Juan Carlos Urquidi advierte efectos “demoledores” de la Ley 21.600 SBAP en la pequeña y mediana minería
El abogado experto en derecho ambiental y recursos naturales, Juan Carlos Urquidi Fell, alertó sobre las consecuencias que la nueva Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), provocará en la actividad minera, especialmente en la pequeña y mediana minería. Como asesor del Consejo de la Pequeña y Mediana Minería y Dueños de Concesiones Mineras A.G., Urquidi sostiene que la normativa reconfigura completamente el sistema ambiental del país, generando un escenario de incertidumbre jurídica, mayores costos operacionales y retroactividad en permisos ya otorgados.
Según explica, el gremio se encuentra altamente preocupado debido a que la ley, promulgada en 2023, aún requiere la elaboración de 14 reglamentos, actualmente en redacción, que definirán cómo se aplicarán en concreto las nuevas obligaciones. “Los roles cambian, las funciones cambian, las evaluaciones ambientales cambian… todo cambia. El impacto para el sector será gigantesco”, afirma.
Un cambio estructural en la institucionalidad ambiental
Para Urquidi, la Ley SBAP introduce un giro radical en la arquitectura ambiental vigente, alterando el equilibrio que por décadas han mantenido el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Superintendencia del Medio Ambiente y los tribunales especializados. “Esta ley produce efectos incuantificables y prácticamente demoledores sobre la Ley 19.300. De facto, se reemplaza la lógica del SEIA tal como lo conocemos”, sostiene.
El punto central, explica, es que el SBAP queda facultado para exigir planes de conservación de biodiversidad e instrumentos obligatorios como condición previa para aprobar proyectos. Esto significa que, aunque el SEA evalúe un estudio o declaración de impacto ambiental, ninguna resolución podrá prosperar sin el visto bueno del nuevo servicio. “El SBAP se transforma en un verdadero zar ambiental, porque obliga al resto de los servicios públicos a adecuar los permisos sectoriales a los planes que él mismo diseñe”, indica.
Esta nueva atribución no solo afectará a proyectos futuros. Según la normativa, el SBAP podrá revisar Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) vigentes, imponiendo nuevas exigencias o medidas compensatorias, lo que introduce un elemento de retroactividad que preocupa profundamente al sector. “La retroactividad es una excepción en el derecho público. Aquí pasa a ser regla general. Faenas que están operando con permisos válidos pueden quedar sujetas a restricciones adicionales”, advierte.
Impactos para la minería y llamado a suspender los reglamentos
Uno de los efectos más sensibles para la pequeña y mediana minería es la superposición de nuevas categorías territoriales, como sitios prioritarios, zonas amenazadas y áreas vulnerables, sobre concesiones mineras ya constituidas. Esto, señala Urquidi, podría reducir el valor económico de las propiedades mineras, restringir la operación e incluso paralizar faenas. “La ley permite congelar grandes extensiones del territorio productivo. No solo afecta a la minería: también a sectores forestales, agrícolas, energéticos o sanitarios”, afirma.
A ello se suma el futuro Reglamento de Compensaciones de Biodiversidad, que obligará a los titulares de proyectos a comprar “proyectos de conservación” a privados para compensar su impacto ambiental. “Es un mercado opaco, sin reglas claras, que involucra bienes comunes de la humanidad como los servicios ecosistémicos. Jurídicamente es muy problemático”, señala el abogado.
Frente a este escenario, Urquidi propone tres acciones inmediatas: suspender las resoluciones que definen sitios prioritarios hasta transparentar el proceso; detener el envío de los reglamentos a Contraloría mientras no exista consenso técnico; y reformar la ley en el Congreso para corregir sus aspectos institucionales y jurídicos más críticos. “No puede haber un zar ambiental que condicione a todos los servicios del Estado. Necesitamos reglas claras, participación y estándares técnicos, no decisiones tomadas entre cuatro paredes”, enfatiza.
El abogado remarca que no se trata de oponerse a la protección ambiental, sino de evitar que una mala implementación termine perjudicando la inversión, la innovación y la sustentabilidad productiva. “Todos queremos un país con desarrollo sustentable. Pero esta ley está mal construida. Si se implementa sin ajustes, terminará en una judicialización masiva y en un golpe a la pequeña y mediana minería”, concluye.