Felipe Harboe en Atacama: “La seguridad condiciona dónde se invierte, cómo se opera y qué deberes tienen los directorios y los ejecutivos de cada empresa”
- El abogado y exparlamentario presentó un diagnóstico sobre el avance de los mercados ilícitos en la región, con indicadores de homicidios, secuestros y minería ilegal. Sin embargo, según expuso, 2.863 faenas mineras en Atacama llevan más de dos años sin fiscalización de Sernageomin. También planteó una agenda de coordinación público-privada para enfrentar el fenómeno y la necesidad de desarrollar un Centro de Análisis de Seguridad.
Un diagnóstico sobre la evolución del crimen organizado en Chile y sus efectos en la actividad productiva de Atacama presentó el abogado y socio principal de H&CO Abogados, Felipe Harboe Bascuñán, durante el XXIII Conversatorio Desafíos de Atacama, organizado por Kinross y Diario Chañarcillo.
Bajo el título “Seguridad empresarial en Atacama: diagnóstico, desafíos y respuestas”, su exposición abordó cómo la inseguridad dejó de ser un riesgo externo para convertirse en un factor que condiciona las inversiones, la continuidad operacional de las empresas y las responsabilidades de sus directorios.
Uno de los principales planteamientos fue que el crimen organizado ya no se encuentra solamente en una etapa de instalación territorial. Según explicó, su evolución contempla tres fases: asentamiento, copamiento territorial y penetración institucional. Esta última, caracterizada por la infiltración en el sistema financiero, las instituciones públicas y las cadenas de proveedores.
“Las tres fases ya conviven en Atacama”, sostuvo en su presentación, donde identificó fenómenos como el tráfico de drogas, el robo de insumos mineros, la extorsión y el ingreso de mineral de origen ilegal a los circuitos formales.
Radiografía regional
Entre los antecedentes expuestos, Harboe destacó que Atacama registró una tasa de 6,9 homicidios por cada 100 mil habitantes durante 2025, por sobre el promedio nacional de 5,4.
También advirtió sobre el aumento de los secuestros, que crecieron un 162% entre 2023 y 2024, con 21 casos adicionales, el mayor incremento proporcional del país. De esos delitos, un 52% presentó características asociadas al crimen organizado.
En materia de actividad minera, apuntó a las dificultades de fiscalización y a la expansión de mercados ilícitos. Según las cifras presentadas, 2.863 faenas mineras de la región llevaban más de dos años sin fiscalización de Sernageomin.
Asimismo, mencionó que la planta de ENAMI en Vallenar recibe un 150% más de mineral de oro que hace dos años, antecedente que vinculó con el riesgo de blanqueo de mineral de origen ilegal.
El abogado también identificó un cambio en la modalidad de los robos que afectan a la industria: desde el robo de cátodos y concentrado hacia vehículos, maquinaria, cables e infraestructura, con consecuencias directas para la continuidad de las operaciones.
Para Harboe, el problema adquiere especial relevancia considerando la cartera de inversión minera de Atacama, que supera los US$18 mil millones. En ese escenario, sostuvo que la seguridad debe incorporarse como una variable permanente en las decisiones de inversión y en la gestión de las compañías.
Coordinación
Más allá del diagnóstico, uno de los ejes de la exposición fue la necesidad de modificar la manera en que las empresas y las instituciones enfrentan la inseguridad.
Harboe planteó que el crimen organizado funciona como un mercado, con proveedores, rutas y compradores, por lo que las estrategias no pueden concentrarse exclusivamente en proteger instalaciones o reforzar la vigilancia. “La inseguridad es el reflejo de una fractura cultural. (…) El cambio cultural no alcanza”, planteó.
“Sin comprador no hay robo”, fue una de las ideas centrales de su presentación. Bajo ese principio, propuso fortalecer la fiscalización de los mercados donde se comercializan cobre, oro, combustible, chatarra y otros productos de origen ilícito, siguiendo la cadena hasta sus compradores.
También llamó a trasladar la seguridad desde las áreas operativas hacia los directorios de las empresas, incorporándola a las matrices de riesgo y a las decisiones estratégicas. Esto, considerando además las obligaciones que establecen normativas como las leyes de Seguridad Privada, Delitos Económicos, Karin y Ciberseguridad.
“En el directorio significa subir la seguridad a la mesa aunque incomode. No es posible que los directorios de las empresas crean que la seguridad es un tema del gerente de operaciones o el gerente de seguridad”, advirtió.
Como propuesta concreta para la región, presentó la creación de un Centro Atacama de Análisis de Seguridad, una instancia público-privada que reúna a gremios empresariales, compañías, Fiscalía, policías, Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, municipios y comunidades. Esto, en el marco de su crítica a la falta de integración en el sector público: Harboe remarcó que las policías, las fiscalías, las aduanas y los ministerios suelen funcionar como estructuras aisladas que no cruzan bases de datos ni coordinan información en tiempo real, lo que le otorga una ventaja táctica al crimen organizado. “Tenemos, y lo digo con propiedad, un estado desorganizado que pretende enfrentar al crimen organizado; y eso no funciona”, criticó.
La iniciativa buscaría establecer mecanismos para compartir información sobre incidentes, incorporar sistemas de lectura de patentes en rutas y accesos a faenas, fortalecer la trazabilidad de minerales y combustibles y generar indicadores públicos con metas periódicas.
La propuesta contempla establecer una línea base durante los primeros 90 días y avanzar hacia objetivos trimestrales de seguimiento.
Finalmente, Harboe planteó una agenda de trabajo de doce meses para las empresas, que considera elevar la seguridad a los directorios, elaborar mapas de riesgo territorial, reforzar la debida diligencia de contratistas y transportistas y avanzar hacia redes regionales de información compartida.
La idea central de su exposición fue que Atacama necesita pasar de una gestión centrada en reaccionar y protegerse a otra capaz de anticipar los riesgos y coordinar respuestas entre los distintos actores del territorio.