Gobierno licitará más de 420 hectáreas fiscales en Bahía Inglesa para proyectos turísticos e inmobiliarios

• Diversas reacciones ha generado la iniciativa del plan «Se Busca Dueño» del Ministerio de Bienes Nacionales. Su diseño, la tramitación de permisos y la construcción de proyectos en el balneario se proyectan entre 2027 y fines de 2031. “En principio, vemos este proyecto como una buena oportunidad para la región”, sostuvo el gobernador de Atacama. Mientras la ministra Parot comprometió una visita a la zona para presentar el proyecto, la alcaldesa de Caldera cuestionó que la iniciativa no se haya discutido previamente con el municipio y la comunidad. Fotografía: cortesía de Gonzalo E. Bordoli.

El anuncio del Gobierno de licitar más de 420 hectáreas de terrenos fiscales en Bahía Inglesa dio paso a varias tensiones sobre el futuro desarrollo turístico e inmobiliario de uno de los principales balnearios de la Región de Atacama y el país. Mientras las autoridades regionales destacan la oportunidad de atraer inversiones, ampliar la oferta de servicios y diversificar la economía, la iniciativa también plantea interrogantes sobre la planificación territorial y el resguardo del borde costero.

El plan, que se enmarca en el programa “Se Busca Dueño” del Ministerio de Bienes Nacionales, contempla un proceso de licitación cuya etapa de diseño, tramitación de permisos y construcción se proyecta entre 2027 y fines de 2031. El plan del Ministerio de Bienes Nacionales busca poner nuevamente en uso propiedades fiscales que hoy no cumplen una función pública. La iniciativa contempla 234 inmuebles durante 2026 y un avalúo cercano a los US$70 millones, que busca activar propiedades que actualmente están abandonadas, deterioradas o subutilizadas.

Desde Sernatur Atacama, el director regional, Alejandro Martín, señaló que el mecanismo permitiría poner en valor el suelo público bajo criterios de transparencia, planificación territorial y sostenibilidad. Según explicó, los nuevos proyectos podrían contribuir a “fortalecer la competitividad turística, impulsar la formalización de los servicios, generar empleo y mejorar los estándares de calidad, resguardando el valor ambiental, cultural y patrimonial de la zona”.

Las críticas y la desconfianza por parte de la opinión pública, sin embargo, viene por la falta de comunicación directa con el Municipio de Caldera y cuestionamientos sobre la participación de la comunidad y las condiciones en que se definirá la transformación de este territorio.

“Vemos este proyecto como una oportunidad para potenciar el desarrollo turístico y económico de nuestra comuna. Sin embargo, lamentamos que esta iniciativa no haya sido socializada previamente con el municipio y la comunidad antes de su anuncio público”, sostuvo la alcaldesa Brunilda González.

Planteó, además, que el crecimiento en Bahía Inglesa debe considerar los instrumentos de planificación territorial, la capacidad vial, la disponibilidad de servicios básicos y el resguardo del patrimonio natural. Asimismo, insistió en que el desarrollo del borde costero debe avanzar “con participación ciudadana, diálogo y respeto por las exigencias ambientales”.

Consultado por las tensiones generadas tras el anuncio, el gobernador Miguel Vargas respaldó la iniciativa y sostuvo que potenciar Caldera y Bahía Inglesa como polo turístico requiere ampliar la oferta de servicios, proyectos inmobiliarios y habitacionales. También defendió la necesidad de diversificar la matriz productiva regional más allá de la minería, con mejores condiciones para el alojamiento y la gastronomía.

Además, señaló que, en línea con la planificación de integración Chile-Argentina que dejaron Atacalar y Forede, esto implicaría una oferta de servicio “que lamentablemente todavía no está completamente disponible”.

El gobernador informó que pidió a la ministra que visite la región y genere instancias de diálogo con actores políticos, el sector privado y representantes de la comunidad. Junto con solicitar transparencia en el proceso, recordó que anteriores intentos por licitar terrenos del borde costero no han prosperado.

Requisitos para los inversionistas

El Ministerio de Bienes Nacionales establece la inversión mínima exigida, el plazo de ejecución, el precio mínimo del terreno, las garantías de cumplimiento y las condiciones generales del proceso. Por su parte, los inversionistas privados deben presentar la propuesta de diseño arquitectónico, la solución de urbanización requerida, la estrategia de implementación y las obras adicionales, garantizando plena coherencia con los usos permitidos en el Plan Regulador Comunal. “Nuestra idea es que todos los desarrollos que se hagan dentro de estos territorios conversen con la propia visión que tienen los atacameños”, comentó la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, quien anunció, también, una visita a la región durante esta semana.

La adjudicación no depende únicamente del monto ofertado, sino que, según la documentación revisada, evalúa la “calidad del proyecto, su relación con el entorno y borde costero, la capacidad de inversión y la oferta económica”,. En ese sentido, la ministra adelantó “un desarrollo armónico” con un “plan maestro que pone más de 420 hectáreas al servicio del desarrollo de proyectos turísticos, de proyectos habitacionales, de proyectos de segunda vivienda para la clase media, de un parque y obviamente de un borde costero”. A ello se suma la creación de un Jardín Botánico, concebido como equipamiento ambiental, educativo y turístico para proteger y poner en valor la flora y el patrimonio natural de la zona.

Las bases exigen también resguardos específicos como cierres con un mínimo de 80% de transparencia visual hacia la vía pública, cableado subterráneo, integración de vegetación local y la evaluación individual de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), según las características de cada obra.

Etapas del proyecto

En cuanto al calendario del proceso, la fase preparatoria se extiende entre octubre de 2026 y enero de 2027, para dar paso a la redacción y revisión de las bases entre enero y febrero de 2027. Según la presentación que realizó la ministra Parot en Santiago, la publicación oficial de las bases de licitación está contemplada para fines de febrero de 2027, abriéndose la recepción de ofertas de los oferentes entre mayo y junio de ese año.

Posteriormente, la evaluación de las propuestas, la adjudicación y la firma de escrituras de compraventa se realizarán entre junio y septiembre de 2027. La etapa a cargo de la inversión privada —que abarca diseño, tramitación de permisos y construcción— transcurrirá entre 2027 y 2031, estimándose la recepción final y la puesta en operación a partir de fines de 2031.

¿Qué dicen las juntas de vecinos?

Dirigentes de Bahía Inglesa y Caldera cuestionan la falta de participación ciudadana y advierten que los servicios básicos y la infraestructura existentes no están preparados para absorber un proyecto de esta magnitud.

“Nos hablan de un megaproyecto, siendo que estamos en un abandono total y nos falta todo”, sostiene Roxana Chulak, presidenta de la Junta de Vecinos de Bahía Inglesa, quien asegura que los residentes se enteraron de la iniciativa a través de la televisión y las redes sociales.

La dirigenta advierte sobre las deficiencias en electricidad, seguridad, estacionamientos y accesos viales, además de los riesgos para las playas, las dunas y el patrimonio natural. “Tenemos que arreglar lo que tenemos, que sea eficiente, que los vecinos tengan calidad de vida y que tengamos seguridad. (…) Ordenemos la casa, primero, para crecer.”.

Chulak también alerta sobre los riesgos asociados a eventuales fenómenos naturales y sostiene que cualquier crecimiento debe considerar las condiciones de seguridad del borde costero. A través de un grupo de WhatsApp que reúne a unos 180 vecinos, afirma, las preocupaciones se multiplicaron tras conocerse el anuncio. “Bahía inglesa es un tesoro a nivel nacional, es realmente un gran orgullo para Chile, ¿por qué la vamos a destruir?”, planteó.

Carlos Pereira, en tanto, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Caldera, coincide en cuestionar la falta de consulta y advierte que la comuna enfrenta carencias en servicios esenciales. “Aquí no se lo consultó nadie, aquí Santiago decidió”, dijo.

El dirigente sostuvo que la disponibilidad de agua potable no alcanzaría para todos los sectores y cuestionó que no se conozcan públicamente antecedentes suficientes sobre los estudios de suelo, la infraestructura y la capacidad del territorio para recibir nuevas construcciones. Según declaró a este medio, “antes de avanzar se requiere evaluar los servicios básicos y los efectos acumulados de otros proyectos en la comuna”, como la Cárcel el Arenal, ejemplificó.

Frente a este escenario, Pereira llamó a las autoridades y parlamentarios a impulsar una “ley de costa” que permita articular a las comunidades, el sector privado y la protección ambiental en las decisiones sobre el borde costero.