Diputado Jaime Mulet descarta reemplazar a Calisto en el Senado: “Mi obligación principal es con Atacama”

• “Sería absurdo que yo deje el cargo para ir a cumplir un mandato a otro lugar”, asegura al ser consultado por la especulación que lo ponía junto a su esposa, Flavia Torrealba, como posibles relevos por la Región de Aysén.

En entrevista con Diario Chañarcillo, el diputado Jaime Mulet analiza la coordinación institucional ante emergencias climáticas y expresa su oposición al proyecto de Reconstrucción Nacional que impulsa el Gobierno, argumentando que se trata de una reforma tributaria que compromete la soberanía del país a futuro.

El parlamentario por Atacama no solo anuncia un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar el artículo de invariabilidad tributaria por tramos de inversión, al que denomina un “amarre” a favor de grandes capitales extranjeros, sino que también despeja los rumores sobre un posible relevo de Miguel Ángel Calisto — desaforado como diputado y acusado por el delito de fraude al fisco, arriesgando 12 años de prisión— en el Senado: “Yo creo que eso no va a ocurrir porque en primer lugar los juicios son muy largos y, en segundo, yo tengo mi mandato y mi compromiso con Atacama”.

A propósito de la contingencia climática y la declaración de alerta temprana preventiva, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) responde nuestras preguntas desde Vallenar, en una reunión en línea, en la que evalúa positivamente la coordinación entre las distintas instituciones de la región: “Vi un trabajo ejecutivo encabezado por la delegada presidencial junto al gobernador, con la participación de seremis, fuerzas armadas, bomberos y Senapred, preparando áreas críticas como albergues y la activación de quebradas. A nivel municipal, en Vallenar particularmente veo un buen trabajo preventivo”.

A través de un análisis que circula desde el «abusivo» sistema de peajes en las carreteras chilenas hasta la gestión de Codelco y la protección del patrimonio geológico, Mulet insiste en la descentralización como una urgencia económica y social. Con el foco puesto en la votación crucial de la próxima semana en la Cámara y la necesidad de una Ley de Rentas Regionales, el legislador comienza respondiendo al caso Calisto.

¿Qué impacto cree que tiene el caso del senador Calisto en la credibilidad actual del Congreso?

Mire, creo que es muy importante que la justicia opere con mucha rapidez y rigurosidad en las investigaciones judiciales en curso en contra de varios parlamentarios. Tenemos los casos de Camila Flores, Loreto Carvajal, Alejandro Kusanović. También en los municipios: hace poco condenaron a Juan Ramón Godoy y está la situación de Daniel Jadue. Digo esto porque eso evidencia que durante los últimos años hemos avanzado en materia de investigación a autoridades, de todos los colores políticos. Y creo que eso es importante porque en el país existía la sensación de que a los poderosos no se les juzgaba. En el caso de Calisto está bien que opere la justicia, pero también hay que esperar los fallos, porque existe la presunción de inocencia.

El escenario procesal de Calisto en particular es complejo, porque llegó al Senado con un cupo de la FRVS y ahora enfrenta solicitudes de hasta 12 años de cárcel. ¿Cuál es su posición ante los rumores que dicen que usted o Flavia Torrealba podrían ser su reemplazo?

Eso no va a ocurrir, mi compromiso es con Atacama. Sería un poco absurdo que yo deje el cargo para ir a cumplir un mandato a otro lugar; es una especulación que incluso algunos medios llevaron en portada —sin siquiera consultarme— como si fuera una disputa familiar con mi esposa. Yo soy primera mayoría aquí como diputado y mi obligación primera es cumplir mi mandato parlamentario por Atacama.

Según la normativa vigente, en caso de una vacancia en un escaño independiente el proceso de reemplazo tiene matices bastante específicos…

Lógico. Calisto es un hombre de origen demócrata cristiano que hoy vota por la derecha. Si alguien de mi partido lo reemplaza, el Senado se equilibraría al pasar de un voto de derecha a uno progresista, por eso ha generado mucho ruido esto. Además, por el hecho de que él fue en la lista de mi partido como independiente, si es destituido o acusado, con ciertos matices, podría ser reemplazado. Lo primero sería buscar a alguien con militancia en la zona de Aysén, donde tenemos gente preparada… Esto es una situación muy excepcional y no estamos pendientes de ello, esa es la verdad.

Materia de ley

Respecto a la reciente votación de la Megarreforma y las críticas de las senadoras por Atacama, Provoste y Cicardini, sobre la imposición de una agenda extrema por parte del Gobierno, la disminución del financiamiento municipal y los beneficios a los más poderosos ¿cuál es su postura sobre el resultado?

Tengo una posición similar a las senadoras de la región; yo soy un hombre de oposición también. Obviamente no comparto la fórmula propuesta por el Gobierno que favorece la concentración económica. Si bien la rebaja del impuesto corporativo fue una promesa de campaña del sector que ganó, me opongo tenazmente a la invariabilidad tributaria porque amarra a cuatro, cinco o seis futuros gobiernos por un periodo de hasta 25 años. Esto es un grave error que crea una economía dual: las empresas con proyectos de 50 millones de dólares o más quedan protegidas con privilegios ante el Servicio de Impuestos Internos y la justicia, mientras que las pequeñas y medianas no acceden a esa protección, vulnerando la igualdad ante la ley y la igual repartición de las cargas públicas.

Como integrante de la comisión de Constitución, ¿qué argumentos fundamentan el requerimiento que se presentará ante el TC contra esta medida?

Hay argumentos de forma y fondo: en la forma, la Constitución establece que Chile es una república democrática donde la soberanía reside en el pueblo y se ejerce por autoridades elegidas por periodos determinados, no facultadas para amarrar impuestos por 25 años mediante una ley simple en lugar de una reforma constitucional. En el fondo, se viola el principio de igualdad al crear una parte protegida de la economía basada solo en la capacidad financiera. Además, otorgar esta invariabilidad a empresas extranjeras públicas, como las chinas, funciona como un tratado internacional que entrega soberanía y amarra de manos al país incluso si el precio del cobre subiera drásticamente, impidiendo al Estado recuperar esas ganancias extra. No estoy dispuesto y voy a recurrir con todo el Tribunal Constitucional para desarmar eso.

¿Cómo proyecta la votación de este proyecto el martes que viene en la Cámara de Diputados y qué rol jugará el Partido de la Gente (PDG) en una posible comisión mixta?

Si el PDG —que a veces cuesta determinar su actuar— mantiene el compromiso de aprobar el megaproyecto, este pasará rápido y sin problemas, ya que la derecha cuenta con los votos para lograr la mayoría. Sin embargo, si deciden cambiar de opinión, el Gobierno no tendrá los votos necesarios y la discusión tendría que resolverse en una comisión mixta debido a las discrepancias entre la Cámara y el Senado.

En relación con la seguridad hídrica, ¿qué implicancias tiene la nueva ley de desalinización —que entrará en vigencia el 2027— para Atacama y qué riesgos medioambientales identifica en su implementación?

La desalinización es una solución que aún está «en veremos» y no es tan simple como parece, debido a la controversia sobre un impacto ambiental “indiscriminado”, que cuestionan grupos y expertos ecologistas. La devolución de soluciones salinas concentradas al mar puede acidificar el agua y afectar gravemente la fauna y flora marina, generando daños irreversibles. Aunque es una alternativa válida para el consumo humano en situaciones críticas, su uso indiscriminado para riego o minería requiere regulaciones ambientales y técnicas muy estrictas que hoy apenas estamos empezando a definir.

Desde el Gobierno se lleva adelante el proyecto de ley de patentes mineras, que busca “eliminar trabas administrativas para pequeños y medianos mineros”. ¿Cuál es la importancia de revisar las gestiones de las administraciones anteriores previo a su implementación?

Se está intentando corregir un error del gobierno del presidente Piñera, quien subió el precio de las patentes para financiar la PGU, afectando a mineros de todo escala. Eso se arregló en el gobierno del presidente Boric en parte, pero fue «porfiada» la exministra de Minería Aurora Williams y no realizó bien las correcciones necesarias, permitiendo que las grandes empresas sigan especulando con extensiones territoriales tremendas mediante patentes bajas. Lo ideal sería que si las grandes mineras no explotan el territorio, este vuelva a terreno franco para que pequeños y medianos mineros puedan operar, en lugar de facilitar que las grandes compañías cubran el país con pedimentos de exploración baratos.

Usted se ha referido a los cobros de peajes y TAG como un «tema abusivo». ¿Qué acciones legislativas propone frente a lo que considera un “impuesto encubierto”?

Los peajes se han transformado en un método para captar impuestos sin pasar por el Parlamento, sino que renovando contratos de concesión con las autopistas, lo cual es una aberración dado que muchas carreteras ya se pagaron con los peajes desde los años 90. Por ejemplo, el Túnel El Melón, que es la primera obra concesionada, se ha pagado como cuatro veces. Por eso estamos impulsando una comisión investigadora para frenar estos cobros exagerados que hoy pesan en el bolsillo de la ciudadanía más que los gastos básicos de luz o agua. Las carreteras son bienes nacionales de uso público y no tener alternativas gratuitas atenta contra la libertad de desplazamiento; por ello, lucharemos por rebajar estos costos y eliminar multas injustas.

¿Qué importancia le asigna a la reciente aprobación de la Ley Valentín para la seguridad en edificios de altura?

Es un avance urgente y relevante que permite instalar protecciones como mallas en edificios sin que las administraciones puedan impedirlo, evitando tragedias que han costado la vida de niños y adultos mayores. Todas las medidas de seguridad para proteger la vida siempre son relevantes. Ahora, ¿debemos obligar a las constructoras a que coloquen todo tipo de protecciones para evitar accidentes? La tendencia debería ser establecer siempre medidas mayores de seguridad, pero creo que también hay que dejar ciertos márgenes.

¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación actual de Codelco?

Codelco no debe ser privatizada, pero hay que sacar las “manzanas podridas” que han dañado la empresa. Propuse al presidente Boric y ahora también a este Gobierno una comisión asesora presidencial de alto nivel para investigar el deterioro de los últimos 25 años, ya que la compañía está sobreendeudada y produce mucho menos de lo que prometió hace una década. Ha habido manipulación de números en la producción y ejecutivos que ocultan accidentes o favorecen a empresas de familiares, o incluso captura en algunos lugares por dirigentes sindicales o supervisores. Debemos mejorar su gestión y fiscalización para que vuelva a arraigarse en el pueblo y cuidarlo, porque la gente que cree que todo es mejor en el mundo privado va a tratar de privatizarlo.