696 deudores CAE en Atacama: TGR confirma embargos y llama a regularizar situación

• El Gobierno ha defendido el cobro apelando a la necesidad de recuperar fondos públicos. Desde la Tesorería Regional aseguran que las medidas se aplican de forma progresiva y focalizada en mayores ingresos y que un embargo no se puede revertir salvo error o vicio legal.
• Este miércoles la Comisión de Ciencias de la Cámara rechazó la Ley Pago Justo del CAE, impulsada por parlamentarios de oposición que buscaba modificar el procedimiento de cobro de las deudas. En la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se aprobará o desechará la continuidad de la tramitación.

El cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) ya tiene efectos concretos en Atacama: 696 personas han sido demandadas por una deuda que supera los $5.500 millones, y la Tesorería General de la República (TGR) confirmó que ya se han ejecutado embargos en la región.

Contrario a la promesa de condonación del gobierno de Gabriel Boric, el presidente Kast y el ministro Quiroz han impulsado una agresiva política de persecución de más de 1.280.000 deudores del CAE, entre ellos 693.710 morosos, con el fin de realizar el cobro de una deuda total que alcanza los 4 billones de pesos.

De acuerdo al comunicado emitido el 8 de junio por la Tesorería General de la República, más de 1.500 personas habían sido embargadas a nivel nacional, lo que corresponde a cerca de un 5% del total de los casos regularizados mediante convenios. Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirmó que las libretas de ahorro para la vivienda de BancoEstado no son embargables por deudas de CAE.

La institución ha concentrado los embargos de cuentas bancarias en personas con ingresos mensuales iguales o superiores a $3,5 millones, basándose en las declaraciones de impuestos de 2025 y 2026. Respecto al uso inicial de datos tributarios de 2025, cuestionados por no reflejar la situación económica actual, Malhue asegura que “no se perjudicó a nadie en ese contexto puntual, hemos sido muy cuidadosos en respetar los tramos planteados”, y agrega que el proceso contempla una notificación y demanda previa, dejando el embargo como última instancia.

En ese sentido, el tesorero regional explica que los deudores pueden establecer ciertos convenios de pago: “Se determinó que quienes tienen ingresos superiores a 5 millones de pesos mensuales no tienen derecho a convenio, pero todos los demás con rentas inferiores sí pueden negociar para pagar su deuda”.

Una vez ejecutado un embargo, las opciones de revertirlo son limitadas. “Solo podría dejarse sin efecto si existe un error, inconsistencia o vicio legal; de lo contrario, el deudor debe recurrir a tribunales”, explica Malhue, apuntando a la Corte de Apelaciones de Copiapó como instancia correspondiente.

Desde el Gobierno, el presidente Kast se refirió a los cobros en la presentación y firma de indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal de este lunes: “Nosotros no buscamos perseguir a nadie, pero sí queremos que cada uno se haga responsable de sus actos”. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz por su parte, apuntó más hacia la responsabilidad individual que a la política de Estado, con un mensaje desalentador: “Hago un llamado a esos alumnos a que miren en qué están, que tengan cuidado de endeudarse para estudiar carreras donde a lo mejor hay menos futuro”. Parlamentarios de oposición acusan «vaciamientos de cuentas» e ingresaron el proyecto de ley Sueldo Protegido.

A la fecha, el debate continúa abierto. Desde la TGR el llamado a las personas que mantienen deudas asociadas al CAE es a informarse y regularizar su situación a la brevedad en tgr.cl/cae o en cualquiera de las oficinas regionales y provinciales del país.