Entre avances y tensiones: el 8M se conmemora en Chile con debate sobre el futuro de los derechos de las mujeres
Por Vanessa Carrasco M.
La conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se desarrolla este año en un escenario político y social particularmente sensible en Chile. La llegada al gobierno del líder de ultraderecha José Antonio Kast ha reactivado debates históricos sobre los derechos de las mujeres, el rol del Estado en la promoción de la igualdad de género y el alcance de las políticas públicas orientadas a disminuir brechas estructurales. En este contexto, organizaciones feministas, académicas y diversos actores de la sociedad civil han advertido sobre el riesgo de eventuales retrocesos en derechos conquistados durante las últimas décadas, al tiempo que la opinión pública muestra percepciones complejas y, en algunos casos, contradictorias respecto del avance de la igualdad de género en el país.
El 8M no es únicamente una fecha conmemorativa, sino una jornada de movilización global que recuerda las luchas históricas de las mujeres por la igualdad de derechos políticos, laborales y sociales. En Chile, su significado se ha intensificado especialmente desde el ciclo de movilizaciones feministas iniciado en 2018 y reforzado posteriormente por las demandas de igualdad que emergieron en el contexto del estallido social de 2019 y del proceso constituyente. Estas movilizaciones instalaron con fuerza temas como la violencia de género, la corresponsabilidad en los cuidados, la autonomía económica de las mujeres y la necesidad de transformar estructuras institucionales que reproducen desigualdades.
Sin embargo, a pesar de los avances normativos y culturales de los últimos años, los datos muestran que la igualdad de género sigue siendo una tarea en desarrollo. Un estudio reciente de Ipsos realizado con motivo del Día Internacional de la Mujer revela que en Chile dos de cada tres personas consideran que es importante alcanzar la igualdad de género entre hombres y mujeres, lo que refleja un amplio consenso social en torno a este objetivo. No obstante, el mismo informe advierte una leve disminución en la valoración de esta prioridad respecto del año anterior, lo que podría indicar una cierta fatiga o reconfiguración del debate público en torno a estas materias.
La encuesta también muestra una paradoja significativa. Si bien el 65% de las personas en Chile cree que el país ha avanzado lo suficiente en otorgar los mismos derechos a hombres y mujeres, persiste una percepción relevante de desigualdad en ámbitos concretos. Por ejemplo, un 43% considera que los hombres siguen teniendo mayores oportunidades respecto de los tipos de trabajos que pueden desarrollar. Esta tensión entre la percepción de avance y la persistencia de brechas estructurales refleja uno de los desafíos centrales del debate contemporáneo sobre igualdad de género.
Otro dato relevante del estudio indica que un 59% de las personas cree que las cosas funcionarían mejor si más mujeres ocuparan cargos de responsabilidad en el gobierno y en las empresas, mientras que un 53% considera que la igualdad no se logrará plenamente mientras las mujeres no accedan en mayor proporción a posiciones de liderazgo. Estas cifras reflejan una creciente conciencia social sobre la importancia de la representación femenina en espacios de toma de decisiones, un aspecto que ha sido destacado reiteradamente por los movimientos feministas como condición clave para avanzar hacia sociedades más equitativas.
No obstante, junto con estas percepciones favorables al liderazgo femenino, también emergen señales de resistencia cultural. El mismo estudio muestra que más de la mitad de las personas consultadas cree que la promoción de la igualdad de las mujeres ha llegado tan lejos que podría estar generando discriminación hacia los hombres, mientras que un 44% considera que se espera demasiado de ellos en el apoyo a la igualdad de género. Estos resultados reflejan la persistencia de tensiones discursivas en torno al feminismo y a las transformaciones sociales impulsadas por este movimiento en las últimas décadas.
En este escenario, la conmemoración del 8M bajo un nuevo gobierno de orientación conservadora adquiere una dimensión política relevante. Diversas organizaciones feministas han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que se revisen o debiliten políticas públicas orientadas a la igualdad de género, particularmente en áreas como derechos reproductivos, institucionalidad de género y programas de prevención de la violencia contra las mujeres. Estas inquietudes se vinculan tanto con declaraciones previas de figuras del sector como con debates internacionales donde gobiernos de derecha radical han impulsado agendas restrictivas en materias de género y diversidad.
Frente a este contexto, las movilizaciones del 8 de marzo se proyectan como un espacio de reafirmación de derechos y de vigilancia democrática respecto de las políticas públicas que puedan afectar la autonomía y las condiciones de vida de las mujeres. Para muchas organizaciones, la jornada representa no solo una conmemoración histórica, sino también una instancia para recordar que los avances en materia de igualdad han sido resultado de luchas colectivas y que su consolidación depende de la participación activa de la ciudadanía.
A su vez, el debate actual pone de relieve la necesidad de abordar las desigualdades de género desde una perspectiva integral. Las brechas salariales, la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, la violencia de género y la baja representación de mujeres en espacios de poder siguen siendo desafíos persistentes en Chile. Aunque existe un reconocimiento creciente sobre la importancia de la igualdad, los cambios culturales e institucionales necesarios para alcanzarla continúan siendo objeto de disputa política y social.
En ese marco, el 8M de este año se configura como una fecha cargada de significado. Más allá de la diversidad de miradas que conviven en la sociedad chilena respecto del feminismo y de las políticas de género, la jornada vuelve a instalar una pregunta central en la agenda pública: hasta qué punto los avances alcanzados en materia de derechos de las mujeres se consolidarán como políticas de Estado o permanecerán sujetos a los vaivenes de los ciclos políticos. La respuesta a esa interrogante, coinciden diversas voces del movimiento feminista, dependerá en gran medida de la capacidad de la sociedad para sostener el debate y defender los principios de igualdad y dignidad que han marcado la historia reciente de las luchas por los derechos de las mujeres.