Gobierno presenta Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo: parlamentarios de Atacama respaldan medidas, mientras el Partido Comunista plantea reparos
Con un fuerte énfasis en el combate al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, el Presidente José Antonio Kast presentó la nueva Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT), un conjunto de 29 iniciativas legislativas orientadas a fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar la delincuencia y recuperar la seguridad en el país. El anuncio, realizado durante una ceremonia en la Escuela de Carabineros, generó diversas reacciones entre parlamentarios de la Región de Atacama y también desde el Partido Comunista.
La agenda contempla una reforma constitucional que establece la seguridad como un deber del Estado, un nuevo estado de excepción para enfrentar zonas dominadas por el crimen organizado, un régimen penitenciario especial para líderes del narcotráfico y organizaciones criminales, además de la creación de una agencia estatal destinada a decomisar y destruir los bienes provenientes de actividades ilícitas.
Durante la presentación, el Gobierno destacó una serie de indicadores que atribuye a las primeras medidas implementadas en materia de seguridad. Según las cifras entregadas, los homicidios disminuyeron un 18,7%, los secuestros se redujeron casi a la mitad, los robos violentos registraron más de 7 mil casos menos y la droga incautada aumentó en un 60%.
El diputado Ignacio Urcullu valoró los resultados expuestos por el Ejecutivo y aseguró que representan el inicio de una política de seguridad más firme.
«Los homicidios bajaron 18,7%. Los secuestros, casi a la mitad. Los robos violentos, más de siete mil casos menos. La droga incautada creció un 60%. Esos son los primeros frutos. Y ahora el Presidente Kast va por más», afirmó.
El parlamentario destacó además el contenido de la agenda legislativa, señalando que contempla más de treinta iniciativas destinadas a fortalecer la persecución del crimen organizado.
«Durante años nos dijeron que la seguridad era un problema cultural. Que había que entender las causas. Mientras tanto, las familias chilenas vivían con miedo. Ese cuento se acabó», sostuvo.
La delegada presidencial de Atacama, Sofía Cid, respaldó los anuncios del Ejecutivo e hizo un llamado a los parlamentarios de la región a apoyar la tramitación de las iniciativas.
«El Presidente José Antonio Kast fue claro: Chile no puede seguir cediendo espacios al crimen organizado. Por eso anunció una agenda de reformas en seguridad orientada a fortalecer las herramientas del Estado para perseguir, capturar, juzgar y sancionar a quienes amenazan la tranquilidad de las familias», señaló.
La autoridad agregó que las medidas buscan reforzar el control territorial, fortalecer la persecución de las organizaciones criminales e impedir que los delincuentes continúen operando desde las cárceles.
Asimismo, invitó a los legisladores de Atacama a respaldar la agenda «con sentido de urgencia y responsabilidad», indicando que la seguridad debe ser una prioridad para todo el país.
Uno de los anuncios que concitó mayor respaldo fue la incorporación del proyecto de decomiso sin condena, iniciativa impulsada por el diputado Jaime Mulet, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara.
La propuesta busca facultar al Estado para perseguir el patrimonio asociado al narcotráfico y al crimen organizado, permitiendo la incautación de bienes cuando no se pueda acreditar el origen lícito de los recursos, sin depender necesariamente de una condena penal.
Mulet calificó como «una buena noticia» que el Gobierno incorporara la iniciativa dentro de la Agenda ACOT.
«En general, hay varios proyectos que son muy interesantes y hay disposición de apoyarlos», afirmó.
El parlamentario también valoró que el Presidente destacara públicamente su propuesta.
«Estoy muy contento porque el Presidente además se ha referido especialmente —y al único parlamentario al que se refirió— fue a mí, producto del proyecto de decomiso sin condena, que he predicado durante mucho tiempo y que ha costado mucho avanzar», indicó.
Finalmente, sostuvo que atacar el patrimonio de las organizaciones criminales es una herramienta fundamental para combatir el narcotráfico.
«Hoy el Gobierno ha tomado como parte de la agenda ese proyecto que es muy importante para ir tras los bienes de los delincuentes, narcotraficantes, carteles y toda organización criminal que busca siempre dinero», concluyó.
El diputado Cristian Tapia manifestó su respaldo a las iniciativas anunciadas por el Ejecutivo, aunque insistió en la necesidad de acelerar su discusión en el Congreso.
«Son 29 proyectos de ley que el Ejecutivo ha decidido ingresar al Congreso. Espero que lo haga pronto. Espero que esta discusión no se tarde cuatro o cinco años en poder sacarla adelante», señaló.
El parlamentario aseguró que respaldará todas las iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad del país.
«Voy a respaldar todos los proyectos que vayan en una dirección de entregar más seguridad a nuestro país», afirmó.
Sin embargo, sostuvo que la agenda debe complementarse con otras medidas, como el levantamiento del secreto bancario para seguir la ruta del dinero del narcotráfico y el crimen organizado.
Además, reiteró la necesidad de reforzar el control en las carreteras mediante un mayor apoyo de las Fuerzas Armadas a Carabineros.
«Llevo años levantando la voz para que las Fuerzas Militares refuercen a Carabineros en el resguardo de las carreteras. El crimen organizado y el tráfico de drogas pasan por nuestras rutas y muchas veces no son fiscalizados», sostuvo.
Tapia agregó que un sistema de inteligencia fortalecido también será clave para enfrentar la delincuencia organizada.
El Partido Comunista también se refirió a la agenda presentada por el Gobierno. A través de una declaración pública, sostuvo que desde el inicio de la actual administración ha mantenido una disposición al diálogo y al trabajo por el crecimiento económico y el empleo, aunque acusó al Ejecutivo de rechazar propuestas destinadas a beneficiar a los trabajadores.
La colectividad afirmó que, si realmente existiera voluntad para avanzar en crecimiento y seguridad, el Gobierno habría impulsado antes el debate sobre el levantamiento del secreto bancario y una mayor inversión para modernizar las policías y las instituciones encargadas de la persecución penal.
Asimismo, cuestionó que una de las primeras decisiones del Ejecutivo fuera intentar reducir en un 3% el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública y que recién, tras cinco meses de gestión, presentara una agenda en esta materia.
Respecto de los anuncios realizados por el Presidente Kast, el Partido Comunista señaló que Chile necesita una política de seguridad «firme, democrática y eficaz», que permita enfrentar al narcotráfico, las bandas criminales, los homicidios, las extorsiones y recuperar los barrios para las familias.
En ese contexto, expresó su disposición a debatir todas las medidas destinadas a fortalecer la inteligencia criminal, perseguir el patrimonio del narcotráfico, mejorar la coordinación entre policías y fiscalías, reforzar el control penitenciario y entregar mayores capacidades preventivas a municipios y comunidades.
No obstante, advirtió que la seguridad no puede utilizarse para restringir derechos fundamentales.
«La seguridad no puede convertirse en una excusa para confundir el crimen organizado con la protesta social, ni para transformar derechos sociales en beneficios que el gobierno pueda entregar o retirar según su conveniencia», sostuvo la colectividad.
Asimismo, planteó que antes de impulsar una reforma constitucional el Ejecutivo debe explicar claramente el contenido de la propuesta, el problema que busca resolver, la evidencia que respalda su eficacia y las garantías que impedirán arbitrariedades.
Finalmente, el Partido Comunista reafirmó su compromiso con el combate al crimen organizado, el respaldo a las instituciones encargadas de perseguir el delito y la protección de las víctimas, pero insistió en que ello debe realizarse respetando plenamente los derechos humanos.
«Chile necesita seguridad con resultados, no una nueva disputa ideológica construida sobre el miedo. Los delincuentes deben perder su impunidad; los ciudadanos no deben perder sus derechos», señaló.
La colectividad concluyó indicando que las medidas anunciadas aún no entregan certezas en materia de crecimiento económico, empleo y seguridad, sosteniendo que el Gobierno debe avanzar desde las expectativas hacia resultados concretos para responder a las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Con el respaldo de parlamentarios de distintos sectores y observaciones planteadas desde la oposición, la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo inicia ahora su tramitación en el Congreso Nacional, donde deberá enfrentar el debate legislativo para definir el futuro de una de las principales apuestas del Gobierno en materia de seguridad pública.
