“Todavía quedan muchas incógnitas”: parlamentarios de Atacama evalúan la histórica interpelación a canciller Pérez Mackenna

• Mientras el diputado Urcullú (REP) valoró positivamente las respuestas del canciller, Mulet (FREVS) calificó la instancia como “regular, mediocre” y Santana (PS) de “una vergüenza”. Tapia (Ind-PPD), en tanto, apuntó a las dudas que permanecen sobre el “Escudo de las Américas”, Olmos (PDG) respaldó la decisión de continuar con la fiscalización de los antecedentes asociados a la adhesión de Chile en la declaración.

Por primera vez desde que se instauró esta herramienta de fiscalización en 2005, un ministro de Relaciones Exteriores fue interpelado por la Cámara de Diputadas y Diputados. La instancia, encabezada por el diputado Nelson Venegas (PS), realizó una serie de preguntas en torno a distintos aspectos de la conducción de la política exterior del Gobierno, entre ellos las relaciones con Argentina, la actuación del embajador de Estados Unidos y la adhesión de Chile al “Escudo de las Américas”.

Entre los parlamentarios de Atacama el diagnóstico está dividido. Para el diputado Ignacio Urcullú (REP), el resultado fue positivo y destacó el desempeño del canciller: “El resultado de la interpelación es un saldo muy positivo por el gran cometido del canciller Pérez Mackenna. Respondió todo con un gran nivel a nuestro juicio y en ese sentido nos sentimos muy satisfechos y como diputados Republicanos lo respaldamos, antes y después de esta interpelación”.

El parlamentario también cuestionó el uso de esta herramienta por parte de la oposición. “Si bien es legítima, porque está dentro de las facultades que le otorga la Ley, creemos que no es bueno, porque quita tiempo valioso para trabajar por mejorar la calidad de vida de los chilenos y los atacameños. Pero si es que la oposición va a realizar una nueva interpelación, les pediría que se preparen un poco más y que intenten que, por lo menos, sea un aporte al país”, criticó Urcullú.

Una evaluación distinta hizo el diputado Jaime Mulet (FREVS), quien calificó la instancia como una interpretación “regular, mediocre”. “Creo que al final no ayudó mucho ni a la oposición ni al gobierno. No correspondía, a mi juicio, la petición de renuncia por parte del diputado Venegas al ministro. Creo que eso era absolutamente innecesario, la respuesta era obvia, pero considero que es un ejercicio democrático que los parlamentarios tenemos derecho de hacer regularmente”, comentó.

La diputada Paula Olmos (PDG), por su parte, también cuestionó el resultado de la jornada, aunque puso el foco en la utilidad de la herramienta fiscalizadora. “Lamentablemente, la sensación que deja es de una oportunidad perdida: tuvimos horas para discutir temas importantes y terminamos en un intercambio político que aportó poco. Una interpelación no puede convertirse en un escenario para buscar una frase que después circule en redes sociales; si existen cuestionamientos serios, hay que plantearlos con antecedentes y exigir respuestas concretas”, criticó.

Asimismo, la parlamentaria se refirió al inédito uso de esta herramienta legislativa: “La interpelación es una herramienta legítima de fiscalización, pero debe utilizarse con responsabilidad y para obtener respuestas que le sirvan al país”.

Para el diputado Cristián Tapia (Ind-PPD), en tanto, la jornada no permitió despejar las principales interrogantes. “Más allá del resultado queda mucha incógnita todavía”, sostuvo, apuntando especialmente al “Escudo de las Américas” y a la relación con Argentina.

“Se avanzó poco en aclarar el tema importante en relaciones de exteriores. Yo creo que tenemos que avanzar y más que una interpelación, aquí debemos hacer reuniones y juntarnos para tomar definiciones como país”, señaló.

El diputado Juan Santana (PS) fue más crítico con el desarrollo de la jornada. “Es una vergüenza, la verdad. Era la primera vez en la historia que se interpelaba a un canciller, y el país esperaba saber qué compromisos asumió Chile al sumarse al Escudo de las Américas. Lo que vimos fue a un ministro que se refugió en la reserva para no responder y a un oficialismo que aplaudía como si fuera un partido de fútbol, con un subsecretario de Gobierno tuiteando como barra brava. La política exterior de Chile merece explicaciones. El canciller dice que no hubo firma y que Chile no se obliga a nada, pero la declaración habla de inversiones y minerales críticos, y lo que dice Washington no calza con lo que nos dice a nosotros”.

Fiscalización al “Escudo de las Américas”

Más allá del balance político de la interpelación, uno de los pocos efectos de la jornada fue la aprobación —con 66 votos a favor, 72 en contra y una abstención— de un requerimiento para solicitar antecedentes al Gobierno sobre la incorporación de Chile al “Escudo de las Américas”. La Cámara aprobó enviar preguntas al Presidente José Antonio Kast y a la Cancillería sobre los alcances de la adhesión.

Durante la interpelación, Pérez Mackenna sostuvo que se trata de una declaración política y no vinculante, y descartó que la adhesión implicara la suscripción de un tratado que genere obligaciones jurídicas para Chile.

El requerimiento contempla, entre otros antecedentes, las versiones oficiales de las declaraciones vinculadas al mecanismo, la identificación de quién las suscribió o autorizó en representación de Chile, cualquier otro instrumento acordado dentro de la iniciativa y el informe jurídico de Cancillería que sustenta que estos compromisos no requieren aprobación del Congreso.

Para Olmos, continuar con esta fiscalización resulta necesario. “Si el Gobierno sostiene que no es vinculante, debe explicar con claridad sus alcances y eventuales compromisos. Nuestro trabajo como diputados es fiscalizar, pero también avanzar en soluciones y políticas públicas que respondan a los problemas reales de las personas”, advirtió.

Santana también valoró el requerimiento aprobado por la Cámara y lo calificó como “lo más importante que dejó la jornada”: “El canciller no quiso responder ahora lo tendrá que responder el Presidente. Tendrá que decir quién autorizó estas declaraciones en nombre de Chile y cuándo, qué protocolos de intercambio de inteligencia existen y por qué el gobierno cree que nada de esto tenía que pasar por el Congreso”.

“Y me llama la atención que hubo 72 votos en contra. Si es una simple declaración que no obliga a nada, ¿por qué tanto empeño en que no se conozcan los documentos? Nosotros además ya fuimos a la Contraloría para que revise la legalidad de esta adhesión”, agregó.

Mulet también planteó reparos respecto de los alcances del mecanismo y de las explicaciones entregadas por el Gobierno: “El tema del acuerdo es muy complejo y evidentemente el ministro no lo explicó bien. Yo espero que las preguntas por escrito que se le hicieron se dé una respuesta más profunda. Más que un acuerdo de seguridad, da la impresión que es un acuerdo también económico y que trasluce el interés de Estados Unidos respecto a los minerales críticos, cobre, litio, los colocan como críticos, tierra rara, por todo lo que hay en Chile”, agregó.

“Creo que eso es muy complejo, tender a amarrarse con un Estado en circunstancias que nosotros obviamente tenemos relaciones comerciales y diplomáticas, con grandes conglomerados o repúblicas como la República Popular China o Estados Unidos y también la Unión Europea, entonces creo que no hay que tomar partido por ninguno de ellos, creo que es complejo”.

Ahora bien, desde Republicanos, Urcullú defendió la adhesión y la vinculó directamente con el combate al crimen organizado: “Pueden pedir los antecedentes que quieran. Ese acuerdo es un gran acto de cooperación en contra del flagelo que hoy golpea a miles de habitantes de Atacama, que es el crimen organizado”.

“Nuestro Gobierno está trabajando y buscando todas las alternativas para enfrentarlo y por ojalá eliminarlo de nuestras poblaciones y villas, porque afecta directamente a los más necesitados. Es por eso que yo avalo y saludo este convenio de cooperación que estoy seguro, le va a hacer muy bien al país en los próximos meses”, agregó el parlamentario.

De manera paralela, diputados de oposición solicitaron a la Contraloría General de la República revisar la legalidad de la incorporación de Chile al mecanismo, argumentando que la declaración podría tener características de un tratado internacional y abordar materias que requerirían pasar por el Congreso. La controversia sobre sus alcances jurídicos y políticos se mantiene abierta.