Clínica VenNorte: desbaratan millonario fraude a FONASA por más de $260 millones en Copiapó
La Fiscalía de Atacama y la Policía de Investigaciones desarticularon una organización criminal integrada por cuatro ciudadanos venezolanos, acusados de defraudar al Fondo Nacional de Salud mediante la facturación de prestaciones odontológicas que nunca fueron realizadas. Dos de los imputados quedaron en prisión preventiva mientras continúa la investigación.
Una investigación desarrollada por la Fiscalía Local de Copiapó junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones permitió desbaratar una organización criminal que operó durante cerca de tres años desde la Clínica Ven Norte, ubicada en el centro de Copiapó, defraudando al Fondo Nacional de Salud (FONASA) en aproximadamente 260 millones de pesos.
Las diligencias, que abarcan hechos ocurridos entre los años 2022 y 2025, se iniciaron tras una denuncia presentada por FONASA, a la que posteriormente se sumó la denuncia de un usuario, permitiendo descubrir un elaborado sistema mediante el cual se cobraban prestaciones odontológicas que nunca fueron realizadas.
El fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda, explicó que la investigación considera cuatro grupos de delitos: asociación ilícita, obtención fraudulenta de prestaciones estatales, lavado de activos y delitos vinculados a la creación fraudulenta de sociedades.
De acuerdo con los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, el fraude comenzó luego de que FONASA migrara desde el sistema documental al sistema electrónico para validar las prestaciones de salud.
Según explicó el persecutor, las personas acudían principalmente a la Clínica Ven Norte para realizarse exámenes radiológicos. Mientras esperaban ser atendidas, se les solicitaba colocar su huella digital, procedimiento que aparentemente correspondía al registro normal de la atención médica.
Sin embargo, esa validación era utilizada para generar bonos correspondientes a prestaciones odontológicas que nunca eran efectuadas.
«Las personas iban a realizarse un examen radiológico y durante ese transcurso los autores del delito aprovechaban para generar prestaciones que no fueron realizadas, permitiendo posteriormente el pago por parte de FONASA», explicó Miranda.
Este mecanismo permitió que el sistema público financiara tratamientos inexistentes, generando un perjuicio fiscal que actualmente asciende a cerca de 260 millones de pesos.
La investigación también permitió reconstruir el recorrido de parte de los recursos obtenidos ilícitamente.
El Ministerio Público estableció que los imputados realizaron envíos de dinero al extranjero por cerca de 30 millones de pesos, además de adquirir vehículos de media y alta gama y efectuar diversas transferencias entre las sociedades involucradas y sus representantes.
Según explicó el fiscal, el dinero era depositado inicialmente por FONASA a la persona jurídica, posteriormente era transferido a otra sociedad relacionada y finalmente distribuido entre los integrantes de la organización mediante múltiples movimientos bancarios.
Estos antecedentes fueron fundamentales para sustentar las imputaciones por lavado de activos.
Durante los casi tres años que duró la investigación, la Fiscalía trabajó coordinadamente con equipos especializados de la Policía de Investigaciones.
Las diligencias contemplaron análisis bancarios, revisión de dispositivos electrónicos, toma de declaraciones, levantamiento de fichas clínicas, incautación de documentación y diversas diligencias intrusivas en los centros médicos involucrados.
El trabajo policial permitió elaborar una serie de informes que acreditaron tanto la existencia del fraude como la participación de los imputados.
La jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Copiapó, subprefecta Cecilia Díaz, informó que la estructura criminal estaba conformada por cuatro ciudadanos venezolanos, tres hombres y una mujer, quienes cumplían distintos roles dentro de la operación ilícita.
«Gracias al trabajo investigativo desarrollado en conjunto con la Fiscalía se logró materializar las cuatro detenciones el día jueves. La organización operó durante casi tres años desde un centro médico ubicado en el centro de Copiapó y logró defraudar aproximadamente 260 millones de pesos», indicó la oficial.
La investigación permitió establecer la presunta participación de los imputados en delitos de fraude al Fisco, asociación ilícita, lavado de activos y otros ilícitos relacionados con la obtención fraudulenta de recursos públicos.
Tras la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Copiapó decretó un plazo de tres meses de investigación.
Los líderes de la organización, correspondientes a los propietarios y representantes legales de la empresa, quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, por estimarse que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
En tanto, respecto de una secretaria y un médico vinculados a la investigación, el tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional.
Los imputados tienen edades que fluctúan entre los 20 y 40 años.
Hasta ahora, la investigación ha permitido identificar alrededor de 30 víctimas, aunque tanto la Fiscalía como la PDI estiman que esa cifra podría aumentar a medida que avancen las diligencias.
El fiscal Luis Miranda explicó que existen tres grupos de afectados: menores de edad, adultos cuyos bonos fueron cobrados sin efectuar pago alguno y pacientes que sí realizaron un copago por prestaciones que nunca recibieron.
La subprefecta Cecilia Díaz indicó que cualquier persona que se haya atendido en la Clínica Ven Norte y tenga dudas respecto de posibles cobros irregulares puede revisar sus antecedentes en FONASA.
«Si una persona sospecha que pudo haber sido víctima de esta situación, debe consultar en el sistema de FONASA para verificar si registra prestaciones que no fueron realizadas. Esa información puede incorporarse a la investigación que continúa en desarrollo», señaló.
El Ministerio Público informó que durante los próximos tres meses continuará desarrollando diligencias junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos para determinar el universo total de víctimas, cuantificar con precisión el perjuicio económico ocasionado al Estado y establecer si existen nuevas personas involucradas en esta organización criminal.
El caso se perfila como uno de los fraudes más relevantes investigados en la Región de Atacama en materia de salud pública, tanto por el monto defraudado como por el sofisticado mecanismo utilizado para obtener recursos del Fondo Nacional de Salud mediante prestaciones médicas inexistentes.