Obras en riesgo y empleos amenazados por incumplimiento en remesas fiscales
El incumplimiento en la entrega de remesas por parte de la Dirección de Presupuestos, denunciado por el Gobierno Regional y respaldado por la Cámara Chilena de la Construcción, compromete proyectos en ejecución, afecta a empresas y trabajadores locales y abre un escenario de creciente incertidumbre sobre la gestión del Gobierno Central en materia de inversión regional.
La continuidad de obras públicas y miles de empleos asociados al sector de la construcción en la Región de Atacama se encuentran en riesgo, luego de que el Gobierno Regional denunciara incumplimientos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) en la transferencia de remesas correspondientes a los últimos meses del año. Esta situación ha generado falta de liquidez, retrasos en pagos y un escenario de creciente incertidumbre para empresas contratistas, trabajadores y comunidades beneficiarias de proyectos actualmente en ejecución.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el Gobierno Regional de Atacama, el monto no transferido por la Dipres alcanzaría cerca de 20 mil millones de pesos, recursos aprobados por la Ley de Presupuestos y fundamentales para el normal cumplimiento de contratos y compromisos ya adquiridos. La falta de estas remesas no solo compromete la ejecución de proyectos en curso, sino que obliga a postergar pagos, genera incertidumbre en la planificación financiera de las empresas locales y amenaza directamente la estabilidad laboral de cientos de trabajadores vinculados a la inversión pública regional.
Frente a este escenario, el Gobernador Regional, Miguel Vargas, ingresó un oficio ante la Contraloría General de la República, denunciando el incumplimiento de la Dipres del Ministerio de Hacienda al no transferir las remesas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Según explicó la autoridad regional, esta situación vulnera disposiciones legales vigentes y deja al Gobierno Regional en la imposibilidad de cumplir compromisos con empresas contratistas, organizaciones sociales y servicios públicos, obligando a traspasar dichas obligaciones como deuda al presupuesto del año 2026, lo que equivale a cerca del 20% del presupuesto regional proyectado para ese período.
Desde el sector privado, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Atacama manifestó su profunda preocupación por el impacto que este retraso de recursos tiene sobre la actividad regional. Distintas voces del sector advierten que la falta de liquidez que afecta al Gobierno Regional y a servicios ejecutores como el SERVIU y el MOP pone en riesgo la continuidad de obras, el cumplimiento de contratos y la cadena de empleo asociada al sector, afectando directamente a empresas locales, trabajadores y comunidades, y comprometiendo además las propias metas de gestión que el Gobierno se ha propuesto.
Al respecto, el presidente de la CChC Atacama, Cristian Alzamora Zepeda, señaló que “en momentos en que se necesita que el Estado sea un motor de la reactivación, cuesta entender que no se cumplan los compromisos presupuestarios, generando incertidumbre y afectando proyectos, empleos y obras que impactan directamente en la calidad de vida de las personas. La inversión pública debe ser una señal de certeza y continuidad, especialmente en regiones como Atacama”.
Consejeros regionales también advirtieron que el no traspaso de recursos compromete convenios vigentes en áreas clave como salud, educación, vivienda y obras públicas, y que el impacto va más allá de las obras mismas, afectando el encadenamiento productivo y a numerosas familias que dependen directa o indirectamente de la inversión pública regional.
Cabe señalar que esta problemática ya fue denunciada a nivel nacional por los gobernadores de las regiones de Los Lagos, Biobío, Coquimbo, Maule y Aysén, quienes ingresaron oficios ante la Contraloría General de la República alertando que la no entrega de remesas vulnera la Ley de Presupuestos, el principio de legalidad presupuestaria y las instrucciones de ejecución y cierre financiero.
Tanto desde el Gobierno Regional como desde el sector empresarial se hizo un llamado a las autoridades centrales a resolver con urgencia esta situación y a actuar con eficiencia frente al impacto que esta decisión genera en los territorios, advirtiendo que la falta de certezas en la ejecución presupuestaria no solo afecta la planificación regional, sino que también debilita la confianza en el sistema de inversión pública y en la capacidad del Estado y sus actuales autoridades de cumplir oportunamente sus compromisos con las regiones.