Gobierno retira urgencia y posterga votación de proyecto de Megarreforma en el Congreso

• Mientras el país continúa enfrentando las consecuencias del sistema frontal que dejó 13 fallecidos, más de 61 mil personas aisladas y sobre 29 mil viviendas dañadas, el debate político y económico no se ha visto interrumpido. La Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión mixta sobre la Megarreforma; sin embargo, durante la noche de este miércoles el Senado postergó su votación.

El Gobierno retiró la urgencia del proyecto y aplazó su despacho hasta agosto con el fin de evitar una votación que jugara en contra, considerando la pérdida de votos clave en el Senado. La decisión se tomó tras advertir que no contaba con los 26 respaldos necesarios para ratificar la propuesta de la comisión mixta, especialmente tras el retiro anticipado del senador Enrique van Rysselberghe (UDI).

La decisión se produce tras una serie de cuestionamientos por parte de la oposición, organismos técnicos y diversos actores políticos respecto de materias como la sostenibilidad fiscal, el régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones y la rapidez con que avanzó la iniciativa. En la Región de Atacama, el avance del proyecto ha generado también opiniones cruzadas.

Desde el oficialismo, el diputado Ignacio Urcullu (REP) defendió la celeridad y la esencia del proyecto, señalando que existe voluntad política para destrabar los puntos pendientes. Según el parlamentario, la reforma es una “apuesta valiente para revertir el estancamiento económico del país”. “La única certeza que tenemos es que haciendo lo mismo, no podemos obtener resultados distintos. La reforma del exministro Arenas nos demostró que estamos estancados en lo económico, un crecimiento que no ha superado un 2,5% y que nos tiene al borde de superar los dos dígitos de desempleo y con la posibilidad de entrar en recesión”, agregó.

Para el diputado republicano, esto permitiría mirar al futuro con «reglas claras» y generar empleos estables: “Los gobiernos de izquierda nos prometieron que con mayores impuestos, el país lograría recaudar más y mejorar la calidad de vida de los chilenos. Sin embargo, no ha sido así, ya que les han cambiado progresivamente las reglas del juego a grandes inversionistas, lo que los ha ahuyentado y tampoco fueron capaces de retirar capitales en el extranjero”, sostuvo.

Compensación municipal y debate ambiental

Ante una menor recaudación para los municipios, la estrategia del Gobierno consiste en que la Tesorería General de la República (TGR) se encargue de repartir los recursos a cada municipalidad, para que así reciban la misma cantidad de dinero que habrían percibido si la exención de impuestos no existiera. Por otro lado, será el Servicio de Impuestos Internos (SII) quien calculará el monto de dinero con el que se debe compensar a los municipios cada año.

“Es un cambio de fondo: pasa de una compensación genérica y desconectada de la realidad de cada comuna, a una compensación proporcional y específica, pero con la condición nueva de que el municipio mejore su gestión de permisos, algo que el artículo original no exigía”, sostuvo el diputado republicano.

Sin embargo, desde la oposición, el diputado Juan Santana (PS) se enfocó en su impacto en la región advirtiendo que “en Atacama esto pega distinto: comunas como Freirina, Alto del Carmen o Chañaral recaudan muy poco impuesto territorial y viven del Fondo Común Municipal. Es decir, el beneficio se concentra donde las propiedades valen más, y el riesgo lo corre el fondo que financia a las comunas que recaudan menos”.

Además, el diputado calificó de “una vergüenza” la exclusión de Atacama y Coquimbo de los fondos de reconstrucción inmediata, sumándose a la denuncia de un “portazo” a las zonas afectadas por el temporal.

En esa línea, y consultado por el planteamiento que ha llevado el Gobierno sobre la inversión y la «permisología”, el diputado indicó que “esa es una palabra que instalaron para que suene a burocracia inútil, y no es así. Los permisos son la forma en que el Estado decide si un proyecto se puede hacer y en qué condiciones. Que un procedimiento demore ocho años es un problema real y hay que modernizarlo, en eso estoy de acuerdo. Pero acortar plazos no es lo mismo que decidir mejor”.

“Si el Estado va a revisar más rápido, tiene que revisar mejor, y hoy no tiene con qué. Y hay algo que a mí me parece derechamente absurdo: si después un tribunal deja sin efecto un permiso mal otorgado, el que paga la cuenta es el Estado. Eso no es dar certeza a la inversión, es trasladarle el riesgo del negocio al fisco. En Atacama esto es concreto, la cuenca del Copiapó arrastra hace años derechos otorgados por sobre lo que el acuífero repone, y eso no se resuelve acelerando permisos”, agregó.

En esa línea, Santana cuestionó otra de las normas incorporadas en la reforma: la posibilidad de que una empresa sea indemnizada por el Estado cuando un tribunal deje sin efecto una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ya otorgada. A su juicio, el mecanismo traslada al fisco el costo de errores en la evaluación ambiental y modifica el régimen de responsabilidad del Estado. En ese contexto, advirtió que “en Atacama sabemos lo que cuesta reparar un daño ambiental. Chañaral lleva décadas esperando”.

La invariabilidad tributaria llega al Tribunal Constitucional

El punto de mayor fricción jurídica radica en la invariabilidad tributaria de hasta 25 años. El diputado Santana argumenta que este mecanismo es un “candado a la democracia” y una “vulneración a la soberanía”, ya que impide que futuros congresos puedan corregir la política fiscal según las necesidades del país. Para el diputado, ofrecer estabilidad tributaria por décadas es volver a competir como un país subdesarrollado.

Ante este escenario, el diputado Urcullú se mostró confiado, y señaló que, “aunque la oposición está en su derecho de recurrir al TC”, el proyecto «cumplirá con todos los filtros de constitucionalidad», lo que finalmente se reflejará en su aplicación en caso de que sea ley en agosto. En ese sentido, y consultado respecto al riesgo de la apuesta de bajar el impuesto del 27% al 23% para fomentar la inversión, el diputado Urcullú aseguró que “esto no es una apuesta al vacío, ya que no se trata de una innovación, sino que entramos a los rangos de impuesto corporativo de la OCDE, que han dado buenos resultados a nivel internacional”.