Columna de Opinión: «De la riqueza minera a la deuda en seguridad laboral»

Por Pablo Zenteno Muñoz, Abogado Laboralista.

Ex Director Nacional del Trabajo.

Ex Seremi del Trabajo Atacama.

Atacama es una región forjada en la dureza del desierto y en la historia de la minería. Desde los albores del siglo XIX, con los yacimientos de plata de Chañarcillo y Tres Puntas, hasta la expansión del cobre, el hierro y el oro, esta tierra ha sostenido gran parte del desarrollo económico de Chile. Sin embargo, bajo esa imagen de prosperidad y esfuerzo, también se esconde una larga historia de sacrificio humano, precariedad y riesgos laborales que han marcado a generaciones de trabajadores. La minería ha sido motor de progreso, pero también espejo de desigualdades y carencias estructurales en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Episodios trágicos, visibles y silenciosos, han revelado una constante: la vida de los trabajadores sigue expuesta a condiciones que muchas veces podrían prevenirse. En ese contexto, los avances normativos y las políticas públicas en seguridad laboral no han logrado equilibrar del todo la balanza entre productividad y protección de la vida.

En 2011, Chile ratificó el Convenio 187 de la OIT, que obligó a diseñar una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con pertinencia territorial. Años después, en 2023, se ratificó el Convenio 176, referido específicamente a la seguridad en las minas. A nivel interno, se aprobaron reformas significativas: el artículo 184 bis del Código del Trabajo (Ley 21.012, 2017), que consagra el derecho de los trabajadores a paralizar sus funciones frente a un riesgo inminente; la Ley 20.949 (2016), que redujo el peso máximo de los sacos a 25 kilos; y la Ley 21.054 (2017), que eliminó la histórica distinción entre obreros y empleados en la cobertura de accidentes y enfermedades profesionales, correspondiéndome respecto de éstas últimas, la implementación como seremi del trabajo y previsión social en Atacama.

Estos hitos ampliaron derechos, pero no han sido suficientes. Las cifras de accidentes fatales en la minería y en otros rubros siguen siendo preocupantes, recordándonos que la existencia de leyes no garantiza su cumplimiento. La pandemia detuvo parte de los avances y visibilizó nuevos riesgos, como los vinculados a la salud mental y a la precarización del trabajo en contextos de crisis.

Hoy Chile no carece de normas. Lo que falta es músculo institucional para hacerlas cumplir: la Dirección del Trabajo, Sernageomin y otros organismos fiscalizadores siguen contando con recursos insuficientes y dotaciones mínimas. Tampoco basta con fortalecer la fiscalización si las empresas no asumen un compromiso real en materia de prevención y respeto de los derechos laborales. La seguridad laboral no puede ser vista como un costo, sino como una inversión en dignidad y vida.

El desafío es claro: dotar de mayores recursos a las instituciones fiscalizadoras, fortalecer el derecho a indemnidad para proteger a quienes denuncian riesgos, y ampliar la aplicación del artículo 184 bis a los sindicatos, de manera que la defensa de la vida no recaiga solo en decisiones individuales.

La minería ha sido el corazón de Atacama y de Chile. Pero su verdadero valor no se mide solo en toneladas extraídas ni en divisas generadas, sino en la capacidad de construir un sistema laboral que ponga la vida humana al centro. Ese es el verdadero homenaje que debemos a quienes, día a día, bajan a la tierra o suben al cerro para sostener el desarrollo del país: que ningún trabajador ni trabajadora deba jugarse la vida para llevar el sustento a su hogar.