COLUMNA DE OPINION:Celebrar los anuncios y no los resultados, la práctica mediática de las fiscalías.
La Fiscalía ha protagonizado algunos de los procesos judiciales más mediáticos y políticamente sensibles de los últimos años. Figuras emblemáticas de la izquierda chilena, como Irací Hassler, Daniel Jadue y Karol Cariola, han sido blanco de investigaciones penales con amplio despliegue público. Sin embargo, la mayoría de estos casos han terminado de la misma manera: sin juicio, sin condena, sin que se logre acreditar un delito ante los tribunales. ¿Estamos ante un Ministerio Público que investiga con autonomía o frente a un modelo de justicia que opera más por presión mediática que por pruebas concretas?
El caso de Irací Hassler es ilustrativo. La exalcaldesa de Santiago fue formalmente imputada por fraude al fisco tras la polémica compra de la ex Clínica Sierra Bella, por un monto cercano a los $8 mil millones, cifra muy superior a su valor real. La Contraloría General cuestionó la operación y ordenó su paralización, mientras la Fiscalía avanzaba con diligencias y declaraciones, incluyendo la de la propia Hassler, quien atribuyó la responsabilidad a sus funcionarios de confianza. La historia tuvo un giro decisivo el 26 de mayo de este año, cuando el fiscal regional Patricio Cooper cerró la investigación sin perseverar, al no contar con antecedentes suficientes. El 30 de julio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo. No hubo delito, según la justicia.
Pero el daño político ya estaba hecho. La exalcaldesa perdió la reelección ante Mario Desbordes.
Un caso aún más delicado es el del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Formalizado en junio de 2024 por múltiples cargos, entre ellos, cohecho, estafa y administración desleal, permanece desde entonces cumpliendo arresto domiciliario total, tras haber pasado 91 días en prisión preventiva. La acusación formal aún no se presenta. Mientras la Fiscalía Centro Norte prolonga su investigación, la defensa de Jadue insiste en que el caso tiene motivaciones políticas, especialmente en un año electoral donde su nombre suena como posible candidato presidencial. La prisión preventiva, que debería ser excepcional, termina funcionando como una condena anticipada sin juicio ni sentencia.
La diputada Karol Cariola vivió una situación aún más cuestionable desde el punto de vista procedimental. En marzo de este año, su casa fue allanada por la Policía de Investigaciones en el marco del Caso Sierra Bella, mientras ella se encontraba en su postnatal. Su teléfono y computador fueron incautados con el argumento de obtener evidencia antes de que Hassler pudiera acceder a ciertos documentos. Sin embargo, la Fiscalía cerró también este caso el 26 de mayo, al determinar que no había pruebas suficientes para sostener la existencia de un delito. La imagen pública de la parlamentaria ya había sido expuesta, su privacidad vulnerada y su fuero parlamentario tensionado. Todo sin resultado judicial alguno.
Tres investigaciones, tres figuras políticas del mismo sector, tres procesos liderados por el fiscal Patricio Cooper, y el mismo desenlace: cero condenas. La pregunta no es solo por la inocencia o culpabilidad de los investigados, sino por la lógica de una persecución penal que parece instalar el castigo en la sospecha, y no en la demostración de responsabilidad.
La Fiscalía tiene el mandato constitucional de investigar delitos con objetividad y respeto por el debido proceso. Pero cuando los anuncios de formalización se vuelven espectáculo, cuando las medidas cautelares se prolongan sin avances, y cuando las investigaciones se archivan sin pruebas, lo que queda es una sensación de instrumentalización del sistema penal, de justicia convertida en campo de batalla política.
¿Quién repara el daño a la imagen pública? ¿Quién responde por las trayectorias truncadas o la desconfianza sembrada? La presunción de inocencia no puede ser solo una garantía formal. Debe ser también un principio ético y un límite institucional para quienes tienen el poder de acusar sin lograr probar.
Esperamos ansiosos ver los resultados tras los pomposos anuncios de investigaciones, solicitudes de desafuero y rimbombantes titulares de los delitos que se anuncia perseguir, pero que pocas veces resultan en condenas, al menos en la arista política.