Concejala Paloma Fernández renunció al partido Poder Ciudadano
Asegura que “no es a través de una consulta ciudadana, liderada por unos pocos municipios, que se obtendrá una asamblea constituyente, sino que mediante la ciudadanía exigiendo sus derechos en las calles”.
(Por Frenny Kelly Granado). La concejala Paloma Fernández Valdés renunció este lunes al partido Poder Ciudadano (Comunes) y al Frente Amplio, y al mismo tiempo a la posibilidad de ser candidata alcaldesa o concejala en las próximas elecciones municipales, si se mantiene el actual sistema electoral.
Mediante un comunicado de prensa aseguró que dicha decisión se sustenta en que tiene su confianza puesta en el movimiento ciudadano y en su lucha contra la desigualdad y el abuso para lograr una Asamblea Constituyente que permita “cambiar las reglas del juego por mayor equidad y justicia”.
De igual manera denuncia que el “Acuerdo por la paz social y nueva Constitución” establecido por las “cúpulas políticas” reconoce que el país estuvo en guerra y, por lo tanto, “podría dejar nuevamente impune las violaciones a los derechos humanos, más aún si pensamos que este acuerdo se logra bajo la solapada amenaza de una salida militar al conflicto”.
Para la concejal este instrumento muestra claramente que no es a través de una consulta ciudadana que se obtendrá una asamblea constituyente, sino que será mediante la manifestación en las calles de la ciudadanía para exigir sus derechos.
Para ella esta medida perdió todo el piso político desde el momento en que los partidos firmaron el acuerdo, puesto que -según sostiene- así “aseguraron su parte del poder a través del sistema electoral propuesto y asimilando la asamblea constituyente a la convención constitucional”.
Todo esto, según dice en un comunicado de prensa, fue lo que llevó a la Asociación Chilena de Municipalidades a bajar la consulta ciudadana, considerando que el Servicio Electoral (SERVEL) tampoco la apoyaría, lo que lo llevó a convertirse “en un acto simbólico confuso y hasta instrumental de unos pocos municipios”.
En el caso de Copiapó, asegura, se invertirán 60 millones de pesos sin tener claridad en el objetivo, ni en lo que se hará con los resultados, ya que tanto parlamentarios como gobierno saben que millones de personas quieren una asamblea constituyente, “por lo que no podemos conformarnos con este tipo de medidas populistas y superficiales”.
“La ciudadanía quiere cambios reales y exige un nuevo pacto social a través de cambios estructurales profundos, pues no basta con hacer una nueva constitución, esta debe asegurar representatividad del mundo social no partidista, de las mujeres, de los pueblos originarios, de la diversidad sexual, de trabajadores, de las personas en situación de discapacidad, de los jóvenes, entre otros, para asegurar los derechos sociales que han permanecido tan ausentes en nuestra sociedad”.