Polémica por celebración del SLEP Atacama termina con renuncia de director
Una fuerte controversia pública se desató en la Región de Atacama tras la conmemoración del quinto aniversario del Servicio Local de Educación Pública Atacama (SLEP Atacama), actividad que, lejos de cumplir un carácter institucional austero, derivó en cuestionamientos políticos, una renuncia de alto nivel y el anuncio de eventuales investigaciones por parte de organismos fiscalizadores.
La ceremonia, realizada en el Casino Luckia de Copiapó, incluyó una puesta en escena que consideró limusina, banquete, regalos, iluminación profesional y registros audiovisuales con cámara 360°, imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron indignación ciudadana, especialmente por el contexto de crisis que atraviesa la educación pública en la región.
Desde el nivel central, el Ministerio de Educación emitió una declaración en la que lamentó lo ocurrido y reconoció que la actividad “no se ajustó a los principios que deben regir el ejercicio de la función pública, sobre todo en el ámbito educacional”.
Como consecuencia directa, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, solicitó la renuncia de Daslav Mihovilovic, quien se desempeñaba como director ejecutivo suplente del SLEP Atacama, la que se hizo efectiva a partir del domingo 11 de enero. Desde este lunes 12, el servicio continúa bajo subrogancia legal, asegurando —según se indicó— el funcionamiento normal del organismo y de los establecimientos educacionales de la región.
El SLEP Atacama precisó además que la actividad se realizó fuera del horario laboral, sin uso de recursos públicos y sin afectar el funcionamiento de colegios y liceos. Asimismo, afirmó estar a disposición de los organismos fiscalizadores para entregar toda la información y documentación que sea requerida.
Pese a la explicación oficial, la polémica escaló al plano político. La diputada por Atacama, Sofía Cid Versalovic, calificó el evento como “impresentable” y cuestionó duramente el nivel de ostentación mostrado por la dirección del servicio.
“Mientras miles de estudiantes y sus familias viven la crisis de la educación pública, vemos cómo funcionarios celebran con lujos. Si esto se financió con recursos públicos, sería aún más grave, considerando que se argumenta falta de presupuesto para reparar escuelas o mejorar la calidad educativa”, afirmó la parlamentaria.
Cid recordó que numerosos establecimientos de la región aún no han sido completamente reparados tras el sismo del año pasado y que existen denuncias por deudas con proveedores impagas desde septiembre de 2025, lo que, a su juicio, evidencia un grave problema de prioridades.
Uno de los puntos más sensibles denunciados por la diputada apunta a la empresa vinculada a la organización del evento, así como a otras firmas relacionadas bajo un mismo representante legal, las que habrían recibido contratos directos por transporte escolar que superan los $2.289 millones de pesos, adjudicados sin procesos de licitación pública.
“No aparece ninguna orden de compra registrada para financiar esta celebración. Eso deja un manto de dudas sobre el origen de los recursos y sobre posibles conflictos de interés que deben investigarse”, sostuvo Cid, quien anunció que solicitará formalmente la intervención de la Contraloría General de la República.
La controversia del SLEP Atacama vuelve a instalar el debate sobre probidad, transparencia y uso responsable de recursos en el sistema de educación pública, especialmente en territorios que enfrentan profundas brechas de infraestructura, financiamiento y confianza institucional.
Mientras desde el Gobierno se busca cerrar el episodio con la salida del director suplente y la disposición a fiscalizaciones, desde el Congreso y la ciudadanía se exige que las responsabilidades administrativas y eventuales irregularidades sean aclaradas en profundidad.
“Atacama no necesita más escándalos. Necesita respuestas, transparencia y un compromiso real con la educación pública”, concluyó la diputada Sofía Cid.