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Alcalde Cicardini por Ley de Seguridad Municipal: “Debe primar la responsabilidad, la autonomía municipal y la voluntad de corregir aquello que no se hizo bien”

Maglio Cicardini, alcalde de Copiapó y presidente de la Asociación Regional de Municipios de Atacama (ARMA), valoró la apertura de una nueva mesa de trabajo con el Gobierno, pero advirtió que el proceso debe traducirse en cambios concretos y recoger las observaciones de los municipios.

El alcalde de Copiapó y presidente de la Asociación Regional de Municipios de Atacama (ARMA), Maglio Cicardini, se refirió al retiro desde la Contraloría General de la República del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal y a la apertura de una nueva mesa de trabajo con alcaldes convocada por el Gobierno.

Cicardini evitó calificar la decisión como un triunfo de los alcaldes o una derrota del Ejecutivo. “La seguridad de nuestros vecinos es demasiado importante para reducir esta discusión a quién ganó o perdió una controversia política”, sostuvo.

A su juicio, el retiro permitió recoger una preocupación que, según plantea, fue transversal entre los municipios. “Lo relevante es que existió una preocupación transversal del mundo municipal, que fue escuchada, y que el Gobierno tomó la decisión correcta al retirar el reglamento para revisarlo”, afirmó.

Uno de los principales reparos apunta a la disposición que vinculaba determinadas obligaciones municipales con una eventual causal de cesación del cargo de los alcaldes. Para Cicardini, “el contenido generaba una evidente incertidumbre jurídica al vincular una eventual falla administrativa con el cese de un alcalde. Las responsabilidades y sanciones deben estar claramente establecidas en la ley, ser proporcionales y respetar plenamente la Constitución”.

Sin embargo, el alcalde plantea que el problema no estuvo únicamente en el contenido de esa disposición, sino también en la forma en que se elaboró y presentó el reglamento. “También fue grave la falta de diálogo previo. Los municipios somos quienes conocemos el funcionamiento cotidiano de la seguridad territorial y quienes debemos implementar buena parte de estas disposiciones”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó que el reglamento haya avanzado hasta Contraloría sin un trabajo previo que, a su juicio, incorporara suficientemente la perspectiva municipal. “No es razonable que una norma de esta importancia avance hasta la Contraloría sin un trabajo técnico y político suficiente con los alcaldes y las asociaciones municipales”, afirmó.

Cicardini enfatizó que la posición de los municipios no busca exceptuarlos de responsabilidades. “No estamos pidiendo privilegios ni impunidad. Estamos solicitando reglas claras, seguridad jurídica y participación efectiva en las decisiones que tendremos que ejecutar en nuestras comunas”, planteó.

La nueva mesa de trabajo convocada por el Gobierno fue valorada por el alcalde de Copiapó, aunque advirtió que deberá tener capacidad efectiva para modificar el reglamento. “Esperamos que sea una mesa de trabajo real, con capacidad de escuchar, incorporar observaciones y alcanzar acuerdos concretos; no solamente una instancia para informar decisiones previamente adoptadas”, sostuvo.

Entre los aspectos que el presidente de ARMA considera necesarios de precisar están las atribuciones y límites de la seguridad municipal, la coordinación con Carabineros, la PDI y el Ministerio de Seguridad Pública, además de los recursos y la capacitación requeridos para implementar las nuevas funciones.

Cicardini también puso énfasis en las diferencias entre municipios al momento de aplicar la normativa. “Una comuna como Copiapó tiene desafíos muy diferentes a los de una comuna de la Región Metropolitana, y esa diversidad debe estar representada”, afirmó.

Nuevas mesas técnicas

Las mesas técnicas comenzaron este lunes en la Subsecretaría de Prevención del Delito y contemplan nueve sesiones destinadas a revisar el reglamento general antes de un eventual nuevo ingreso a Contraloría. En este contexto, Cicardini sostuvo que los municipios están disponibles para participar, pero puso el foco en el resultado del proceso: “Lo importante es que las observaciones municipales queden efectivamente reflejadas en el nuevo texto”.

El alcalde también evitó plantear el episodio como un quiebre político entre el Gobierno y los municipios, aunque reconoció que deja una señal respecto de la forma en que se ha desarrollado el proceso. “La confianza institucional se construye con diálogo oportuno, transparencia y respeto por las competencias de cada nivel del Estado. No basta con convocar a los municipios cuando surge una controversia; debemos ser incorporados desde el inicio en la elaboración de aquellas políticas que tendremos que implementar”, afirmó.

“La mejor manera de recuperar y fortalecer esa confianza es que la mesa convocada produzca un reglamento técnicamente sólido, constitucionalmente correcto y construido de manera transversal. El país necesita que el Gobierno y los municipios trabajemos juntos, concentrados en entregar mayor seguridad a las familias y no en disputas que nos alejen de esa tarea”, concluyó.