Jaime Mulet: “El Gobierno apostó por las grandes empresas, pero la inversión no ha llegado”

• El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social cuestiona las prioridades económicas del Ejecutivo, advierte que la discusión del Presupuesto 2027 será difícil para las regiones y acusa nuevos retrasos en proyectos de infraestructura. También aborda la modernización del transporte público en la región, las controversias en Codelco y las consecuencias de una reducción de parlamentarios en el Congreso: “No es que seamos malos diputados, es que somos pocos”. Descarta, además, reemplazar al senador Miguel Ángel Calisto: “Voy a terminar mi mandato en la región de Atacama”, asegura.

En su semana distrital, el diputado Jaime Mulet recorrió distintas comunas de Atacama y llegó hasta Copiapó en medio de una agenda marcada por el Presupuesto 2027, los cuestionamientos a las políticas económicas del Gobierno de José Antonio Kast y el futuro de proyectos que se esperan hace años en la región. “Fue un muy mal eslogan y una muy mala decisión comunicacional”,dijo sobre cómo se planteó la situación del país en marzo con la triste imagen de “un Estado en quiebra”.

La visita de Mulet coincidió con las actividades de la Semana de las Pymes, una instancia que, a su juicio, permite “poner en primer plano a un sector que sostiene buena parte del empleo local”. El diputado cuestionó que el crecimiento asociado a la minería se traduzca necesariamente en mejores condiciones para la población de Atacama, especialmente cuando una parte de los puestos de trabajo es ocupada por personas que vienen de otras regiones.

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las pymes y qué importancia tiene este tipo de encuentros en Atacama?

Lo fundamental es el financiamiento para poder afirmarse y desarrollarse, además de cierta ayuda por parte del Estado, sobre todo en los momentos difíciles. Hoy existe una situación de recesión a nivel nacional y, si bien parece que a Atacama le está yendo muy bien en crecimiento, eso es medio falso. La minería, particularmente la del oro o el cobre, aumenta la producción y eso hace subir las cifras. Pero ese crecimiento no necesariamente impacta en el pequeño y mediano empresario ni en la vida cotidiana. Los trabajadores de esas grandes mineras ni siquiera son de la región, entonces esa cifra es muy mentirosa.

Atacama tiene un serio problema de empleo. Acá en Copiapó, en Vallenar y en toda la región falta pega. Eso debilita a la pequeña y mediana empresa; algunas han cerrado y es necesario apoyarlas. Desde el Estado tiene que brindarse ese apoyo, pero hemos visto más bien un respaldo a la gran empresa durante la gestión del presidente Kast, y creo que eso ha sido un error. Se rebajan impuestos a las grandes empresas, se reducen contribuciones a las grandes fortunas y se adoptan otras medidas que tampoco han gatillado un crecimiento.

¿Qué evaluación hace de las medidas del Gobierno en materia de empleo y crecimiento como Chile Despega? Usted ya ha dicho que “llegaba tarde”…

Creo que llegan tarde porque el Gobierno supuso que, habiendo ganado Kast habría cierta tranquilidad por parte de las grandes empresas y que estas empezarían a invertir más que en el gobierno anterior. Y eso no ha ocurrido. Después el Gobierno habla de que “el país está en quiebra” y, de alguna manera, creo que tiró el ánimo para abajo. Nadie invierte en un país quebrado. Fue un muy mal eslogan y una muy mala decisión comunicacional.

Después viene la megarreforma, donde el ministro de Hacienda hace una apuesta por rebajar los impuestos a las grandes empresas. También se reducen impuestos a las herencias y se adoptan una serie de cosas que ayudan a los más ricos. ¿Para qué? Para que los ricos inviertan, pero esa inversión no se ha desatado. Espero que ocurra, aunque la demostración empírica en ese sentido no es buena. No hubo nada para las pymes. Y eso afecta a la mipyme y a todo el país. Creo que se apostó, en vez de una política de acuerdos y entendimiento, a ganar por un voto la megarreforma. Es un error.

Los grandes inversionistas y las grandes mineras buscan estabilidad política. Y esa estabilidad se logra con acuerdos amplios, con entendimiento entre el Gobierno y la oposición, no haciendo que una parte le pase por encima a la otra. Llevamos diez años en eso: nos vamos para un lado, después para otro, y al final el país no crece. El Estado tiene que dar una señal clara hacia las pymes, porque generan trabajo.

La discusión en torno al proyecto de Presupuestos 2027 ha generado reparos entre los gobiernos regionales por la reducción de recursos propuesta por el Ejecutivo. En Atacama, el gobernador Miguel Vargas ha advertido que el recorte cercano a un 12% pone en riesgo proyectos de salud, seguridad e infraestructura.

¿Cómo anticipa la discusión del Presupuesto 2027 y qué consecuencias puede tener para las regiones?

Va a ser duro, porque a nadie le gusta que le disminuyan el presupuesto. Es como que te bajen el sueldo. Pero también hay que hacerse cargo de que muchas veces los organismos del Estado tienen que invertir mejor. En los gobiernos regionales ocurre que se termina gastando la plata un poco apurado durante el segundo semestre, en proyectos que quizás no tienen la mejor rentabilidad. Y lo peor es taparse los ojos. La plata del Fondo Nacional de Desarrollo Regional debería servir para crear desarrollo, impulsar educación e infraestructura y generar trabajo. Por eso creo que es un acierto lo que está haciendo el Gobierno Regional de Atacama al formar una corporación para desarrollar proyectos de infraestructura. Hacerlos cuesta mucho y requiere especialistas que los gobiernos regionales no siempre tienen.

El recorte, evidentemente, no me gusta, pero creo que también hay que apretar para que las cosas se hagan mejor. En los municipios, por ejemplo, veo cómo se gastan cien o cincuenta millones de pesos en fuegos artificiales, o veinte o treinta millones en artistas extranjeros. Hay festivales que cuestan trescientos millones. Es una fiesta, la gente lo pasa bien, pero al otro día tienen que hacer fila en el consultorio. Hay que invertir mejor.

La doble vía de la Ruta 5 entre Caldera y Antofagasta y la cárcel El Arenal son dos de las obras que el diputado considera postergadas por distintos gobiernos. La discusión volvió a tomar fuerza luego de que parlamentarios de ambas regiones pidieran al Ejecutivo una definición presupuestaria y un cronograma para reactivar la doble calzada, un proyecto cuya licitación anterior fue dejada sin efecto. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, estuvo en Copiapó y afirmó que el compromiso con la doble vía “debe cumplirse”.

¿Qué significan estos proyectos para la región y cómo recibe la falta de compromisos de avanzar en ellos?

La cárcel El Arenal lleva por lo menos diez años. Cuando partió el gobierno de Boric faltaba un detalle relacionado con obras adicionales, las aguas lluvias y otras cosas, y se iba a licitar. Pasaron cuatro años y se avanzó casi nada.

La doble vía la venimos pidiendo desde hace más de veinte años. A fines del gobierno de Piñera se tenía que licitar y no se hizo. Durante el gobierno de Boric lo pedí unas cinco veces desde la Comisión de Obras Públicas y Transportes. Se me decía que saldría en seis meses o el semestre siguiente. Al final se hizo una licitación y después se retiró, ni siquiera se declaró desierta.

Ahora este Gobierno, peor todavía: dice que hay que estudiarla de nuevo. Ahí hay un tema de abuso hacia las regiones, y este gobierno está dilatando más todavía la doble vía. Nos juntamos parlamentarios de Atacama y Antofagasta para empujar y exigir la doble vía. El proyecto está hecho; lo que hay que hacer es licitar.

Creo que la corporación que está impulsando Miguel Vargas es un buen camino. Es un buen gobernador y sabe trabajar con la actual delegada presidencial, pese a que tienen posturas políticas distintas. Eso puede ayudar a hacer las cosas bien.

Buses eléctricos y colectiveros: “Las transiciones deben ser justas”

La incorporación de buses eléctricos a Copiapó abrió una discusión sobre el futuro de los colectiveros y los compromisos de apoyo económico que, según Mulet, se ofrecieron al sector. El diputado plantea que la modernización del transporte debe considerar a quienes ya trabajan en el sistema y evitar que el cambio tecnológico los deje fuera de su actividad. “Desconozco quién es el Seremi”, revela sorpresivamente respecto a las conversaciones que han sostenido con gremios locales.

¿Cómo se debería llevar la modernización del transporte público considerando el sistema de colectivos que ya existe en Copiapó?

Creo que no necesariamente ha habido una buena conversación. Me llamó mucho la atención el acuerdo que hubo hace unos años para instalar buses eléctricos en Copiapó. Estaban los dos senadores de Atacama, los colectiveros, el ministro de Transportes y el Gobierno Regional. Se habló de 120 buses eléctricos, ¿qué significa eso? Que los mil o mil quinientos colectiveros de Copiapó podrían quedar sin pega o reducir significativamente su actividad si los pasajeros siguen siendo los mismos.

A los colectiveros les ofrecieron alrededor de $14.000 millones, pagados en tres años mediante subsidios. Ellos aceptaron de buena fe, pero ahora dicen que esos recursos no se están cumpliendo. Algunas asociaciones me buscaron en el Parlamento. Hubo un problema en el origen y hay que asumir esas cosas. Lo positivo es que se está estudiando la posibilidad de utilizar esos mismos recursos para transformar a los colectiveros en eléctricos. No se trata de instalar buses y dejar fuera a los colectivos. Un bus con treinta pasajeros puede reemplazar a varios vehículos y tiene ventajas ambientales, pero hay que hacerse cargo de las personas que pierden su trabajo. Las transiciones deben ser justas.

¿Qué le parece la posibilidad de extender los recorridos de las micros eléctricas a Tierra Amarilla o incluso a Caldera?

Las micros eléctricas y el transporte colectivo mayor son mejores en muchos sentidos, porque un solo vehículo desplaza a más gente que varios automóviles y genera menos congestión. Pero cuando se autoriza una línea, los colectiveros no se instalan ahí por sí solos: el Estado los regula y les autoriza a trabajar. No es llegar y sacarlos.

¿Qué rol le corresponde al seremi de Transportes en esta discusión?

Desconozco quién es el seremi, pero es un tema delicado que debiera ser visto por el ministro o el subsecretario de Transportes. Como el ministro está a cargo de Obras Públicas y Transportes, quizá el subsecretario también pueda intervenir. El seremi puede ayudar, pero no es una decisión suya. Es una decisión que tiene que tomar el Gobierno Regional, que quiere colocar recursos, y el Ministerio de Transportes.

Es un tema complejo que tiene que resolverse mediante un acuerdo y respetando los derechos de la gente que lleva años trabajando. No me gustan los abusos ni que llegue un actor más grande y termine desplazando a los demás.

Seguridad: “Es evidente que el Gobierno no tenía una agenda”

¿Qué evaluación hace de la respuesta del Ejecutivo y de su agenda de seguridad?

Creo que el Gobierno se metió en un tema que puso como fundamental durante la campaña sin tener la seguridad ni la claridad de lo que tenía que hacer. Es evidente que el Gobierno no tenía una agenda en materia de seguridad. El paso de la ministra Trinidad Steinert lo demostró; no había un plan. Tanto que fueron a buscar al ministro de Obras Públicas, Arrau, un hombre que había sido delegado e intendente. A veces se piensa que es muy fácil resolver la seguridad, que basta con aumentar las penas o tomar algunas medidas, y eso no es cierto. No basta con decir que se va a expulsar a todos los inmigrantes. Espero que la política no siga de esta manera. Estoy en una postura de oposición constructiva: soy un hombre de oposición, pero hay que buscar puntos de encuentro, porque aquí se le mintió a la ciudadanía. Hay cosas que sí hay que hacer…

¿Como qué, por ejemplo?

Por ejemplo, aumentar el plazo de retención de personas que van a ser expulsadas, porque hoy la Constitución no permite retenerlas más de cinco días. Hay que tener tiempo para realizar los trámites, sobre todo en el caso de personas con antecedentes penales. Yo apoyé ese proyecto y había un acuerdo, pero la oposición más dura no lo respaldó. Creo que eso estuvo mal.

También creo que la reforma constitucional que intentó impulsar el Gobierno fue un gran error, porque podía conculcar derechos. Pero ahora hay un acuerdo que me parece razonable, con algunos puntos que han planteado senadores de Gobierno y oposición.

¿Qué aspectos de esa reforma considera necesarios?

Uno es la segmentación de los presos en las cárceles. Hoy se trasladan delincuentes de alta peligrosidad a determinados recintos y los jueces pueden revertir las medidas y devolverlos a sus cárceles de origen porque no existe una norma legal superior que impida hacerlo. Se necesita una reforma constitucional que entregue facultades a Gendarmería para segmentar a los presos de alta peligrosidad, limitar sus visitas y controlar sus comunicaciones. Siguen delinquiendo desde las cárceles: tienen teléfonos, llaman para hacer estafas y dirigen organizaciones criminales.

Pero la seguridad no se resuelve solo castigando y metiendo gente a la cárcel. Hay que prevenir en las escuelas, intervenir cuando los niños abandonan la educación y ofrecer rehabilitación a personas con problemas de drogas o delincuentes primerizos. El delincuente que forma parte de una organización criminal muchas veces no le teme a la pena ni a la cárcel. Por eso también hay que desmantelar esas organizaciones y perseguir sus bienes. El secreto bancario, el decomiso sin condena, hay distintas herramientas para hacerlo y el Gobierno tiene que estar dispuesto a avanzar en ellas.

Codelco: “Hay captura de los sindicatos y de supervisores”

Las inconsistencias detectadas en las cifras de producción de Codelco siguen bajo investigación. La propia estatal informó que, tras revisar un primer caso, identificó otro episodio en el que se habrían duplicado cifras entre divisiones. Mulet, quien afirma haber denunciado el primer caso, cuestiona la fiscalización interna y plantea que las responsabilidades deben investigarse.

¿Qué antecedentes tiene sobre las diferencias en las cifras de producción de Codelco?

Aquí hay un problema grave que involucra a los ejecutivos y al directorio. El directorio quería mostrar al país que la empresa iba para arriba y no seguía cayendo, particularmente durante los últimos años. El rol del directorio es controlar la gestión de la empresa. Pero aquí hubo cierta connivencia, cierto acuerdo implícito. El directorio quería aumentar la producción para mostrar políticamente un resultado, cuando lo que tiene que hacer es fiscalizar al gerente y a los ejecutivos.

Creo que no hubo una fiscalización suficientemente rigurosa para saber qué estaba ocurriendo, cómo funcionaban las cosas y si se estaban cumpliendo las metas. Las cifras estaban infladas y parece que eso les convenía a todos. Es un gran error y puede haber delitos; por eso hay que investigar.

¿Qué significa esto en medio del debate sobre una eventual privatización de Codelco?

Hay que entender que Codelco ya no es la joya de la corona que era antes. Sigue siendo una empresa muy importante y hoy tiene el litio, que creo que fue algo bueno en el negocio con SQM. Pero los yacimientos clásicos están en problemas: El Salvador tiene dificultades y Chuquicamata no llega a las metas. Si quisieran privatizarla, tampoco obtendrían buenos valores hoy, porque está sobreendeudada. El gran desafío es echar a andar bien Codelco, hacer las cosas correctamente. Desde mi punto de vista, tiene que seguir siendo una empresa pública. No podemos los chilenos perder una empresa del Estado de esa importancia.

Codelco tiene problemas de costos, de supervisión y de empresas contratistas. Hay situaciones difíciles de fiscalizar. Se hicieron proyecciones de producción que no se cumplieron y proyectos que costaron mucho más de lo previsto. Hay muchos errores y nadie paga. Lo que le propuse al presidente Boric y le he reiterado al presidente Kast es que hagamos un estudio serio, una comisión de alto nivel, con expertos nacionales y extranjeros, de Gobierno y oposición. Hay que estudiar a fondo qué pasa en Codelco y hacer una propuesta al país con un acuerdo amplio. Este Gobierno no gana nada con echarle la culpa al anterior, porque le va a pasar lo mismo.

¿Qué responsabilidades política hay en este deterioro?

La hay, sin duda. De varios gobiernos. Del gobierno de Boric y de los anteriores. Hay responsabilidades políticas, pero son deterioros progresivos, lentos, y la empresa puede terminar en el suelo si no se levanta. Tenemos que salvar Codelco y hacer ese esfuerzo. Esto no es tarea de un solo gobierno. Cuatro años pasan volando para una compañía gigante como esta.

Hay que hacer una propuesta nacional, de país, con chilenos de un lado y del otro. Hay que ver qué pasó, quién es responsable y decir la verdad. No se hicieron inversiones, se apuraron los retiros de plata y las minas están más viejas. También hubo problemas geológicos graves que no se previeron. Todo eso hay que estudiarlo. El Gobierno ha dicho que no quiere hacerlo, ¡y yo tampoco!

Calisto

El 6 de octubre la Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó por unanimidad el desafuero del senador por Aysén Miguel Ángel Calisto, investigado por presunto fraude al Fisco en una causa vinculada al uso de asignaciones parlamentarias durante su período como diputado. “La verdad es que nunca he aspirado en política a avanzar dependiendo de que otros caigan en el camino”, dice sobre la posibilidad de reemplazarlo en el Senado.

¿Qué lectura política hace de la situación de Miguel Ángel Calisto y de sus posibles efectos en el Congreso?

Cada vez que el caso Calisto avanza, ya sea en la formalización o en el juicio, aparece el comentario de que, “si cae Calisto, va a asumir Mulet”, porque él fue candidato al Senado por la Federación Regionalista Verde Social y yo soy el presidente del partido…

¿Y no será así?

La verdad es que nunca he aspirado en política a avanzar dependiendo de que otros caigan en el camino. Los procesos judiciales son tremendamente largos. Creo que perfectamente voy a terminar mi mandato de cuatro años, que es el último porque no puedo ir a la elección, y el caso Calisto todavía va a estar vigente, porque los juicios demoran mucho. Lo más importante es que se respete la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que un tribunal no se pronuncia.

¿Entonces descarta que pueda llegar al Senado en reemplazo de Calisto? Aparecen nombres como el de Flavia Torrealba para la cámara…

Son especulaciones. Creo que voy a terminar mi mandato aquí, en la región de Atacama, el 11 de marzo de 2030. Soy diputado elegido por Atacama y, si quisiera llegar al Senado, me encantaría hacerlo mediante una elección popular, no por un reemplazo.

Mulet también observa con preocupación el escenario político regional. A su juicio, la eventual reducción de cinco a tres diputados por Atacama profundizaría la centralización de las decisiones y debilitaría la capacidad de la región para impulsar sus demandas. En ese contexto, el parlamentario aborda los desafíos de los liderazgos locales, su futuro político y la posibilidad de que Michelle Bachelet vuelva a ocupar un lugar central en la política nacional.

¿Cuál es el principal desafío político que enfrenta hoy Atacama?

Tenemos un gran problema político en Atacama: se pretende reducir de cinco a tres los diputados de la región, por la aplicación de una ley de 2015. Estoy tratando de evitarlo mediante un proyecto de ley que presenté. ¿Por qué? Porque se está recentralizando el país. Los diputados que pierde Atacama se van a ir a la Región Metropolitana. Esta región le entrega mucha plata al país, pero tiene menos habitantes, mientras que la Metropolitana creció más en población y ciudadanía. Al final, nosotros perdemos dos diputados que se van para Santiago, y eso es gravísimo.

A veces la gente dice que haya menos diputados y lo aplaude, pero no entiende que esos diputados se van a postular en otra parte y van a competir con nosotros. El Metro, la doble vía, ¿por qué no los tenemos acá? Porque nosotros somos cinco y ellos son cuarenta o cincuenta. Ese es el problema: no es que seamos malos diputados, es que somos pocos.

Nos costó veinte años sacar el royalty y soy autor de esa iniciativa. Hay que defender la fuerza política de la región. Presenté un proyecto que firmaron varios diputados, entre ellos Tapia, Olmos y Urcullu, pero los partidos nacionales que defienden los intereses de Santiago no nos han ayudado. Como región deberíamos actuar unidos: la delegada, el gobernador, los alcaldes. Cuesta mucho, pero es un desafío importante. Y lo digo con propiedad porque yo no puedo volver a ser candidato a diputado, así que no estoy hablando por mí. Quiero seguir aportando mientras pueda. Podría ser desde el Senado, pero tendría que ser otra región, lo que es complejo igual..

¿Y a nivel comunal?

No creo que sería un buen alcalde a esta altura de mi vida. Más joven hubiera sido quizá un muy buen alcalde. Respeto mucho ese trabajo y creo en las vocaciones. Hay líderes con vocación ejecutiva local que son muy buenos alcaldes. Hay una vocación local y otra nacional, de hacer política pensando en las ideas del país y de las regiones. En ese sentido, no me veo en la función de alcalde.

Cuando era más joven, lo digo con honestidad, soñaba con ser alcalde. Pero creo que debe haber gente joven ahí, porque hay que estar todos los días luchando y acompañando a la gente, también frente a los desastres naturales. Lo vimos en Atacama, con los alcaldes de Alto del Carmen y Vallenar, especialmente en el Valle del Huasco, donde las lluvias de invierno fueron duras. Ahora está el problema de los deshielos en Alto del Carmen. Es una labor que requiere estar permanentemente al lado de la gente.

Respecto a una posible candidatura de Michelle Bachelet, ¿cómo interpreta la posibilidad de que vuelva a tener un papel protagónico en la política chilena?

Respeto mucho a Michelle Bachelet. Fui su jefe de campaña en 2006, cuando yo era secretario general de la DC. La conozco muy bien, aunque estamos hablando de hace veinte años atrás…Falta mucho para una eventual candidatura. Las situaciones son distintas y el esquema político también es diferente. Ya no existe la Concertación de la que formábamos parte ella y yo.

Creo que el Gobierno de Kast cometió uno de sus principales errores al no apoyar a Bachelet en su postulación a las Naciones Unidas. De alguna manera, ella se sintió agredida porque el Presidente de la República no la respaldó y eso gatilló su deseo de seguir activa en nuestro país. Y tiene todo el derecho a hacerlo.

¿Cómo su regreso a la primera línea podría contribuir a articular a la oposición?

Ella tiene hoy una postura que ya no es la de la Concertación. Tiene un vínculo muy fuerte con el Partido Comunista, con el Frente Amplio y con su partido. Además, es muy querida por la ciudadanía. Por eso se transforma inmediatamente en una actriz política relevante, muy potente. Y eso lo demostraron las encuestas del fin de semana.