Miguel Vargas: “Con la ley de Presupuesto vamos a quedar cortos”
- El gobernador regional de Atacama defiende los más de $6.000 millones comprometidos por el GORE durante la emergencia climática, pero advierte que la reconstrucción requerirá una fuente de financiamiento adicional. Plantea reactivar el fondo de infraestructura asociado al Royalty, cuestiona la falta de prioridad política para avanzar con la distribución de esos recursos y pide mayor participación regional en la definición del gasto. Exige «avanzar en el proceso de descentralización y traspasar competencias a los gobiernos regionales para que puedan desarrollar planes de trabajo con mirada territorial”.
Miguel Vargas Correa, gobernador regional de Atacama, visitó Diario Chañarcillo para abordar los efectos que dejó la emergencia meteorológica de julio y las dificultades que todavía persisten en distintos puntos de la región. Aunque desde el Gobierno Regional se han desplegado recursos para apoyar a familias, actividades productivas y organismos públicos encargados de recuperar infraestructura, Vargas insiste en que la emergencia todavía no puede darse por superada y que el desafío siguiente —la reconstrucción— requerirá recursos que exceden la capacidad presupuestaria regional actual.
“Hay algunos que ya dan por cerrada la emergencia y eso todavía no es así”, sostiene el gobernador al inicio de la entrevista. Su principal preocupación está hoy en la recuperación de los sistemas de regadío, la conectividad rural y la limpieza de cauces, particularmente en la cuenca del río Huasco.
“Si no limpiamos los canales, el agua no llega a los predios y retrasamos la reactivación de la pequeña agricultura”, advierte.
Canales, caminos y recuperación de los sectores productivos
El diagnóstico del gobernador apunta especialmente a las zonas rurales, donde los daños afectan caminos que conectan localidades, caletas, faenas mineras y sectores agrícolas. Vargas reconoce los trabajos realizados por la Dirección de Vialidad y la Dirección de Obras Hidráulicas, pero considera que todavía son insuficientes.
“Porque hay que tener presente que con los daños que se provocaron en los caminos rurales preferentemente, la región retrocede diez años”, afirma.
En ese escenario, el Gobierno Regional utilizó el 2% de su presupuesto destinado a emergencias para transferir recursos a municipios y organismos del Ministerio de Obras Públicas, además de financiar acciones preventivas y apoyo para actividades afectadas.
Entre las medidas impulsadas por el GORE se encuentra un programa de apoyo social y reactivación económica por $345.745.020, que contempla una gift card de $500 mil para materiales de construcción y apoyo a sectores rurales. Sin embargo, el propio gobernador reconoce que este beneficio todavía no comienza a entregarse: “Todavía no la estamos entregando. Vamos a adquirirla en los próximos días. Estamos cerrando esa compra”.
El beneficio, explica, debe diferenciarse de la gift card destinada a pescadores, cuyos recursos ya fueron transferidos a la Delegación Presidencial o al Ministerio del Interior y cuyos listados de beneficiarios ya fueron entregados.
En paralelo, el GORE comprometió recursos para recuperar infraestructura productiva. En la provincia del Huasco se suscribió un protocolo con la Junta de Vigilancia del río Huasco por más de $2.000 millones para la limpieza de canales, con una ejecución proyectada entre octubre y diciembre. Para la cuenca del río Copiapó se contemplan otros $300 millones para labores de limpieza de cauces. “2.000 millones solo para la Junta de Vigilancia de la cuenca del río Huasco. 300 millones para Copiapó, la provincia de Copiapó, para la cuenca del río Copiapó”, precisa Vargas.
A esto se suma un programa de $751 millones para apoyar la recuperación de faenas de pequeña minería afectadas por la emergencia en Tierra Amarilla y la provincia del Huasco. Los recursos serán transferidos al Ministerio de Minería y deberán atravesar el proceso administrativo correspondiente antes de su ejecución.
La apuesta regional también considera nuevas medidas para enfrentar daños en pozos de agua y actividades productivas. Vargas adelanta que el Consejo Regional aprobó un marco presupuestario de $480 millones para atender dificultades de crianceros, pequeños agricultores y otros sectores afectados, mientras se evalúan nuevas transferencias a Vialidad y Obras Hidráulicas.
“Eso es como esfuerzo del gobierno regional”, plantea. Y es precisamente desde ese esfuerzo que construye su crítica al nivel central: “Nosotros cuando hacemos una crítica respecto a que hay que comprometerse mucho más, pero también lo hacemos desde el compromiso que asumimos con los distintos sectores, con las comunas, aportando estos recursos, transfiriendo a las instituciones para que se aborden las necesidades que tenemos producto de esta emergencia”.
La reconstrucción
Para Vargas, el problema aparece cuando se pasa de las medidas de emergencia a las obras necesarias para reconstruir y reducir el riesgo futuro. El gobernador calcula que solo la recuperación de los caminos de la región podría alcanzar los $600 mil millones. A ello se suman las obras de mitigación pendientes en las cuencas de los ríos Copiapó y Salado y en la quebrada de Paipote.
“¿Cuánto nos vamos a demorar en eso? Eso es imposible si estamos pensando financiarlo única y exclusivamente por ley de Presupuesto”, cuestiona.
La advertencia adquiere especial relevancia en medio de la discusión del Presupuesto 2027, donde los recursos destinados a regiones y a organismos como Vialidad y Obras Hidráulicas serán determinantes para la capacidad de respuesta frente a los daños provocados por la emergencia.
Vargas plantea, además, que la experiencia reciente demostró la utilidad de contar con recursos de decisión regional para actuar con rapidez. Por ello, pide que en el Presupuesto 2027 el porcentaje de recursos de emergencia que puede decidir directamente el Gobierno Regional aumente del 2% al 5%.
“Lo que estamos pidiendo, se lo dijimos al Ministro de Hacienda y lo estamos planteando también los parlamentarios, es que esa decisión regional de estos fondos aumente de un 2% a un 5%”.
Para el gobernador, el debate no se reduce, sin embargo, a cuánto dinero habrá disponible en el presupuesto. Su principal apuesta es conseguir una fuente extraordinaria de financiamiento para las obras de reconstrucción: “Ahora, lo que sí creemos en el Gobierno Regional es que probablemente si estamos considerando solo como fuente de financiamiento la ley de Presupuesto, nos vamos a quedar cortos”.
Vargas vuelve así sobre uno de los compromisos pendientes que, a su juicio, adquirió el Estado con las regiones mineras tras la aprobación de la Ley de Royalty en 2023: un fondo de infraestructura de US$600 millones para la Macrozona Norte, con US$200 millones comprometidos anualmente durante 2024, 2025 y 2026.
“De eso no hemos visto un solo peso. No hemos visto un solo peso. Ahí hay un incumplimiento con el norte de Chile”, acusa.
La dimensión del déficit, sostiene, obliga a mirar más allá de la discusión presupuestaria anual. “Y tal vez con estos 600 millones de dólares nos quedemos todavía cortos, porque estamos hablando de 600 millones de dólares para toda la Macrozona Norte, no sólo para la región de Atacama”, señala.
En ese punto, la crítica de Vargas apunta directamente a la falta de prioridad política que ha tenido la propuesta ante el Gobierno central.
“Cuando uno plantea esto en el marco de una discusión todo el mundo está de acuerdo, pero no vemos que sea prioridad política. No vemos una recepción tan entusiasta por parte de la autoridad del nivel central, ni en este gobierno ni en el anterior, para ser bien justos”.
Asimismo, Vargas asegura que ha planteado el tema junto a los gobernadores de la Macrozona Norte y que también ha solicitado apoyo a los gremios mineros.
“Creo que hay que dar un paso más allá, y en esto tiene que haber una postura clara desde Atacama, desde Coquimbo, y espero que exista más fuerza en la media”.
Mitigación
El otro desafío es evitar que la reconstrucción se limite a reponer aquello que resultó dañado. Vargas sostiene que el episodio meteorológico volvió a demostrar la necesidad de avanzar en obras de mitigación que permitan reducir el riesgo ante futuros eventos: “Porque como el cambio climático llegó para quedarse, es muy importante poner el foco en estas obras. Yo creo que esto pasa a ser prioridad”.
Entre las obras pendientes menciona intervenciones en la cuenca del río Copiapó, el río Salado y la quebrada de Paipote. En el caso del río Copiapó, plantea que el nivel de riesgo pudo haber sido considerablemente mayor si la cantidad de agua caída hubiera sido similar a la registrada en Alto del Carmen. “Entonces son obras que son urgentes, ahí son recursos cuantiosos”, señala.
Desde el GORE se evalúan, además, nuevas transferencias a los municipios por cerca de $1.500 millones para labores de limpieza de cauces, con una mayor proporción destinada eventualmente a Alto del Carmen. A esto se suma la recuperación de pozos de agua y otras medidas de fomento productivo de emergencia.
La reconstrucción, por tanto, se presenta como una discusión que excede la respuesta inmediata. Para Vargas, requiere coordinación entre el Estado, los municipios, el Gobierno Regional y también el sector privado.
En ese último punto, reconoce el trabajo desarrollado por gremios como Corproa, la Cámara Chilena de la Construcción y la Sociedad Nacional de Minería, pero plantea que todavía pueden involucrarse más.
“Yo creo que todavía puede haber un esfuerzo un poquito mayor. Esa es la mirada que tiene el gobierno regional, porque, insisto, los recursos que se necesitan para recuperar lo que se perdió son cuantiosos”.
Descentralización y territorio
La discusión sobre la reconstrucción también lleva a Vargas a cuestionar la forma en que se toman decisiones sobre el territorio. Consultado por el plan “Se Busca Dueño” de Bienes Nacionales y su eventual articulación con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, el gobernador plantea que los gobiernos regionales deberían tener mayores atribuciones sobre el destino del suelo fiscal: “Nos encantaría tener competencias en esta materia”.
Para el Gobernador de Atacama, el debate sobre la propiedad fiscal vuelve a mostrar los límites de una planificación centralizada frente a necesidades que son específicas de cada territorio.
“Esto da cuenta de lo relevante que es seguir avanzando en el proceso de descentralización y traspasarle competencias a los gobiernos regionales para que puedan desarrollar planes de trabajo, pero con una mirada en el territorio”.
Por eso, al cerrar la entrevista, Vargas vuelve a poner el acento en la magnitud del esfuerzo regional: “Solo en el marco de la emergencia el compromiso del Gobierno Regional de Atacama supera los 6.000 millones de pesos”.
La cifra, por supuesto, abre la pregunta que marcará los próximos meses: cuánto de la reconstrucción podrá financiarse con los recursos disponibles, qué rol jugará el Royalty minero —y hasta qué punto darán la pelea los parlamentarios— y cuánto deberá conseguirse por fuera del presupuesto para 2027.