¿Cómo se lee la Megarreforma del presidente Kast en Atacama?

• ¿Reducir impuestos a empresas se traduce en inversión?, ¿se destraban proyectos?, ¿se crean empleos reales?, ¿cuál es la pérdida recaudación fiscal?, ¿quién gana y quién pierde? Cuatro actores del mundo público y privado entregan su visión de lo que significa este proyecto para la región.
• La Sala del Senado apruebó en general la idea de legislar la megarreforma por un voto este miércoles.

Este miércoles 24 de junio se discutió por más de cuatro horas en la sala del Senado el proyecto de Mega Reforma impulsado por el gobierno del presidente Kast. Su tramitación, tan veloz como criticada, ha generado tensiones en relación a crecimiento económico, sostenibilidad fiscal, impacto ambiental, estabilidad jurídica a largo plazo.

La votación del proyecto alcanzó el mínimo necesario para pasar a su revisión en comisiones. Con 26 votos a favor, una abstención y 23 en contra, se avanzará en la tramitación  esta iniciativa impulsada por el Gobierno que contempla medidas como rebajas tributarias, agilización regulatoria e invariabilidad fiscal por hasta 25 años para grandes inversiones, y que ha sido defendida por el Ejecutivo como un motor de reactivación económica. Desde la región de Atacama emergen miradas divergentes sobre sus implicancias.

Inversión: certeza jurídica y reactivación económica

Desde la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA), el foco está puesto en la necesidad de generar condiciones que permitan destrabar proyectos de inversión. Juan José Ronsecco, su presidente explicó que “la rebaja al Impuesto de Primera Categoría y los incentivos al empleo van en la dirección correcta para devolverle el dinamismo al país. Sin embargo, para que se traduzca en inversión en Atacama, es condición necesaria desatar el nudo de la ‘permisología’, implementando criterios de eficiencia local que no frenen el desarrollo minero o agrícola de nuestra región”.

“El sector privado tiene interés en asumir riesgos en infraestructura si se le entregan certezas. Simplificar procesos y unificar criterios reduciría costos al Estado, permitiendo resoluciones ambientales y sectoriales más eficientes. Si logramos destrabar la cartera de inversión, es posible que el dinamismo económico amortigüe la caída de la recaudación fiscal, poniendo nuevamente en marcha nuestra economía, agregó.

Desde la entidad destacan que la región requiere mayor dinamismo económico, especialmente en sectores como la minería y la energía, donde existen iniciativas detenidas por largos procesos regulatorios: “La invariabilidad tributaria es un atractivo, pero la reforma debe sentar bases de una institucionalidad sólida. La certeza jurídica no debiera ser tema si el marco legal es claro; la modernización del Estado debe consolidar agencias técnicas donde el inversionista sepa exactamente a qué reglas atenerse, invirtiendo con la tranquilidad de que las reglas no cambiarán durante las próximas dos décadas”.

Marco constitucional: límites a la invariabilidad tributaria

Desde el ámbito jurídico, el abogado constitucionalista y académico de la UDA Rodrigo Pérez advierte: “En ninguna parte de la Constitución de 1980 el legislador está obligado a respetar esta clase de plazos. Muchas leyes tienen más antigüedad como la que regula las Administradoras de Fondos de Pensiones y los legisladores han mantenido la regularidad de mejorar dicho sistema estableciendo reformas parciales que han intentado beneficiar a los ciudadanos/as. Por tanto, el legislador mediante una mayoría parlamentaria podría ejerciendo sus potestades soberanas reformar dicho plazo de 25 años”.

Según explicó, este mecanismo podría tensionar principios como la igualdad ante la ley y la capacidad del Estado para adaptar su política fiscal en el tiempo: “El legislador debe asegurar que no se afecte el principio de igualdad ante la ley ni la no discriminación en materia económica. Este mecanismo de largo plazo podría tensionar principios fundamentales y la capacidad del Estado para adaptar su política fiscal a través del tiempo según las necesidades del país”.

Medioambiente: alertas por aceleración de proyectos

Desde la Colectivo de Defensa del Medioambiente de Atacama (CODEMAA), en tanto, las principales preocupaciones apuntan al impacto que podría tener la agilización de proyectos en territorios ya expuestos a presión ambiental, lo que representaría un riesgo de desregulación.Cecilia Aguilera, explica que representa un grave retroceso en materia ambiental y de participación ciudadana: “Bajo el discurso de agilizar la inversión, se busca reducir controles y debilitar la institucionalidad ambiental, limitando la defensa de los territorios. La experiencia demuestra que cuando se flexibilizan las normas, quienes pagan las consecuencias son las comunidades y los ecosistemas, mientras los beneficios se concentran en grandes grupos económicos”.

La organización advierte que una menor exigencia regulatoria podría profundizar problemáticas existentes en la región, especialmente en zonas vinculadas a la actividad minera: “En Atacama conocemos los conflictos socioambientales y no aceptamos que se flexibilicen normas para proyectos con impactos irreversibles sobre nuestros recursos naturales. Advertimos sobre los peligros de una menor fiscalización y el riesgo de proteger iniciativas cuyas calificaciones ambientales puedan resultar legalmente defectuosas”

Empleo y calidad del trabajo

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Copiapó pone el acento en cómo se traducirán estas medidas en empleo real para la región. Desde el mundo sindical advierten que el crecimiento económico no necesariamente garantiza mejores condiciones laborales, y plantean la necesidad de asegurar empleo estable y con derechos.

Emilio Diaz Aguilera, Tesorero de la CUT de Copiapó, aseguró que “combatir el trabajo precario es fundamental y la reforma no lo garantiza; por el contrario, podría generar más subcontratación. Se debería trabajar para erradicar la precariedad laboral, pero este proyecto no asegura un mecanismo que mejore realmente la calidad del trabajo ni la estabilidad de los trabajadores en regiones de sacrificio”.

“Existe el riesgo de que la menor recaudación afecte políticas públicas esenciales como la capacitación. La rebaja de impuestos a grandes empresas no es el camino; lo correcto sería combatir la elusión y la evasión tributaria para fortalecer el Estado, recuperar esos recursos y apoyar el desarrollo integral de los trabajadores bajo una mejor fiscalización”, agregó.

Mientras algunos sectores valoran su potencial para reactivar la inversión, otros advierten riesgos en materia fiscal, ambiental y laboral, en un debate que también abre interrogantes sobre el margen de acción de los futuros gobiernos. La urgencia en la tramitación de este proyecto lleva a preguntarse si existen reformas más importantes que requieren atención, por ejemplo, el control de la elusión y evasión de impuestos.