que se avance..
¿Independiente de las críticas por el lugar en el que se emplaza?
Independientemente de las críticas, porque esto se realizó hace muchos años y cuando se tomó la decisión nadie reclamó por la ubicación. Cambiar su ubicación implicaría volver a foja cero y retrasarla cuatro o cinco años más, en circunstancias en que existe una crisis carcelaria en la región y en el país…Siempre vamos a alentar las inversiones, porque si la región no tiene inversiones no va a lograr ser más competitiva, no va a resolver sus problemas, no va a generar empleo ni va a mejorar la calidad de vida de las personas.
En ese escenario, la semana pasada se presentó la nueva Agencia Regional de Infraestructura. ¿Qué papel puede cumplir y cómo se financiará en un contexto de estrechez presupuestaria?
Una de las grandes debilidades de la región está en la formulación de las iniciativas de inversión. Tenemos un déficit estructural en el Estado, especialmente en regiones pequeñas. La agencia tendrá la tarea de abordar esos problemas con un equipo técnico de alto nivel que se enfoque en la formulación de proyectos y en la atracción de nuevas inversiones públicas y privadas. El compromiso del Gobierno Regional es asegurar el financiamiento basal de la agencia, es decir, los gastos administrativos, la infraestructura donde funcionará y el equipo de profesionales y técnicos.
La tarea de ese equipo será apalancar recursos e identificar nuevas fuentes de financiamiento. No es posible sostener con cargo al presupuesto de los gobiernos regionales el desafío de infraestructura que tiene Atacama. El diálogo entre el sector público y privado será fundamental. Hay proyectos en que los privados pueden contribuir a financiar el diseño, mientras el Gobierno Regional asume la construcción y el equipamiento. Esa es una fórmula que puede replicarse en otros ámbitos. La agencia está llamada a cumplir un papel estratégico para impulsar iniciativas de inversión y contribuir a que Atacama sea una región más competitiva.
Hace rato que el SLEP no invierte un peso en la región. (…) Es importante mirar más allá del Gobierno Regional y revisar qué ocurre con la ejecución del conjunto de la administración pública; necesitamos más flexibilidad para ejecutar los recursos.