Cámara aprueba acusación constitucional contra exministro Nicolás Grau y pasa al Senado

• La votación en la Cámara de Diputados terminó con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. Parlamentarios de Atacama entregaron sus opiniones sobre la acción que cuestiona al exministro de Hacienda por proyecciones fiscales y manejo de cifras durante su gestión.

Tras una extensa sesión en la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso, alrededor de las 16:30 horas se finalizó la votación que terminó por aprobar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. La AC fue presentada el lunes 8 de junio y fue impulsada por parlamentarios del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, con firmas de apoyo de diputados del Partido de la Gente (PDG), Renovación Nacional (RN) y el Partido Social Cristiano (PSC).

La acción en contra del exsecretario de Estado fue presentada por republicanos y libertarios y apunta a supuestas irregularidades en la gestión fiscal durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Aunque el Gobierno no ha dado señales claras de apoyo a la AC, libertarios, republicanos y la UDI han llevado con fuerza la acción. El Partido de la Gente, por otro lado, ha jugado un rol interesante: la diputada por la Región Metropolitana Zara Parisi aseguró que esta acción “es una pérdida de tiempo”, y que aunque votaría a favor (como efectivamente lo hizo), esperaba que el Senado la rechazara.

En cuanto a los parlamentarios por Atacama, los diputados Ignacio Urcullu (REP) y Paula Olmos (PDG) votaron a favor, mientras que Cristian Tapia (Ind-PPD), Juan Santana (PS) y Jaime Mulet (FREVS) votaron en contra, principalmente por las motivaciones detrás de la acusación, su impacto en las tramitaciones del Congreso y su uso como herramienta política, según lo que explicaron

En cuanto a las razones de sus votos, el diputado Santana apuntó a la relevancia de las indicaciones entregadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para el resultado final: “Esta acusación se aprobó por un margen estrecho, y no es casualidad, su sustento se cayó solo. El propio CFA, al que la acusación citaba como prueba, dijo que la inconsistencia que se le imputa a Grau no existe. Una acusación constitucional es un instrumento grave, se reserva para infracciones a la Constitución y a la ley, no para zanjar una diferencia de proyecciones fiscales. Por eso, desde el Partido Socialista esperamos que en el Senado prime la cordura, porque tal como está, esta acusación es injusta y sienta un precedente peligroso: transformar un desacuerdo técnico en un arma política”.

En tanto, el diputado Tapia criticó las prioridades establecidas por los parlamentarios y adelantó lo que podría ocurrir en la siguiente votación: “Anoche tuvimos un menor de 12 años muerto, estamos con problemas en salud, en seguridad, en educación, recortes de recursos y gran parte del Congreso se preocupó de que el ministro Grau se le castigara con una acusación constitucional. Yo creo que no va a pasar en el Senado, pues ha tenido postura más realista de lo que significa esta acusación, que no tiene ningún fundamento constitucional. No es que se haya perdido plata del Ministerio de Hacienda”.

En esa línea, el diputado Mulet también se refirió a las predicciones del exsecretario de Estado, y afirmó que “(en la votación) sostuve que acusar constitucionalmente a un ministro de Hacienda por sus proyecciones del desenvolvimiento económico del país y de la hacienda pública era una irresponsabilidad, porque eso es lo que hacen los ministros: hacen proyecciones de crecimiento, de endeudamiento, de déficit fiscal, pero hay una serie de factores que no controlan”.

“Esta acusación genera un precedente negativo creo yo por eso que he firmado el proyecto que busca establecer requisitos más elevados para presentar una acusación constitucional. Acusar a Grau es como acusar a Pedro Engel o a la Kenita Larraín por hacer sus predicciones en el mes de diciembre de cada año y que no se cumpla el año siguiente, son predicciones, propuestas. No más que eso. La economía no es una ciencia exacta. Es una ciencia social”, finalizó.

Si el libelo es aprobado en el Senado, el exministro Grau enfrentaría cinco años de inhabilitación en cargos públicos y no podría ejercer docencia en universidades del Estado durante ese periodo.