Atacama frente al crimen organizado: avances, preocupaciones y llamados de acción
La región de Atacama vive un momento crucial en su lucha contra el crimen organizado. Las autoridades locales destacan avances significativos en la reducción de delitos, pero también advierten que la batalla está lejos de terminar. Entre los esfuerzos institucionales, las críticas políticas y las demandas ciudadanas, la seguridad pública se mantiene como uno de los temas más sensibles y urgentes de la agenda regional.
La seremi de Seguridad Pública, Lorna Bown, subrayó que, si bien persisten los desafíos, la región ha avanzado “en la dirección correcta”. Según informó, Atacama presentó una variación a la baja del 17,7% en delitos asociados al crimen organizado, una cifra que considera alentadora.
“Estos resultados refuerzan nuestro compromiso total de seguir trabajando con fuerza y coordinación con nuestras policías y la Fiscalía, para desmantelar las bandas criminales y fortalecer la seguridad”, afirmó Bown.
La autoridad destacó que, a nivel nacional, Atacama ya no figura entre las diez comunas más afectadas por este tipo de delitos. Sin embargo, insistió en que estos avances “no deben generar complacencia”, sino servir como impulso para mantener la tendencia a la baja en el tiempo.
Desde otro frente, la diputada y candidata al Senado Sofía Cid Versalovic lanzó duras críticas al Gobierno por lo que considera una “alarmante rebaja” en el presupuesto destinado a seguridad, especialmente en la lucha contra el crimen organizado.
“Aunque el Gobierno recorte el presupuesto en seguridad, nosotros no bajaremos los brazos”, sentenció Cid.
Según datos del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO-USS), Copiapó se ubica en el puesto 13 a nivel nacional con 1.412 delitos vinculados al crimen organizado durante 2024. Pese a esta cifra, el Presupuesto 2026 contempla una reducción del 31,7% en el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado, pasando de $88 mil millones a $60 mil millones.
Cid acusó al Ejecutivo de una “desconexión absoluta con la realidad regional” y cuestionó el aumento del presupuesto en otras áreas, como cultura, mientras los programas de prevención del delito y fortalecimiento policial sufren recortes.
“La seguridad de nuestras familias no puede depender de las prioridades políticas de turno. Si no hay voluntad desde La Moneda, la vamos a reemplazar con trabajo y decisión desde las regiones”, declaró la parlamentaria.
El diputado Cristian Tapia, también de Atacama, se mostró alarmado por la magnitud del problema y la falta de recursos policiales para enfrentarlo. Tapia recordó que el avance del crimen organizado “fue advertido hace años” y pidió medidas más drásticas.
“Tenemos un déficit de carabineros y de la PDI. Aquí tenemos que echar mano sí o sí a nuestras fuerzas militares”, señaló.
El legislador planteó que los militares del regimiento 23 de Copiapó deberían desplegarse en carreteras y puntos críticos para frenar el ingreso y movimiento de organizaciones criminales. Recordó un reciente caso en que delincuentes provenientes de Valparaíso atravesaron varios peajes sin ser detenidos.
“El crimen organizado genera temor y desconfianza en la ciudadanía. Debemos actuar con fuerza y no dejar a la gente a la deriva”, enfatizó.
Por su parte, el senador Rafael Prohens advirtió que la situación en Copiapó “es preocupante” y refleja la necesidad de una respuesta estatal más firme y coordinada.
“No podemos permitir que Atacama quede marcada por la inseguridad. Tenemos que enfrentar esta realidad con decisión y con más presencia del Estado”, señaló.
Prohens insistió en que la seguridad ciudadana debe ser prioridad, no solo para garantizar la tranquilidad de las familias, sino también para que la región “siga siendo un territorio de progreso y oportunidades”.
Pese a los avances en reducción de delitos, Atacama sigue enfrentando el desafío de consolidar una estrategia sostenida contra el crimen organizado. La coordinación entre autoridades, policías, municipios y comunidad será clave para evitar retrocesos.
Entre los discursos políticos y las cifras, el mensaje que más resuena es el de unidad y acción: mantener la seguridad como prioridad y no permitir que la delincuencia defina el futuro de la región.