Francisco Astudillo, sociólogo: “El problema no es solo cuánto llueve, sino cómo se distribuye y quién controla el acceso al agua”

• La imagen del río con agua, aunque potente, denuncia un problema estructural, de sistema, mucho mayor. El investigador profundiza en los mecanismos que han transformado el agua de un bien común en una mercancía cautiva. y sostiene que para abordar la crisis hídrica no basta con hablar del clima: “debemos hablar de la gobernanza del agua, de su privatización, de su mercantilización”, explica.

La reciente crecida del Río Copiapó aún corre el riesgo de convertirse en un distractor de las causas estructurales que mantienen al valle en una crisis permanente. Así lo explica Francisco Astudillo, sociólogo e investigador, quien sostiene que centrar la discusión únicamente en las lluvias es una forma de “despolitizar” el conflicto.

Su análisis, a raíz de la investigación “Hidropolítica neoliberal en Chile y el secuestro hídrico en el Valle de Copiapó trayectorias, dinámicas y narrativas en tensión, una perspectiva de coyuntura histórica”, sugiere que la “desaparición” habitual del cauce no es un fenómeno puramente climático, sino el resultado de una “hiper-desertificación artificial” provocada por un modelo de extracción muy superior a la capacidad de recarga de la cuenca, con una brecha hídrica que alcanzaría el 62%.

Astudillo sostiene que la emergencia climática actual debe ser la oportunidad para discutir la propiedad y el derecho humano al agua, desenmascarando el concepto de “secuestro hídrico” oculto tras los dispositivos jurídicos de privatización. En sus palabras, el problema de fondo no es cuánto llueve, sino cómo se distribuye y quién controla el acceso a un recurso que ha terminado mediado por la capacidad de pago de la población.

Ante la crecida actual del río por el sistema frontal, ¿por qué considera que centrar comunicacionalmente la discusión únicamente en las lluvias es una forma de despolitizar la crisis hídrica de fondo en el Valle de Copiapó?

Antes que todo, no pondría en contraposición la crecida del río producto de este sistema frontal con la necesidad de discutir la crisis hídrica del valle. Ambas son dimensiones distintas, pero complementarias. Lo que ocurre es que los eventos extremos, como las lluvias de 2015, 2017 o las actuales, pueden instalar la idea de que el río sólo deja de correr por causas naturales. Sin embargo, eso invisibiliza un problema mucho más profundo: la forma en que el agua ha sido administrada y distribuida en la cuenca durante décadas. Si queremos abrir una discusión seria sobre la crisis hídrica, no basta con hablar del clima. También debemos hablar de la gobernanza del agua, de su privatización, de su mercantilización y de los mecanismos institucionales que han permitido una concentración de los derechos de aprovechamiento. La ciudadanía conoce los efectos de la escasez de agua, pero muchas veces desconoce las decisiones políticas, jurídicas y económicas que explican esa realidad.

¿Cómo explica que, a pesar de eventos climáticos intensos como este sistema frontal, la extracción por parte de la minería y la agroindustria haya generado una «hiper-desertificación artificial» que el ciclo natural no alcanza a revertir de forma permanente?

Es importante distinguir entre eventos extraordinarios y procesos estructurales. Una crecida importante del río puede durar algunos días o semanas, pero no modifica la forma en que el agua se distribuye y utiliza durante el resto del año. La desertificación que observamos en el valle no responde únicamente a factores naturales, también es consecuencia de un modelo de gestión del agua que, durante décadas, ha permitido una extracción superior a la capacidad de recarga del acuífero. En la cuenca del Copiapó existe una brecha hídrica cercana al 62 %, lo que significa que se extrae mucha más agua de la que el sistema puede recuperar naturalmente. Por eso, una vez que termina el temporal, la situación estructural permanece prácticamente igual. El problema no es sólo cuánto llueve, sino cómo se distribuye y quién controla el acceso al agua.

En materia de salud, usted menciona que la acumulación tiene efectos como la alta prevalencia de enfermedades renales en Copiapó. ¿Cómo se relaciona la privatización del agua con este vaciado deliberado de los territorios y el deterioro de la vida cotidiana?

Creo necesario precisar que esos antecedentes corresponden a estudios realizados hace algunos años y que la situación puede haber cambiado con la incorporación de nuevas tecnologías de tratamiento de agua potable. Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo relevante. La intensa extracción de aguas subterráneas hizo descender progresivamente el nivel de las napas, afectando la calidad del agua disponible para consumo humano y encareciendo su tratamiento, y eso tuvo consecuencias tanto económicas como sanitarias para la población. A ello se suma que muchas familias comenzaron a depender del mercado del agua purificada para sentirse seguras respecto de la calidad del agua que consumían. Es decir, incluso las estrategias para enfrentar el problema quedaron mediadas por la capacidad de pago. Más ampliamente, el modelo extractivo también ha tenido impactos en la salud ambiental del territorio. La exposición al material particulado de los relaves o a las emisiones industriales son ejemplos de cómo los costos ambientales y sanitarios suelen recaer sobre la población local, mientras los beneficios económicos se concentran en otros actores.

Pensando en la contingencia actual, ¿cómo se podría trasladar el debate público desde la emergencia climática a una discusión sobre la propiedad y el derecho humano al agua?

Creo que no debemos elegir entre una discusión y otra. Es necesario atender la emergencia climática, pero sin perder de vista las causas estructurales de la crisis hídrica. Los eventos extremos generan una oportunidad para abrir una conversación más amplia sobre cómo gestionamos el agua como sociedad. Eso implica discutir quiénes toman las decisiones, cuáles son los intereses en el mercado de aguas, cómo se distribuyen los derechos de aprovechamiento y qué lugar ocupa el agua como derecho humano y como bien esencial para la vida. Espacios de comunicación como este son fundamentales porque ayudan a que el debate no quede reducido únicamente a las lluvias o la sequía, sino que incorpore también las dimensiones políticas, económicas y sociales que explican la realidad hídrica del valle de Copiapó y que ayuden a comprender cómo es que funciona la dinámica del agua, quienes son los actores y cuáles son los intereses. Un cambio de enfoque de este tipo, podría contribuir a evitar que las contingencias climáticas sean instrumentalizadas por los estamentos dueños del agua, para centrar la discusión a factores naturales que terminan por esconder sus responsabilidades e intereses.