Desalojo y demolición de la toma Calicheros en Quilpué: un operativo masivo calificado como “tranquilo”
Quilpué, Región de Valparaíso.
En la madrugada de este martes se llevó a cabo el desalojo y demolición de la toma Calicheros, un asentamiento irregular de aproximadamente 140 viviendas levantadas en un terreno de la familia Correa. El procedimiento, que contó con la presencia de unos 250 carabineros y maquinaria pesada, fue calificado como “tranquilo” por las autoridades pese a la magnitud del despliegue.
Un litigio marcado por la tragedia
La ocupación ilegal arrastraba años de disputas judiciales. El conflicto escaló en 2020 con el asesinato del empresario Alejandro Correa, propietario del predio, crimen encargado por un ocupante ilegal denunciado previamente. Este hecho imprimió un giro dramático al proceso legal y reforzó las gestiones de la familia por recuperar el terreno.
El operativo policial
Según explicó la general de Carabineros Patricia Vásquez, jefa de la zona Valparaíso, el procedimiento incluyó refuerzos desde Santiago y efectivos locales para garantizar la seguridad. “Lo importante es que Carabineros está haciendo la cobertura de seguridad para que las máquinas puedan operar en terreno”, sostuvo.
El balance entregado al mediodía indicó un desarrollo sin mayores contratiempos, con una sola detención registrada: una persona con una orden de investigación pendiente.
Autoridades destacan salida voluntaria
El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, valoró la calma con la que se desarrolló el desalojo:
“Ha sido un proceso tranquilo, en calma, sin necesidad de uso de violencia por ninguna de las partes”.
De acuerdo con la autoridad, gran parte de los pobladores ya había abandonado el sector en los días previos, y al mediodía del martes se estimaba que más del 50% de las familias se había retirado voluntariamente. Muchas de ellas incluso desarmaron sus propias viviendas para rescatar materiales y enseres.
Demolición y destino del terreno
Durante la mañana, retroexcavadoras comenzaron la demolición de las construcciones. Una vez despejado el lugar, la familia Correa planea poner el terreno en venta. Sin embargo, el gobierno advirtió que las condiciones del sector no son aptas para un proyecto habitacional.
Medidas sociales de apoyo
El desalojo estuvo acompañado de un plan de apoyo social. Riquelme explicó que la Municipalidad de Valparaíso, junto al Ministerio de Desarrollo Social, habilitó un albergue de emergencia con capacidad inicial para 72 horas, plazo que podría extenderse.
El catastro preliminar registra unas 80 personas, aunque la cifra real sería mayor. “Vamos a dar todas las facilidades para que puedan inscribirse, incluso trasladarlos nosotros mismos al dispositivo social”, afirmó el delegado.
Además, se analiza la posibilidad de que algunos de los afectados postulen a subsidios habitacionales a través del Serviu.
Preocupación por nuevas tomas
Respecto al futuro del terreno, la autoridad regional informó que existe coordinación con la familia Correa para cerrar el perímetro y evitar nuevas ocupaciones. “Ellos van a tomar medidas adicionales para impedir el ingreso de maquinaria o vehículos”, explicó Riquelme.
El delegado también hizo un llamado a no recurrir a las tomas como alternativa habitacional:
“Hay una legislación bien clara al respecto y estamos desarrollando un plan especial de construcción de viviendas”.
Por ahora, no se han recibido denuncias de nuevas ocupaciones, y el foco está puesto en concluir la demolición y dar seguimiento a la situación social de las familias afectadas.