Fiscalía formalizó investigación luego de indagar delito de prevaricación administrativa

La Fiscalía de Atacama formalizó una compleja causa de delitos de carácter penal administrativo que indaga en Copiapó y que tuvo su origen en el año 2017, año en que comenzaron distintas solicitudes de parte de la Sociedad Contractual Minera Atacama Kozan por obtener las autorizaciones ambientales que permitieran iniciar su proyecto de ampliación de su vida útil y que contemplaba relaves filtrados.

De acuerdo a los antecedentes conocidos en la formalización, frente a las mencionadas solicitudes el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama (SEA) solicitó pronunciamientos a la Dirección General de Aguas (DGA) y al jefe regional de Fiscalización y Medio Ambiente. En uno de estos informes, emanado en el año 2018 el director (s) de la DGA informaba que dicho proyecto generaría efectos adversos significativos sobre la cantidad de recursos renovables, en particular el agua, por lo que, su vía de ingreso debía ser un Estudio de Impacto Ambiental.

Según la investigación, una vez asumidos los imputados en sus respectivos cargos en agosto del año 2018, se desvinculó al funcionario que suscribió los oficios de la DGA que se oponían a la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto mencionado y se confeccionó un nuevo oficio dirigido al Servicio de Evaluación Ambiental completamente distinto.

Respecto de la calificación jurídica de estos hechos, la Fiscalía de Atacama argumentó que los hechos descritos configuran el tipo penal de prevaricación administrativa previsto y sancionado en el artículo 228 del Código Penal.