Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI: “No hay posibilidades de desarrollo si no tenemos inversión”
- La segunda jornada de la Semana de la Construcción puso sobre la mesa las principales brechas de infraestructura de Atacama y una proyección de inversión de US$14.635 millones para los próximos diez años. Agua, energía, conectividad, infraestructura penitenciaria y descentralización fueron parte de una discusión que también tensionó el rol que deben asumir el Estado y el sector privado.
La infraestructura pública y el desarrollo urbano ocupan un espacio cada vez más visible dentro del debate regional de Atacama. En Copiapó, la segunda jornada de la XIII Semana de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Atacama, realizada junto al Departamento de Construcción Civil de la Universidad de Atacama (UDA), buscó poner esa discusión en perspectiva y proyectarla hacia los próximos diez años.
Bajo el título “Infraestructura para el desarrollo de Atacama”, la instancia reunió a representantes del mundo empresarial, académico y público, con un diagnóstico que apunta a una cifra central: la región requeriría US$14.635 millones en inversión para abordar sus principales brechas de infraestructura durante la próxima década.
El gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, Nicolás León, presentó el “Informe de Infraestructura para el Desarrollo Sostenible 2026-2035”, elaborado a partir de la identificación y cuantificación de brechas y de la priorización de acciones para enfrentarlas. “Tratar de generar las condiciones para que las cosas que tienen que pasar, pasen debidamente y puedan efectivamente cumplir con el propósito de satisfacer los requerimientos que tienen las regiones. En este caso, los requerimientos productivos, pero también los requerimientos sociales como elemento central”, sostuvo Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
Brechas críticas
El diagnóstico presentado durante la jornada revela urgencias estructurales que atraviesan distintos ámbitos del desarrollo regional.
En materia penitenciaria, el informe identifica un 220% de ocupación en los recintos de la región, situación calificada como crítica. A ello se suma el escenario hídrico proyectado hacia 2035, que anticipa una caída de 19% en la oferta de agua superficial y de 22% en la oferta subterránea.
Frente a este escenario, el gremio constructor propone una cartera que contempla desalación multipropósito, planes maestros de riego, recarga de acuíferos, fortalecimiento de los servicios sanitarios rurales y obras de control aluvional y mitigación fluvial.
El desafío hídrico se encuentra además estrechamente ligado al energético. El desarrollo minero y los nuevos proyectos de desalación requerirán un aumento de la capacidad de generación, transmisión y distribución de energía limpia, con una inversión estimada en US$5.806 millones.
“Se necesitan permisos que sean ágiles”, advirtió León, situando la tramitación de proyectos como uno de los factores que pueden facilitar o retrasar la respuesta a estas necesidades.
El informe también aborda brechas en conectividad digital, especialmente en comunas rurales y de menor densidad poblacional, además de la movilidad interurbana, los pasos fronterizos y los problemas de congestión que afectan a los habitantes de la región.
Para León, el desafío no pasa solamente por construir obras, sino por generar infraestructura capaz de mejorar la productividad y la resiliencia del territorio frente al cambio climático.
“Es un mecanismo que tenemos subexplotado en la región”, reconoció respecto del potencial de la alianza público-privada, destacando que existe espacio para “mejorar temas en la productividad y en resiliencia frente al cambio climático”.
El objetivo, agregó, es que este proceso “se traduzca en mayor calidad de vida y oportunidades para los habitantes de esta región”.
Inversión y gestión privada para habilitar el desarrollo
La magnitud de las brechas identificadas lleva la discusión inevitablemente hacia el financiamiento. Los US$14.635 millones estimados para la próxima década representan un volumen de recursos que, de acuerdo con los expositores, difícilmente puede ser abordado únicamente desde el presupuesto fiscal.
Carlos Cruz fue directo al situar la inversión como condición para el desarrollo: “Lo fundamental para poder generar condiciones de desarrollo, condiciones económicas que faciliten la calidad de vida de las personas y permitan aumentar la disponibilidad de bienes y servicios, que en definitiva es lo que nos interesa, es que tiene que haber inversión. Y en Chile la inversión en general es escasa. Desde el punto de vista de las proporciones que normalmente se manejan, la inversión total en Chile es un 25% del PIB, un 25% de todo lo que producimos es inversión. En países que aspiran a un cierto nivel de desarrollo, eso está bastante más cerca del 30%, por lo tanto estamos rezagados”, señaló.
En el caso de Atacama, Nicolás León enfatizó que el 68% de los recursos requeridos debería provenir del sector privado, lo que instala como una condición central la generación de certezas para quienes deben ejecutar esas inversiones. “Y que se generen las condiciones para que puedan invertir: certeza jurídica, una tramitación ágil de proyectos; y es ahí donde el rol de la gestión es tan importante”, sostuvo.
La discusión sobre inversión privada también estuvo acompañada de una reivindicación de la colaboración entre distintos actores. Para León, la alianza público-privada constituye un mecanismo que la región todavía no aprovecha completamente y que puede ser determinante para avanzar en productividad y resiliencia.
Desafíos
Para Carlos Cruz, sin embargo, el problema no se limita a cuánto dinero existe disponible, sino también a cómo se distribuye y cómo se toman las decisiones de inversión. El director del CPI cuestionó que el proceso de descentralización administrativa no haya estado acompañado por una transferencia equivalente de recursos destinados a infraestructura. “Tenemos un déficit en inversión pública regional. No nos ha ido bien en eso”, acusó.
Su diagnóstico apunta a una brecha entre las responsabilidades que han adquirido las regiones y su capacidad efectiva para financiar las obras necesarias para mejorar las condiciones del territorio: “Un esfuerzo muy importante de descentralización administrativa, pero esa descentralización administrativa no ha ido acompañada de una descentralización efectiva en la inversión en infraestructuras y yo creo que en definitiva si no hay una inversión en infraestructura real que permita equiparar las condiciones de habitabilidad que tienen las regiones, la descentralización puede terminar siendo poesía y eso creo que es parte de las cosas que tenemos que ver cómo evitar y cómo tomarlas como un desafío”.
Cruz también apuntó a la forma en que se organiza actualmente la toma de decisiones. “Lo que nos empieza a incomodar es la forma en que se llevan a cabo las decisiones de inversión del país. Hay un problema de segmentación institucional que hace difícil la tarea de coordinación”, planteó.
En ese escenario, el desafío sería avanzar hacia una planificación que permita superar la fragmentación entre organismos y establecer objetivos comunes para el desarrollo regional. “Mirar el futuro: lo que tenemos que plantearnos son objetivos nuevos”, concluyó Cruz.
Lo público
La discusión sobre el papel del Estado y del sector privado tuvo un contrapunto en el panel que cerró la jornada, con la participación de los expositores junto a representantes del Ministerio de Obras Públicas y del Gobierno Regional: la seremi Paula Guerrero y la administradora regional Rocío Díaz, respectivamente.
Desde el MOP, Guerrero destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos sectores, pero también puso el foco en la preparación de las iniciativas. “El modelo público-privado-academia es un tema que sigue existiendo desde hace muchos años, es lo que hay que trabajar directamente con el gobierno regional, directamente la cartera sectorial, que en este caso me corresponde como Ministerio de Obras Públicas. Creo que a veces no todo pasa por el tema de los recursos, pasa con tener carteras recomendadas técnicamente, pasa con tener un pool de iniciativas que nos permitan avanzar con mayor rapidez”, dijo la seremi.
Consultada por el rol que cumplirá la Corporación Regional de Infraestructura Habilitante para el Desarrollo de Atacama (COREIHD), entidad impulsada por el Gobierno Regional y el Consejo Regional de Atacama, Rocío Díaz informó que la iniciativa se encuentra actualmente en una fase de gobernanza y consultas públicas para constituir su modelo.
“Lo que queremos es llevar desde el diagnóstico a la acción, en poder generar proyectos estratégicos para el desarrollo productivo de la región de Atacama, principalmente en obras que habiliten ciertos sectores productivos, ya sea turismo, minería, logística, servicios, ciudades, porque requiere también que estemos pensando en cómo mejorar la competitividad de nuestras ciudades, que sean atractivas para atraer el talento, digamos, de afuera, pero también para quienes vivimos acá tengamos mejores ciudades”.
La discusión dejó así planteada una tensión que atraviesa buena parte del debate sobre el futuro de Atacama: cómo transformar un diagnóstico de brechas que requiere miles de millones de dólares en una cartera de proyectos capaz de ejecutarse, con una institucionalidad que coordine, un Estado que habilite y un sector privado dispuesto a invertir.