La representante de Educación en la región, Yoris Rojas Vlastelica, junto a la jefa Regional de Subvenciones, Marggie Muñoz Verón, realizaron una inspección en terreno a la escuela Bernardo O´Higgins de la comuna de Copiapó. En la oportunidad, las autoridades revisaron la infraestructura, baños, la existencia de señalética, extintores, barandas, la demarcación de zonas de seguridad, el estado del mobiliario, ventanas, y también aspectos administrativos como los certificados de título de los profesores, el correcto registro de asistencia a clases y la inclusión en el reglamento interno del establecimiento de un procedimiento claro ante casos de maltrato escolar o bullying.
“Vinimos a fiscalizar la escuela Bernardo O´Higgins y quiero informar que el establecimiento ha cumplido con todas las exigencias que nosotros establecemos para estos procesos de fiscalización. Lo que queremos es mostrarle a la opinión pública cómo el ministerio de educación está fiscalizando los colegios de la región”, señaló la seremi de Educación.
Además, la representante de la cartera detalló el nuevo modelo de fiscalización que comenzó a implementarse desde este año y que pretende avanzar en el aseguramiento para que los profesores y los niños cuenten con las condiciones óptimas para desarrollarse.
Los establecimientos “riesgosos”, que en la región son 24, recibirán el doble de inspecciones, en el caso de Atacama son 5 visitas. “Para darles una idea, estos establecimientos condicionales recibirán al menos cinco visitas este año, de forma tal de darles una oportunidad para que vayan satisfaciendo los estándares que nosotros exigimos y si no lo hacen van a recibir multas e incluso pueden sufrir la revocación del reconocimiento oficial”, afirmó la seremi.
Por su parte, la Jefa regional de Subvenciones comentó cuáles eran las observaciones más comunes, “Las infracciones más recurrentes dicen relación con dos ámbitos, uno que tiene que ver con los registros administrativos que son los libros de clases, y los registros de matrícula y los ámbitos de infraestructura, nos encontrarnos generalmente con baños que no cumplen la normativa, es básico que los niños estén en un ambiente adecuado, donde puedan desarrollar sus estudios”.
También explicó el proceso de inspección, “Nosotros después de realizar una inspección emitimos un acta y si las anomalías incumplen la normativa pasan a un proceso administrativo el que es resuelto hoy día en 45 días hábiles cuando es un proceso complicado y en 7 días hábiles cuando es más sencillo, en este sentido hemos avanzado sosteniblemente porque los proceso en el año 2009 se demoraban para ser resueltos y sancionados alrededor de 6 meses o 1 año”.
Añadió además, “las sanciones cuando es un proceso complicado van desde 15% de USE (Unidad de Subvención Escolar, que equivale a $19.100,74) por alumno matriculado y puede terminar con la revocación del reconocimiento oficial en los casos graves”.
