Controversia por supuesta devolución de $9.400 millones en educación en Vallenar reabre debate político y administrativo
Una nueva controversia política y administrativa se instaló en la comuna de Vallenar luego de que se conociera una sentencia judicial relacionada con la devolución de recursos provenientes de subvenciones educacionales. El monto en cuestión asciende a $9.400 millones, situación que ha generado declaraciones cruzadas entre autoridades actuales y ex autoridades del municipio.
La situación se remonta a la Resolución Exenta N°553 del 25 de agosto de 2022, dictada por la Superintendencia de Educación. Dicho documento estableció las instrucciones para determinar los saldos finales de subvenciones u otros aportes destinados a fines educativos, en el contexto del traspaso de la administración de establecimientos educacionales a los Servicios Locales de Educación Pública, conforme a lo dispuesto en la Ley N°21.040, que creó el nuevo sistema de educación pública.
Para ejecutar este proceso, la Superintendencia habilitó una plataforma digital destinada a los ex sostenedores municipales que habían sido traspasados al sistema de educación pública en 2018. A través de esta herramienta, se otorgó una última instancia para rectificar rendiciones de cuentas correspondientes al periodo 2008–2018, proceso que fue informado a los municipios mediante el Ordinario N°1011 del 25 de agosto de 2022.
Una vez concluido el proceso de revisión y corrección de antecedentes, la Superintendencia notificó mediante carta certificada a la Ilustre Municipalidad de Vallenar la Resolución Exenta N°469 del 20 de octubre de 2023, documento que determinó los saldos finales de subvención que el municipio debía restituir.
Dentro del plazo establecido por la Ley N°19.880, que regula los procedimientos administrativos del Estado, el municipio de Vallenar presentó un recurso de reposición y un recurso de revisión en contra de la resolución que fijó los montos a pagar.
Sin embargo, ambos intentos fueron rechazados. La reposición fue desestimada y el recurso de revisión declarado improcedente mediante la Resolución Exenta N°539 del 1 de diciembre de 2023, firmada por el Superintendente de Educación.
Con este escenario administrativo agotado, el caso avanzó hacia la vía judicial para el cobro de los recursos.
La controversia resurgió luego de que el Juzgado de Letras de Copiapó emitiera una sentencia que ratifica el cobro de los recursos al municipio de Vallenar. El fallo fue comentado públicamente por autoridades locales y generó un debate político sobre las responsabilidades administrativas del caso.
El diputado por la Región de Atacama, Cristian Tapia, difundió un video público en el que abordó la situación y rechazó las acusaciones que lo vinculan con la falta de rendición de los recursos.
Según el parlamentario, el problema se originó cuando la Superintendencia solicitó en 2022 que los municipios de la provincia del Huasco —Huasco, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen— completaran o rectificaran rendiciones de cuentas pendientes.
Tapia aseguró que, en el caso de Vallenar, el entonces alcalde Armando Flores debía realizar ese proceso, pero que, según su versión, no se habrían presentado los antecedentes solicitados.
“El responsable de que no se rindiera como correspondía es el exalcalde Armando Flores. La sentencia lo señala claramente”, afirmó el diputado.
Asimismo, sostuvo que el fallo conocido corresponde solo a una primera instancia judicial y que aún existen vías de apelación.
El diputado también aseguró que, durante la actual administración municipal encabezada por Víctor Isla, se habrían reunido documentos, facturas y antecedentes para justificar más de $8.400 millones en gastos educativos.
No obstante, explicó que esos antecedentes no pudieron ser incorporados en el proceso judicial, ya que el plazo administrativo para rendirlos habría expirado en 2023.
“Cuando se intentó ingresar la documentación, el tribunal señaló que el plazo ya había vencido y que esos antecedentes debieron presentarse antes”, explicó.
Tapia también respondió a declaraciones del exalcalde Flores, quien habría planteado públicamente la existencia de facturas adulteradas, gastos inflados o personal que habría recibido pagos sin cumplir funciones.
El parlamentario rechazó dichas acusaciones y afirmó que la sentencia judicial no menciona irregularidades de ese tipo.
“En esta resolución no aparece nada sobre facturas adulteradas ni personal fantasma”, sostuvo.
Además, aseguró que su nombre no aparece mencionado en la sentencia, mientras que sí se identifica al exalcalde Flores en el proceso.
Finalmente, el diputado llamó a la comunidad de Vallenar a mantener la tranquilidad y sostuvo que, si se logra presentar correctamente la documentación en las instancias judiciales pendientes, el municipio no tendría que devolver los recursos.
Tapia también recordó que una auditoría externa encargada durante la administración de Armando Flores habría concluido que no existieron pérdidas de recursos municipales en áreas como salud o educación.
“Si esos nueve mil millones hubiesen desaparecido, significaría que durante diez meses no se habrían pagado sueldos a profesores ni asistentes de la educación, lo que nunca ocurrió”, señaló.
Con recursos judiciales aún posibles y una disputa política instalada, el caso de los $9.400 millones en subvenciones educativas en Vallenar sigue en desarrollo. Mientras la justicia define los próximos pasos del proceso, la discusión pública continúa centrada en las responsabilidades administrativas y políticas por la falta de rendiciones dentro de los plazos establecidos.