Gobierno prepara proyecto para crear agencia que administre y liquide los bienes del crimen organizado
El Gobierno prepara un proyecto para crear una agencia que permita administrar y liquidar con mayor rapidez los bienes incautados al crimen organizado, con el objetivo de destinar esos recursos al fortalecimiento de las instituciones que combaten el delito y a un fondo de reparación para las víctimas.
Mientras especialistas ven con buenos ojos la medida, el principal debate político está en que la norma no incluiría el levantamiento del secreto bancario.
El exfiscal Metropolitano Sur, Alejandro Peña, explicó que actualmente las incautaciones son realizadas por la Fiscalía con autorización de un juez de garantía y que, una vez dictada una sentencia condenatoria, el tribunal decreta el comiso de los bienes.
No obstante, advirtió que hoy no existe un organismo especializado encargado de ejecutar exclusivamente esas resoluciones.
En tanto, el experto en crimen organizado Carlos Collao respaldó la iniciativa y sostuvo que atacar el patrimonio de las organizaciones criminales es una herramienta clave para desarticularlas.
Respecto del secreto bancario, recordó que hoy sí puede levantarse con autorización judicial, aunque advirtió que cualquier cambio debe resguardar el uso adecuado de la información obtenida.
“Aquellas personas que son sentenciadas, identificadas y se establece que están vinculadas a un tema de narcotráfico, son ellos, son sus bienes los que deben ser congelados, y son ellos los que deberían justificar cómo compraron esos bienes”, apuntó.
Desde la oposición, en tanto, el senador socialista Juan Luis Castro cuestionó que el Gobierno descartara incorporar el levantamiento del secreto bancario en este proyecto.
A su juicio, si el objetivo es afectar el patrimonio del crimen organizado, también se debe facilitar el acceso a las cuentas y fortunas que sostienen estas estructuras delictuales.
“Si vamos a llegar a meternos en tomar el patrimonio, tomémoslo entero. Tomarlo entero significa también llegar antes y tocar las altas fortunas que están detrás de esos criminales de barrio, de los tiroteos”, postuló.
Mientras el Ejecutivo insiste en que ambas materias corresponden a proyectos distintos, el debate quedó instalado sobre si las nuevas herramientas para perseguir el patrimonio del crimen organizado deben incluir también un acceso más expedito a la información bancaria.