Exseremis de Bienes Nacionales analizan licitación de terrenos en Bahía Inglesa: “Este es un proyecto que le interesa a todo el mundo”

• Carla Guaita, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y Mónica Marín, en la administración de Gabriel Boric, abordan el anuncio de licitación de suelo fiscal para proyectos turísticos e inmobiliarios. Mientras Guaita destaca el potencial económico y la necesidad de coordinación entre las autoridades, Marín advierte sobre los plazos administrativos, la falta de participación ciudadana y la ausencia de infraestructura en el sector.

“Lamentamos que esta iniciativa no haya sido socializada previamente con el municipio y la comunidad antes de su anuncio público”, dijo esta semana a Diario Chañarcillo la alcaldesa de Caldera, Brunilda González. Esto, en el marco del anuncio del programa “Bahía Inglesa Florece” por parte de la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, que contempla un plan maestro para 420,39 hectáreas de terrenos fiscales en el borde costero de Caldera, distribuidas en tres etapas de desarrollo para proyectos turísticos e inmobiliarios.

El anuncio abrió expectativas sobre el potencial de inversión del sector, pero también grandes interrogantes respecto de la planificación territorial, los procedimientos necesarios para concretar las licitaciones y la relación con las autoridades locales y la comunidad. Además de reflexiones en torno a la comunicación y las políticas públicas de continuidad.

Desde sus experiencias en la Seremi de Bienes Nacionales de Atacama, Carla Guaita y Mónica Marín entregan una perspectiva más bien técnica –y política– sobre el proyecto. Ambas coinciden en que la intención de desarrollar el área no es nueva, aunque ponen distintos puntos de atención en las condiciones que deberían cumplirse para llevarla adelante.

Oportunidades

Para Carla Guaita, quien encabezó la cartera en la región durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la propuesta responde a una idea “que ha existido hace mucho rato”. Recuerda que la Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama (CCIRA) ya había elaborado un plan maestro para el sector de Bahía Inglesa, Las Machas y sus alrededores, hace más de seis años.

“Era un proyecto que tenía que ver con la planificación, que tenía que ver con el desarrollo, con cómo generar planificación para luego, obviamente, poder administrar y enajenar esos sectores”, comenta.

Ahora, para la abogada, el potencial turístico de la zona justificaría avanzar en su desarrollo, tanto por la posibilidad de atraer inversiones como por los efectos que estas podrían tener en la economía local. Destaca que las licitaciones públicas pueden abrir oportunidades para empresas regionales, pequeñas y medianas, “siempre que cumplan las condiciones establecidas en las bases (….) para que todos puedan tener la posibilidad de comprar”.

Aunque asegura que “este es un proyecto que le interesa a todo el mundo”, señala que el desarrollo del proyecto requiere una coordinación que involucre al nivel central, al Gobierno Regional y a las autoridades comunales. Aunque la administración de los terrenos fiscales corresponde legalmente al Ministerio de Bienes Nacionales, explica, “se tiene que hacer de manera mancomunada, hay que conversarlo a lo mejor con otros servicios: la Armada, la Dirección de Obras Portuarias, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Caldera”.

“No son facultades de la Seremi, por lo tanto, es una decisión ministerial que está dentro de las atribuciones legales que tiene Bienes Nacionales porque es quien lo administra, y la administración implica tanto la enajenación como el arriendo”, comenta Guaita sobre el anuncio del programa “Bahía Inglesa Florece».

Desde otra perspectiva, Mónica Marín, también abogada y exseremi durante el gobierno de Gabriel Boric, reconoce las posibilidades de la iniciativa, pero observa que el desarrollo turístico e inmobiliario debe compatibilizarse con las características del territorio y las necesidades de sus habitantes.

Para Marín, la discusión no debería limitarse a las oportunidades de inversión, sino también a cómo se implementará el plan y qué efectos podría generar en la comunidad: “Me parece bueno que generen un master plan, pero ¿cómo lo generan para no producir un impacto negativo en la comunidad? Eso es lo que debería ocuparnos a todos desde la Región de Atacama”, plantea.

La exautoridad y hoy vicepresidenta de la Mujer del Partido Socialista en Atacama agrega que el sector presenta condiciones ambientales que deben ser consideradas, entre ellas la presencia de dunas y restos paleontológicos, además de su cercanía con áreas vinculadas al desierto florido.

A esto suma la existencia de ocupaciones regulares, irregulares e ilegales en terrenos fiscales, incluidas comunidades de segunda vivienda “que llevan años esperando respuestas sobre sus posibilidades de regularización”. “No fue fácil en su momento, porque requiere del trabajo con otros servicios; requiere, como hay quebradas en el sector, de medidas de mitigación; requiere, también, que, para la venta, los terrenos cuenten con determinadas condiciones, por ejemplo, urbanización. Y así, una y otra de estas medidas”.

Avalúo fiscal

Más allá de las definiciones sobre el uso futuro del suelo, ambas exseremis advierten que la licitación requiere una serie de procedimientos administrativos previos que, quizá, no se han considerado –o comunicado– a la fecha. Carla Guaita explica que los terrenos deben ser objeto de planificación, subdivisión y tramitación antes de avanzar en su oferta. En ese proceso, la Dirección de Obras Municipales de Caldera tendrá un papel relevante, adelanta, pues deberá revisar y aprobar los antecedentes correspondientes a los loteos y subdivisiones.

Una vez completadas esas etapas, explica Guaita, correspondería avanzar en la inscripción y asignación de roles, la tasación de los terrenos y los procedimientos administrativos necesarios para licitarlos.

Marín, por su parte, ahonda en los trámites que debe realizar el propio Ministerio de Bienes Nacionales. Entre ellos menciona la declaración de prescindibilidad de los inmuebles, la elaboración de los planos de enajenación y la coordinación con el Servicio de Impuestos Internos para asignar roles y determinar los avalúos fiscales o internos. “Eso no se hace de un mes para otro”, advierte.

La exseremi sostiene que estos procedimientos requieren tiempo y que deben considerarse antes de proyectar la ejecución de la iniciativa. A su juicio, el anuncio de un plan de esta magnitud debe distinguir entre la intención de poner terrenos a disposición y la existencia de las condiciones administrativas necesarias para hacerlo.

“Si hablamos del plan de venta denominado ‘Se Busca Dueño’, habría que revisar la situación de Barranquilla, porque esos macrolotes, los planos de esos macrolotes, ya fueron llamados a licitación en dos oportunidades. Segundo y tercer llamado a licitación para terrenos que ya han sido ofertados al público para poder ejecutar un proyecto, por ejemplo, un camping o áreas turísticas en un solo terreno”, dice Marín, y agrega que también es importante poder hacer uso de las herencias vacantes, pues “hay distintas herencias vacantes en la comuna de Huasco, en la comuna de Copiapó, en Tierra Amarilla, donde el ministerio tiene la facultad de vender estos inmuebles”.

Tiempos, plazos

Según el cronograma del Ministerio de Bienes Nacionales, el proceso comenzaría con la preparación de los antecedentes y la elaboración de los expedientes, entre octubre de 2026 y enero de 2027. Luego, entre enero y febrero, se redactarían y revisarían las bases de licitación, cuya publicación está prevista para fines de febrero. La recepción de ofertas se realizaría entre mayo y junio de 2027, mientras que la evaluación, adjudicación y firma de las compraventas se extenderían hasta septiembre de ese año. A partir de entonces comenzaría la etapa de inversión privada, que se proyecta hasta 2031, cuando se espera concretar la recepción final y la puesta en operación de los proyectos.

“No es un proceso corto, es de mediano a largo plazo. Porque además estamos hablando de 420 hectáreas aproximadamente, no de terrenos menores…Son terrenos que tienen que licitarse por sobre 2 hectáreas, por lo tanto ahí hay que planificar”, señala Guaita. Durante la conversación con este medio, la exseremi recuerda que durante su gestión se impulsó un plan de normalización del borde costero, “un plan inédito”, dice, iniciado en 2018 y desarrollado desde 2019, que contempló coordinación con autoridades comunales y regionales.

“Requirió mucha voluntad política poder hacerlo. Desde la decisión, que venía del Ministro, y la conversación que tuvo el Ministro con el Presidente, porque eso también tiene que ver con una decisión del jefe de gobierno”, ahonda.

Mónica Marín coincide en que el proyecto requiere etapas previas y cuestiona que se presente como una iniciativa cuya ejecución pueda darse por encaminada sin que estén resueltos sus principales componentes. “Si bien es un plan ambicioso, no veo que se pueda ejecutar en el corto tiempo. (…) Políticamente uno tiene que ser serio, tiene que ser honesto, porque uno sabe cuáles son los tiempos de la administración pública”, afirma.

La exautoridad también pone en duda que el sector cuente con obras públicas suficientes para sostener el desarrollo anunciado. Según plantea, la infraestructura existente se reduce al paseo costero de Las Machas y un baño público, por lo que las nuevas iniciativas requerirían mayor planificación, diseño y recursos.

En ese contexto, Marín insiste en que la consulta con vecinos y autoridades locales debe formar parte del proceso desde sus primeras etapas. “Aquí falta un criterio que es muy importante, que es el de participación ciudadana”, concluye.