Justicia sobreseyó a exseremi del Minvu Atacama, Rocío Díaz, por caso Fundación Comprometidos
- La investigación que durante tres años mantuvo a la exseremi de Vivienda de Atacama vinculada al Caso Convenios llegó a su fin. El Tribunal de Garantía acogió el sobreseimiento definitivo en la causa relacionada con el convenio para el abastecimiento de agua en campamentos de Copiapó. Según la resolución, los hechos investigados no constituyen delito.
- Hoy, desde su cargo como Administradora Regional, Díaz aborda el impacto del proceso, defiende las decisiones adoptadas en 2022 y 2023 y reflexiona sobre los desafíos de la gestión pública. “Siempre actué con probidad”, asegura.
En 2022 la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Atacama firmó un convenio con la Fundación Comprometidos por cerca de $128 millones para abastecer de agua potable a campamentos en Copiapó, lo que terminó con un sumario administrativo y una investigación judicial en el marco del denominado Caso Convenios en contra de Rocío Díaz, en ese entonces seremi del Minvu.
Después de tres años, la Fiscalía de Atacama cerró definitivamente la investigación penal luego de que el Ministerio Público y el Tribunal de Garantía resolvieron sobreseer definitivamente a la exautoridad.
“Este sobreseimiento que propone la misma Fiscalía deja mucha tranquilidad, porque no es por una prescripción de la acción o por una falta de investigación, sino que efectivamente no hubo delito en mi actuar como autoridad pública. Estoy tranquila y agradezco el apoyo de muchas personas durante este tiempo”, señaló Díaz en relación a la causa desencadenada luego de la transferencia de fondos realizada en el marco del programa Asentamientos Precarios en Copiapó.
El origen del caso
El convenio se comenzó a investigar en 2023, cuando el Caso Convenios se expandió a distintas regiones del país. En Atacama, la investigación se enfocó, entre otros, en la transferencia de recursos a la Fundación Comprometidos para la distribución de agua en campamentos de Copiapó. Los cuestionamientos apuntaron a la experiencia de la entidad, sus giros registrados y la forma en que se concretó la asignación directa de recursos, antecedentes que derivaron en una investigación penal y un sumario administrativo instruido por el propio Minvu, con fin de remitir los antecedentes a la Contraloría Regional.
Frente a los cuestionamientos por los giros, Rocío Díaz sostiene que “lo que se revisó por parte del equipo fue que la fundación había agregado a su giro el año 2020 muchas acciones, y una de ellas aparecía como ‘innovación social’, y por lo tanto, en este caso que era un piloto, se alineaba perfectamente con lo que se planteaba en los estatutos de la fundación”.
De acuerdo con antecedentes entregados por el propio Minvu, el convenio se suscribió en un contexto de urgencia ante el inminente término del acuerdo previo con la Fundación Techo y la imposibilidad del municipio de Copiapó de asumir la distribución de agua mediante camiones aljibe.
“Estábamos en un escenario complejo en que las familias se iban a quedar sin el suministro de agua en un corto plazo. Por lo tanto, lo que se hace es una decisión de política pública para buscar una fundación que pudiera aportar de manera urgente con esta entrega”, explica Díaz.
La exseremi agrega que el convenio fue planteado como parte del Plan Piloto de Gobernanza y Habitabilidad Primaria, orientado a dar continuidad al suministro en un período de transición, que consideraba, incluso, un sistema de copago por parte de las familias beneficiadas.
En paralelo, el caso se insertó en el debate nacional sobre los mecanismos de transferencia de recursos a fundaciones, especialmente en ausencia de procedimientos claros para su asignación y control.
“La transferencia de recursos a fundaciones se había realizado durante años, de hecho, la Ley de Presupuestos las consideraba. ¿Cuál era el gran tema pendiente? Que no existían manuales de procedimientos para determinar condiciones, garantías o plazos”, reconoció Díaz, apuntando a una debilidad estructural del sistema.
“No hubo delito”
Tras tres años de investigación, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo, cerrando la causa. “Con este sobreseimiento tengo la sensación de alivio, de que esta verdad que comenté desde un inicio queda a la luz”, afirmó Díaz.
Además, sostiene que el proceso tuvo un componente externo, a propósito del mencionado Caso Convenios: “Hubo un aprovechamiento político desde un inicio. Se hace una denuncia y al día siguiente estoy en calidad de imputada. Me pregunto si hubo antecedentes suficientes para eso”.
Hoy, desde su rol como administradora regional, Díaz proyecta su experiencia en la gestión pública con una mirada enfocada en fortalecer la institucionalidad pública. “El sistema debería proteger de mejor manera a los funcionarios que trabajan de manera proba. Ahora estoy en otra labor en el Gobierno Regional, pero con la misma convicción y principios de siempre, trabajando por el desarrollo de Atacama y abordando las desigualdades en nuestra comunidad”, concluye.