Carolina Martínez, geógrafa: “No puede haber un proyecto que se resista a la evidencia científica”

• La académica del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora del Centro UC Observatorio de la Costa advierte sobre los riesgos ambientales del plan para desarrollar más de 420 hectáreas fiscales en Bahía Inglesa. Cuestiona la falta de participación ciudadana y plantea que el Estado debe resguardar los ecosistemas costeros frente a la presión inmobiliaria y los efectos del cambio climático. “El Estado hoy en día busca descentralizarse, también participación ciudadana, y sobre todo sostener sus decisiones sobre la mejor evidencia científica. Y todos estos actores no fueron convocados en este proyecto, por eso hay un malestar”, reflexiona.

Tras el anuncio del Gobierno de impulsar un desarrollo turístico e inmobiliario en Bahía Inglesa se abrió un debate sobre lo que podría significar la licitación. Mientras las autoridades destacan las oportunidades de inversión, Carolina Martínez advierte que cualquier intervención debe considerar la fragilidad del ecosistema, la erosión costera y la disponibilidad de agua, además del valor del patrimonio paleontológico.

Geógrafa, magíster en Geografía por la Universidad de Chile y doctora en Geografía por la Universidad de Barcelona, Martínez es académica del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora del Instituto Milenio en Socioecología Costera (SECOS). Conversa vía telefónica con Diario Chañarcillo para abordar la contingencia.

Pensando en su especialidad, ¿cómo recibió el anuncio de la licitación de terrenos fiscales en Bahía Inglesa?

Con bastante sorpresa. No tengo registro de que se haya planteado de esta manera, bajo ese eslogan de “venta de terrenos de playa” que deberían ser resguardados por el Estado. Lo que más me llama la atención es que se instale un modelo de negocio a costa de la sostenibilidad de ecosistemas marino-costeros que en Chile están en una condición muy crítica y de mucha vulnerabilidad frente a eventos extremos asociados al cambio climático.

Hay una causa más profunda: considerar la costa como un enclave de materias primas para un modelo de desarrollo que está fuera de foco respecto de lo que hoy se plantea en materia de adaptación al cambio climático… Se sigue considerando a los ecosistemas costeros como una cantera de la que se extraen recursos, o se promueve un turismo que termina destruyendo el mismo ecosistema que debería proteger para ser sostenible. Se sigue considerando a los ecosistemas costeros como una cantera de la que se extraen recursos, o se promueve un turismo que termina destruyendo el mismo ecosistema que debería proteger para ser sostenible.

Para Martínez, Bahía Inglesa no es un territorio comparable con otros destinos turísticos. Su patrimonio paleontológico y la fragilidad de sus playas, explica, obligan a evaluar con especial cuidado los efectos de nuevas urbanizaciones. A eso se suman la activación de quebradas, los problemas de escasez hídrica y la dependencia de una planta desaladora para el abastecimiento de agua, además del riesgo de tsunami, por ejemplo.

¿Qué riesgos implica proyectar un desarrollo de esta magnitud sin considerar esas condiciones?

Hay que preguntarse cómo se va a gestionar la urbanización y el agua potable que se va a requerir si se duplica o triplica la población. Estos proyectos se proyectan para décadas, tanto para las personas que van a vivir ahí o tendrán una segunda residencia como para la economía que se pretende sostener.

No puede haber un proyecto que se resista a la evidencia científica, porque es partir mal y condenar una iniciativa que podría tener una idea positiva a una vida muy corta, además de incubar conflictos socioambientales. Hay que entender cómo funciona esta costa y cuál es su capacidad para sostenerlas sin comprometer los ecosistemas.

El rol del Estado y la participación ciudadana

La especialista vincula los cuestionamientos al proyecto con la falta de una “política pública robusta” para proteger las costas. A su juicio, el Estado no debe limitarse a administrar los terrenos fiscales, sino que tiene la responsabilidad de resguardar los ecosistemas que permiten enfrentar los efectos del cambio climático y reducir los riesgos para la población.

Martínez es directora del Centro UC Observatorio de la Costa, la cual lidera una propuesta de Ley de Costas para Chile, sustentada en evidencia científica y se ha especializado en evolución costera, morfodinámica de playas y riesgos costeros, con aplicaciones a la planificación territorial y las políticas públicas.

 ¿Cuál debería ser la responsabilidad del Estado, más allá de la administración de los terrenos fiscales?

La causa de fondo tiene que ver con que Chile no cuenta con una ley de costas. Los ecosistemas de playas, que se consideran bienes nacionales de uso público, deben resguardarse junto con el conjunto del sistema costero: las dunas, los cursos inferiores de las cuencas, los humedales y el espacio marino adyacente.

En los países que tienen una normativa costera robusta, el Estado cumple un rol garante de la protección de estos ecosistemas, que son necesarios para la adaptación al cambio climático y para proteger la vida humana frente a los desastres. La costa no es solamente un espacio disponible para desarrollar actividades económicas, también es un bien común que debe resguardarse y al que la ciudadanía tiene derecho de acceso y uso.

“Lo que más me llama la atención es que se instale un modelo de negocio a costa de la sostenibilidad de los ecosistemas marino-costeros, que en Chile están en una condición muy crítica y de mucha vulnerabilidad por eventos extremos asociados al cambio climático”, advierte la especialista en evolución costera, morfodinámica de playas y riesgos costeros, con aplicaciones a la planificación territorial y las políticas públicas.

¿Qué debería ocurrir antes de avanzar con una iniciativa como esta?

Lo que queda es convocar realmente a procesos más participativos y democráticos. Debió existir, como mínimo, una consulta ciudadana o una consulta pública que permitiera a la academia, a las partes interesadas y a los actores sociales entregar su opinión…

Las decisiones verticales, que se imponen sin considerar a quienes tienen conocimiento sobre el territorio, son formas que están en desuso. No se trata solamente de proyectar ganancias o activar la economía, sino de que el proyecto tenga viabilidad social y ambiental. Hay un malestar no solo de los ciudadanos, sino también de la academia, que podría haber aportado antecedentes sobre los cambios en la costa y los efectos de los eventos extremos.

Se ha advertido, también, que este tipo de iniciativas podría contribuir a la percepción de Atacama como una zona de sacrificio…

En la región hay una historia que ayuda a entender por qué ese concepto está presente en la percepción de las personas. La erosión costera está dejando expuestos relaves y existen impactos de actividades productivas que se arrastran durante décadas. Hoy tenemos evidencia científica y condiciones para avanzar hacia actividades económicas más sostenibles. También hay que considerar el impacto de las desaladoras sobre el ecosistema marino, cuyos efectos todavía no conocemos bien.

Si se pretende avanzar desde una primera etapa de alrededor de 80 hectáreas hacia un desarrollo de más de 400 hectáreas, imponiendo una actividad sin considerar el patrimonio paleontológico y la singularidad del paisaje, se refuerza esa percepción de zona de sacrificio. Esta es una costa particular, con una herencia paleontológica que debe protegerse. El proyecto tendría que resguardar esa condición y considerar la dinámica del ecosistema, de lo contrario, lo que se proyecta como desarrollo puede terminar siendo una pérdida para las siguientes generaciones.

¿Qué le preocupa de la señal que se entrega cuando el Estado pone a la venta estos terrenos?

Me sorprende que el Gobierno Regional y los municipios se sometan a una visión tan centralista, asociada a Hacienda o a Economía, cuando se trata de un territorio que tiene características muy particulares. En el fondo, poner a la venta terrenos de playa es vender la playa y eso no corresponde en ningún país que cuente con normas robustas para proteger los bienes nacionales de uso público.

Es muy impactante la noticia porque instala la idea de que el Estado puede vender su patrimonio y sus espacios comunes; el Estado debería ser garante y protector de estos espacios, que son una herencia común y deben poder proyectarse hacia las siguientes generaciones.