Destacan vigencia de Ley de entrevistas videograbadas
Con 603 entrevistadoras y entrevistadores acreditados en todo el país y un total de 224 salas especiales de toma de declaración, se ha implementado la Ley de entrevistas videograbadas, que regula la toma de declaraciones de niños, niñas y adolescentes dentro de un proceso penal. Su propósito es evitar preguntas inadecuadas, repetitivas y excesivas, además de resguardar la privacidad y seguridad de los menores de edad, garantizando un relato voluntario sin contaminación de información de terceros.
En la región de Atacama se han realizado 921 entrevistas, mientras que las intermediaciones han ascendido a 87, contando para ello con 22 entrevistadores acreditados en el Registro que administra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contando, además, con ocho salas especiales distribuidas en distintas comunas de la región.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay Pérez señaló que “la implementación de esta ley ha permitido evitar las consecuencias negativas que puedan sufrir los niños, niñas y adolescentes con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las distintas etapas de un proceso penal, previniendo con ello el proceso de victimización secundaria”.
“Con la puesta en marcha de esta ley en nuestra región, y posteriormente en el resto del país, junto a una serie de iniciativas legislativas impulsadas por nuestro Presidente Gabriel Boric, se materializa un cambio de paradigma respecto de cómo se enfrentan las problemáticas que aquejan a la Niñez y la Adolescencia en Chile, reconociéndose a los niños y niñas como sujetos de derechos, estableciéndose obligaciones específicas al Estado para garantizar su desarrollo integral”, finalizó el seremi de Justicia y DDHH de la región de Atacama.
La seremi de Gobierno de Atacama, Sofía Vargas Roberts destacó “esta ley que se hace cargo de niños, niñas y adolescentes, asumiendo el compromiso del Presidente Gabriel Boric, de dar protección y derechos por parte del Estado, resguardando su integridad física, social y mental, sin prejuicio de discriminación por sexo, raza, edad o religión. Además del trabajo intersectorial, que brinda más herramientas en la consecución de resultados positivos en el acceso a la justicia”.
El compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, con la total implementación de esta ley, reafirma su preocupación en la protección de los derechos de los niños y los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño y estándares internacionales para la protección de niños, niñas y adolescentes, víctimas y testigos de delitos.
