Desafíos de Atacama: Biodiversidad y Desarrollo Regional frente a la Ley SBAP

POR MANUEL MADRID DEL REAL
GERENTE GENERAL
DIARIO CHAÑARCILLO

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En los últimos meses, diversos gremios empresariales han levantado la voz frente a la forma en que se está implementando la Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Esta nueva institucionalidad ambiental —presentada como uno de los legados del gobierno saliente— busca concentrar bajo un solo organismo la conservación
de la biodiversidad nacional. En el papel suena razonable unificar funciones, eliminar duplicidades, fortalecer la protección de los ecosistemas. Pero en la práctica, su implementación ha reabierto una discusión de fondo sobre cómo equilibrar protección ambiental, desarrollo productivo y autonomía regional.
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Atacama conoce bien ese dilema. Somos una región donde el 80 % del territorio pertenece al Estado, donde conviven minería, energía, turismo y borde costero, y donde la naturaleza no es sólo paisaje, sino también el sustento de nuestra economía. Por eso, cuando desde el nivel central se nos dice qué conservar y cómo hacerlo, sin escuchar la realidad local, revivimos —
desde el sentir común regional– la misma tensión que analizamos en el conversatorio sobre el modelo exportador; las decisiones que definen el futuro de las regiones siguen tomándose lejos de ellas. No se trata de rechazar la conservación ni de desconocer la urgencia climática, sino de algo más profundo: la necesidad de que las regiones participen en las decisiones
que definirán el uso y la gestión de su propio territorio.

La preocupación de los gremios y gobiernos regionales no es ideológica, sino práctica. Muchos reglamentos del SBAP aún están pendientes, y los que ya se han aprobado generan incertidumbre sobre la continuidad de proyectos en ejecución o en evaluación. En territorios donde el desarrollo depende de inversiones de largo plazo, cada indefinición se traduce en riesgo, y cada riesgo en empleo o inversión que se posterga. Pero más allá de las aprensiones, la Ley SBAP puede abrir una oportunidad si la región logra participar activamente en su aplicación. La conservación no tiene por qué ser un obstáculo; puede transformarse en un activo si se gestiona con criterio, participación y sentido común de los habitantes a quienes afecta. Porque, al final, el sentido común sigue siendo la medida de lo correcto.

A veces las autoridades, por razones partidarias, buscan ratificar sus posturas más que resolver problemas; a veces los organismos técnicos, refugiados en la estadística, pierden el sentido de la realidad; y otras veces, los conflictos entre partes se empantanan en posiciones extremas que olvidan los principios que juraron defender. En todos esos casos, el sentido común no reemplaza la técnica ni la ley, pero actúa como el ojo escrutador que valida la institucionalidad y la hace creíble, o la tilda de burocracia absurda y parte de la “permisología” de nuestro país.

Lo que Atacama necesita no es rechazar la nueva institucionalidad, sino regionalizar su implementación, ponerle rostro humano y criterio territorial.

Que el Gobierno Regional, las universidades, los gremios y las comunidades participen en definir qué ecosistemas deben priorizarse, dónde hay valor ambiental real que proteger y cómo compatibilizarlo con los corredores energéticos, la minería sustentable o el turismo científico.

Lo que Atacama necesita no es rechazar la nueva institucionalidad, sino regionalizar su implementación, ponerle rostro humano y criterio territorial.

Atacama tiene las capacidades para hacerlo. Cuenta con instituciones, conocimiento y capital humano para convertir la biodiversidad en parte de su competitividad, no en su límite. Pero para lograrlo, la institucionalidad que se pretende instalar no debe caer en autosuficiencia ni en la clásica percepción de superioridad intelectual del centro, y no debe olvidar aplicar, con la modestia de los sabios, el sentido común como filtro de toda decisión, aquel que emana, en común, de la comunidad en que vivimos y donde van a afectar los cambios.

La Ley SBAP puede ser un muro o una herramienta. La diferencia estará en si la región logra participar de su aplicación y ponerle criterio, o vuelve a ser sólo espectadora de su propio destino. Esto es lo que discutiremos en nuestro conversatorio Desafíos de Atacama:

Biodiversidad y Desarrollo Regional frente a la Ley SBAP el día 2 de diciembre de 2025 con la presencia de don Jorge Riesco, Presidente de la Sonami y el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Atacama (CORPROA), Juan José Ronsecco y el abogado experto Luis Cantellano Ampuero.